La legitimidad de okupar

Esta noche de reyes ha sido muy especial para 11 familias que hoy, y esperemos que para siempre, van a dormir bajo techo. Esto no ha sido gracias a que el Estado, ni ninguna autoridad pública, les hayan dado una vivienda de protección oficial, ni nada parecido. Ha sido gracias al trabajo de las propias familias junto con la obra social de los barrios de Madrid, que se enmarca dentro de la obra social de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). La tarde del 5 de enero se hacía público que este colectivo liberaba un edificio para que en él habiten 11 familias que, de otra forma, estarían en la calle. Dicho inmueble es propiedad de la entidad CaixaBank, y llevaba vacío algo más de dos años. Ahora solicitarán a la entidad bancaria un alquiler social de esas viviendas; alquiler cuyo importe sea un porcentaje nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar y que, en caso de no tener ingresos, sea un precio testimonial. Si CaixaBank no acepta esta petición, comenzará un proceso judicial en el cual estas familias serán tratadas como delincuentes por “usurpar” una propiedad ajena.

Aquí es donde se encuentra la disyuntiva, la necesidad de una vivienda frente a la propiedad privada. La cuestión es si la banca tiene legitimidad para mantener vacías miles de viviendas mientras hay otras tantas familias que están viviendo en la calle. El proceso por el cual los bancos han obtenido ese gran parque inmobiliario es bien conocido; los excesos de bancos y grandes empresas, bajo la mirada permisiva de los gobiernos, provocan la crisis. Como consecuencia, miles de familias se quedan sin trabajo y dejan de poder hacer frente a las hipotecas que esos mismos bancos y gobiernos les animaban a solicitar. Luego, por medio de leyes dictadas para satisfacer al poder financiero, estas familias eran desahuciadas, debiéndole aun el dinero al banco. Mientras tanto el Estado, con el dinero de los ciudadanos, salía presto a rescatar a los bancos a costa de recortar en gasto social.

Que los bancos posean todas estas viviendas es algo que está perfectamente de acuerdo con la ley. La ley no es algo universal ni imperecedero, es sólo un papel redactado generalmente por unos pocos, que suelen ser los que detentan el poder. Sin embargo, aunque sea legal que la banca posea este parque inmobiliario, debemos entender, sobre todo la clase trabajadora, que en ningún caso es legítimo. Y no lo es sencillamente porque no hemos sido los ciudadanos, de forma democrática, los que hemos establecido las reglas de este juego en el cual la banca gana. No hemos elegido ningún programa electoral que hablase de rescates bancarios o leyes hipotecarias. Nuestros representantes, cómplices del poder financiero, se preocupan mucho de ocultar a sus representados como funciona este sistema en el cual los bancos nunca pierden y los trabajadores nunca ganan. No puede ser legítima una situación en la cual unos pocos privilegiados poseen prácticamente la totalidad de un recurso de primera necesidad.

Por eso este edificio se ha okupado de forma publica, porque un banco no tiene legitimidad para tener casas vacías mientras haya familias viviendo en la calle. Es más importante el uso que estas familias van a dar a las viviendas que el hecho de que éstas sean propiedad del banco, aunque la ley diga otra cosa. Los trabajadores debemos entender que acciones como la de ayer no sólo son legítimas, sino que son necesarias, pues no podemos permanecer impasibles ante este ataque que sufrimos a manos de bancos y grandes empresas. Y es que cuando los poderes públicos dan la espalda a los problemas de la ciudadanía, deben ser los ciudadanos, organizados, los que contesten. Con el fin de dar esa respuesta colectiva se formaron los grupos de vivienda de los barrios (como la Asamblea de Vivienda Centro), gracias a los cuales ha sido posible que estas 11 familias tengan un futuro, en lugar de verse abocadas a la exclusión social.