La transferencia de armas realizadas por los expresidentes de Argentina y de Ecuador (Macri y Moreno) al régimen golpista de Bolivia se desarrollaron en concordancia con la política injerencista de Washington contra el gobierno de Evo Morales.
Una parte de los pertrechos enviados a Bolivia por Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron utilizados por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en las represiones que se sucedieron en Cochabamba y La Paz. Su jefe, Jorge Terceros Lara –el mismo que agradeció la donación de las 40.000 proyectiles al embajador argentino en La Paz– tuvo a su cargo, por orden de Jeanine Áñez, el operativo que produjo las masacres del 15 noviembre de 2019, en Sacaba, y del 19 de ese mismo mes, en Senkata. En ambos sucesos fueron acribilladas un total de 27 personas y hubo cientos de personas heridas..
Según funcionarios del Ministerio de Justicia boliviano, en los informes de las autopsias efectuadas sobre los cuerpos de varios de los 27 fallecidos existen evidencias de la presencia de postas idénticas a las encontradas en la última semana en los depósitos de la policía en La Paz. El devoto aporte de Macri a la asonada cívico-militar fue utilizado para asesinar a ciudadanos indefensos que se oponían en las calles a la represión estatal.
Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Argentina informó oficialmente que los 70.000 cartuchos antidisturbios enviados a La Paz [en adición a los 40.000] nunca fueron declarados, lo cual complica la situación procesal del ex Presidente, de Patricia Bullrich y de Oscar Aguad, entre otros. Las balas de goma salieron de forma ilegal de la Argentina e ingresaron de igual forma a Bolivia.
Triangulación con EEUU
Una parte de esa donación clandestina fue encontrada en los depósitos de la Policía Nacional de Bolivia: 26.900 cartuchos de perdigón de goma, unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4 y diversos tipos de granadas de gas. El actual embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, informó que junto a los envíos argentinos se encontraron “granadas de gases de EEUU (…) Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió la Argentina (…) Si existió una triangulación con EEUU, me sorprendería más por lo arriesgada e impune que podría ser una acción como esta”.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, exhibió el último lunes los pertrechos encontrados y calificó el hallazgo como un “tráfico ilícito de municiones” que se encuentra tipificado con una pena de prisión de hasta 30 años. Junto a los bultos rotulados con el sello de la Gendarmería Argentina se inventariaron chalecos antibalas, un fusil Colt M4, varias escopetas Franchi Spas 15 calibre 12/70, un sub fusil Misión ametralladora MACAL, 2459 cartuchos calibre 9 mm y 750 bultos de cartuchos. Hasta el último viernes se desconocía la procedencia de estos pertrechos, aunque la proximidad con la donación argentina generó sospechas entre las autoridades.
El martes 20 el viceministro del Interior del Estado Plurinacional de Bolivia, Nelson Cox, aseguró, junto a la Procuraduría General del Estado (PGE), que se iniciarán los procesos penales en el exterior contra “altas autoridades” de otros países y funcionarios de organismos internacionales “por su participación en el golpe de Estado de 2019”. Según el embajador boliviano en la ONU, Diego Pary, “los gobiernos de la Argentina, Ecuador y Colombia fueron actores en el golpe de Estado”.
El contrabando se suma a los actos delictivos del ex ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Carlos Murillo, quien permanece detenido en Miami acusado de soborno y lavado de dinero. Murillo recibió un soborno de 602.000 dólares luego de tramitar la adquisición de gases lacrimógenos y otros implementos de seguridad –por un total de 5,6 millones– para incrementar las capacidades represivas del régimen.
En forma paralela, la máxima autoridad de la Policía Nacional de Ecuador confirmó la "cesión" de armamento "no letal" al régimen de Bolivia, para que pueda disponer de los mismos durante las protestas de noviembre de 2019. Con la anuencia explícita de la embajada de EEUU en la Paz, Lenin Moreno envió 5.000 granadas y 2.000 proyectiles de largo alcance. A raíz de esta dádiva bélica, Fausto Jarrín –legislador opositor al gobierno de Guillermo Lasso– presentó una denuncia contra el exmandatario Moreno ante la Fiscalía General.
El aval del norte
Las transferencias bélicas sólo son comprensibles por las acciones desarrolladas por Washington en el Estado Plurinacional:
La investigadora Loreta Tellería Escobar describe en forma pormenorizada el modelo injerencista utilizado en las últimas dos décadas por Washington. Lo denomina Diplomacia de la Intervención (DI) y consiste en “el uso de mecanismos de presión o coacción, con el fin de cumplir objetivos exclusivos del país que los aplica, en detrimento de la soberanía del país receptor (…) Las habilidades de los embajadores o embajadoras y demás personal diplomático, están formadas y forjadas para intervenir, controlar y dirigir a un determinado país de acuerdo a los intereses del gobierno de EEUU”.
Semanas antes de la asunción de Evo Morales en 2006, el embajador de EEUU en Bolivia, David Greenlee, transmitía un cable confidencial a Washington, filtrado por WikiLeaks, en el que señalaba: “Tratar con el gobierno del MAS requerirá una cuidadosa aplicación de premios y castigos para fomentar buenos comportamientos / buenas políticas y desalentar las malas”.
CLAE / La Haine