|
Policías con una ayudita de los jueces amigos
A los jueces les gusta decir que ellos “hablan por sus sentencias” para diferenciarse de los que simplemente expresamos nuestras opiniones. Esta semana, la jueza Wilma López, titular del juzgado de instrucción nº 38, no se guardó nada en un fallo que deja al descubierto la forma en que “dicen en derecho” cuando al que tienen que juzgar lleva el uniforme del estado.
El 12 de marzo de 2013, en pleno conflicto de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín, el ministro de cultura de la CABA, Hernán Lombardi, pidió como “muestra de buena voluntad” a la Asamblea que se levantara provisoriamente el acampe en la entrada del edificio de la calle Sarmiento, para permitir el ingreso de trabajadores, a cambio de retomar el diálogo reclamado por los compañeros. En lugar de eso, el gobierno de la Ciudad mandó a la policía Metropolitana a ocupar la plaza seca, lo que motivó que centenares de jóvenes se convocaran para defender la toma y recuperar el espacio. Por largas horas se resistió el embate policial, que se cobró cuatro pibes detenidos, muchos lesionados, y tres heridos con balas de plomo.
Los compañeros Germán de los Santos y Esteban Ruffa, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Mario Fumaroni, de la Biblioteca El Libro de la Esquina, fueron alcanzados por disparos con proyectiles letales en la esquina de Corrientes y Paraná. Los dos primeros, con apoyo de CORREPI COPODH y CADEP, promovieron querella contra los funcionarios del GCBA y su policía.
En poco más de un año, fue posible identificar a los jefes del operativo y a dos policías que usaron escopetas Mossberg 12/70 cargadas con cartuchos de guerra, con postas de plomo. También se pudo establecer que la policía federal, como en las represiones del Parque Indoamericano y el Hospital Borda, actuó en forma coordinada con la metropolitana, sirviendo de anillo de contención y facilitando el ataque.
Llegado el momento en que la fiscalía y la querella ampliamos la imputación al comisario de la 3ª y al Director de Operaciones de la PFA, y cuando está pendiente una pericia de gendarmería para precisar quiénes dispararon contra los compañeros, la jueza resolvió que la causa debe pasar al juzgado de Menores que instruye las actuaciones contra los cuatro chicos (uno de 17 años) que esa noche fueron detenidos y siguen acusados por el “combo manifestación” (atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones).
El planteo es bien transparente: la jueza, la misma que dividió la causa contra los asesinos de Mariano Ferreyra porque, para ella, no se podía mezclar la acusación contra Pedraza y la patota con las “pequeñas faltas” de los policías federales, porque no era “un mismo hecho”, ahora dice que la conducta policial al disparar balas de plomo contra periodistas y manifestantes debe analizarse “en conjunto con las agresiones que los funcionarios sufrieron”, porque se trata de “dos caras de una misma moneda”.
En la apelación que ya presentamos, le decimos a la jueza que, en Argentina, hace décadas que a su postura se la llama, en política, “teoría de los dos demonios”, y que su resolución es una clara muestra de cómo los jueces, cuando “hablan por sus sentencias”, dicen una cosa, o todo lo contrario, según lo que mejor les convenga para legitimar la represión y garantizar la impunidad de sus ejecutores.