|
Chile ha reinstalado el conflicto limítrofe con Argentina en un contexto de crisis
El presidente chileno Sebastián Piñera amplió por decreto el área marítima, cinco mil kilómetros al sudeste del Cabo de Hornos. Chile rechaza el nuevo mapa de Argentina con su plataforma continental extendida y hecha ley en agosto del año pasado, a través de la Ley nacional 27.557 y al respecto te quiero preguntar: ¿Qué dice el Tratado de paz y amistad de 1984?
Hay una cuestión concreta con respecto al límite en el extremo sur. En este caso hablamos de una frontera marítima en el pasaje de Drake, en el Cabo de Hornos. Hay un punto que se llama el punto F en la delimitación establecida en esa zona del extremo sur marítimo en el Tratado de paz y amistad firmado en 1984 que establece, en torno a unas coordenadas muy precisas, un límite hacia el oriente tomando en consideración los meridianos de soberanía marítima argentina y hacia el occidente de soberanía marítima chilena.
Lo que parece problemático y hasta insólito de este decreto que publica a fines de agosto el gobierno chileno y que dijo claramente la Cancillería, involucraría una vulneración de esa línea imaginaria entorno a los 67º 16´ que fue establecida en ese tratado que se llamaba punto F.
En torno a esto uno empezó a ver la vuelta a la consideración en la percepción geopolítica chilena de ciertas cuestiones que ya desde los tiempos de Pinochet se venían trabajando permanentemente.
Los chilenos venían trabajando mucho sobre la idea que desde la Argentina se estaban generando visiones distorsionadas sobre las cuestiones de los límites y su adecuada delimitación, y que había una cuestión propagandística continuamente y un accionar diplomático para generar equívocos o dudas sobre esto.
Esta es una cuestión que existe en la dinámica diplomática del debate geopolítico chileno y que cada tanto vuelve, sobre todo en época de crisis como la que está Chile desde hace un tiempo con Piñera yéndose del gobierno en el medio de una Asamblea Constituyente y una elección que se va a realizar en noviembre y este contexto ha sido utilizado para reinstalar una situación que en función de cómo se había resuelto el referéndum del Beagle y cómo se había determinado en torno a este famoso punto F los límites de cada país en el extremo marítimo sur se supone que no debiera haber razones para volver a exhumar un diferendo donde no lo hay.
Y esto implica, en caso que en Chile un gobierno futuro sea cual sea pretenda confirmarlo. En el Tratado de paz y amistad, como suele ocurrir en muchos tratados de límites, soluciones que no se llegan por la vía bilateral deberían concurrir por una de las partes a una instancia que esté tutelada en el tratado que es una instancia de arbitraje.
Ahora este reclamo chileno tal cual como está planteado, desde mi óptica no tiene ni pies ni cabeza con lo cual ni siquiera podría transitar una instancia de planteo en un contexto de arbitraje internacional.
Acá viene finalmente la cuestión que esto tiene que ver con el panorama de abierta conflictividad que estamos viviendo en todo el Atlántico sur, en cuya situación Gran Bretaña y la expansión de la Flota de mar de EEUU son actores fundamentales.
Y yo te agregaría la construcción del megapuerto en Malvinas.
Justamente, porque el megapuerto en Malvinas tiene que ver con el esquema de consolidación de una presencia naval recargada de los británicos que viene de la mano de una modificación del despliegue de su marina de guerra en distintos puntos calientes del mundo, básicamente puntos marítimos.
Y Malvinas con la presencia británica es una base de ocupación en nuestro territorio usurpado de la OTAN. Al aparecer de la mano de Chile este insólito reclamo yo lo leo indudablemente en función de esta estrategia de mayor agresividad de la presencia naval marítima británica y de cara a la situación de construcción de un polo logístico que permita acceder al sector antártico británico de un modo más eficiente y claro.
Porque lo de la estructura logística en Malvinas tiene que ver en parte con asegurar una proyección permanente y ahí también sabemos que la política antártica británica y la política antártica chilena, en los últimos años, han tratado de ir hacia miradas que han confluido en ciertas “preocupaciones comunes”.
Chilenos y argentinos sabemos que nuestro propio reclamo de sector antártico, que somos dos de los países que hemos hecho reserva de soberanía, el otro es Gran Bretaña, esas delimitaciones coinciden o se superponen con la propia delimitación invocada por los británicos.
Si los chilenos no comprenden que el modo de estructurar una visión común y diferente sobre esto es instalándonos en una política cooperativa y permanente con la Argentina en torno a la proyección hacia la Antártida, estamos complicados porque, sin hacer un análisis a medias tintas, nosotros somos de los tres actores centrales en este contexto; somos el país que no está en condiciones de parar un esquema de proyección, de vigilancia, de control, de acceso, que son variables centrales en lo que tiene que ver con la presencia marítima en el Atlántico sur en estas regiones.
Si formás sobre un punto como Punta Arenas, que es un punto logístico fundamental durante décadas para los chilenos donde ha desarrollado una presencia y una soberanía en sus regiones del extremo sur y lo ligás con el trabajo que ellos estuvieron haciendo en la parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego que es de soberanía chilena, y desde ahí construís otro punto imaginario que lleve al nuevo polo logístico que intentan encarar los británicos en nuestras Islas Malvinas, estás en una situación en que si avanzás hacia el norte en el Atlántico sur te vas a encontrar con otro gran polo portuario y logístico que es Montevideo en donde en los últimos años, así como ha pasado con Punta Arenas , Montevideo y Brasil también se han incorporado como áreas que son utilizadas por el despliegue logístico de los kelpers, o sea, los británicos en nuestro territorio usurpado.
Yo hago esta proyección a raíz de esta increíble decisión del gobierno chileno porque creo que esto tiene que ver con enrarecer el clima que estamos viviendo. Porque volviendo al principio de esta pregunta, para mí, e incluso para la gente especialista en Cancillería en la Dirección de límites y en el Area legal no tendría ninguna posibilidad de tener un trámite positivo esta delimitación que han hecho los chilenos en el extremo sur avanzando sobre nuestra propia línea y la que fue establecida como límite punto F en el Acuerdo de 1984.
Creo que esto tiene que ver con una combinación de un gobierno que está en salida, que quiere tirar en el escenario para enrarecerlo mucho más, un típico asunto que ha sido motivo en los últimas décadas de rispideces geopolíticas con la Argentina y nada menos en un contexto donde nosotros tenemos a Gran Bretaña con su nueva política marítima y naval y además teniendo la cobertura del gran patrón de la OTAN que es la gran fuerza naval extendida de los EEUU, y no solo a través de la Cuarta Flota.
Analizábamos en anteriores entrevistas el vencimiento de la concesión de la Hidrovía, ahora llamada Hidrovía navegable troncal y actualmente bajo control del Estado que parece que será por poco tiempo porque en un año abrirán una licitación. Y también vencen las concesiones en 24 meses de las energéticas hidroeléctricas, Piedra del Aguila y Alicurá, donde los operadores reclaman U$S 4.000 millones ante el CIADI por un presunto lucro cesante por intervención en el sistema de precios. Es un parque envejecido y en algún caso al borde de la obsolescencia que representa un 14 % de la matriz energética. ¿Qué opinión te merece esta situación, y la situación de la Hidrovía donde se vencen concesiones? En el caso de la Hhidrovía que es rentable abrieron una licitación. En el caso de los ferrocarriles de carga que no son rentables quedan en manos del Estado nacional y probablemente pase lo mismo en el caso de estas dos importantes represas hidroeléctricas.
Respecto del capítulo de las represas nosotros debiéramos en primer lugar plantear la necesidad respecto a todo el sector eléctrico en su inadecuado funcionamiento en todas estas décadas. Esos bienes que el Estado concesionó en los 90, particularmente los bienes hidroeléctricos son bienes construidos por la Nación Argentina durante décadas en distintas etapas, porque el desarrollo hidroeléctrico particularmente de la Argentina fue realizado desde el primer peronismo, pasando por gobiernos militares hasta los 70.
Es una infraestructura que ha sido construida por el Estado y que fue concesionada en muy buenas condiciones en los 90 y en esos momentos con condiciones de funcionamiento que eran muy significativos para los consorcios que tomaron el control de las hidroeléctricas.
El problema es que luego de casi 30 años vos tenés que rediscutir el rol de estas empresas en términos de la depreciación de la infraestructura instalada, los niveles de inversión que la concesión privada ha realizado, sobre lo cual los privados generalmente no hablan, y todo eso tiene que formar parte de una adecuada auditoría técnica, minuciosamente realizada, que es lo que nunca ha pasado en todo el sector energético y menos en el sector eléctrico.
Por otro lado estas empresas tienen en términos de sus costos de manejo y de operación y son de las unidades en la generación eléctrica, si se quiere las más eficientes en términos de la energía de base que todavía pueden garantizar en un mix bastante equilibrado, y en ese sentido siguen siendo una posibilidad de abastecimiento confiable junto con un mejor y más modernizado abastecimiento térmico y nuclear.
Hay que ver también el estado de la infraestructura, el estado de las turbinas, de las presas, de los diques, un montón de cuestiones que tiene que ver con infraestructura de ingeniería eléctrica e infraestructura de ingeniería civil. Acá el Estado no ha metido mano en casi tres décadas.
Ahí me preocupa todo este balance.
A mí también me preocupa que ya están reclamando U$S 4.000 millones.
Si nosotros hiciéramos un intento de comprender, uno podría decir ¿desde qué tiempo se está reclamando esto? Probablemente tengamos que irnos 20 años atrás en el contexto de lo que fue la salida de la convertibilidad y la fallida renegociación en los primeros tiempos del gobierno de transición de Duhalde y luego de Néstor Kirchner.
Desde la visión de las empresas hubo un supuesto “proceso de normalización” que fue el feroz ajuste del macrismo, en cuyo gobierno la situación del sector hidroeléctrico en sí planteado integralmente, no hubo en ningún momento la posibilidad de hacer un planteo no solo del estado de situación de las empresas, sino además otra cuestión que esta gente está haciendo estos reclamos insólitos en este contexto tampoco discuten seriamente.
En la Argentina tenemos que ver nosotros en función de cómo está avanzando la dinámica por un lado de la insuficiencia hídrica creciente en determinadas regiones del país. Nosotros sabemos que estamos sometidos a cambios muy importantes en la dinámica de las lluvias, en ríos de altura, estamos hablando de represas que están en ríos de altura, y también sabemos que las propias represas que están en ríos de llanuras, en el caso del noreste, están sometidas hoy a una situación inédita, por caso el Paraná con la peor sequía en 77 años.
¿Cuáles son los balances hidrometeorológicos sobre los cuales estamos trabajando en el cierre de una auditoria general y seria que tenemos que hacer sobre la situación de las hidroeléctricas?
Esto nos permitiría ver la sostenibilidad que podría tener el mantenimiento de proyectos hidroeléctricos de esta envergadura en situaciones que pueden estar sometidas a estrés hídrico creciente y además a mayor competitividad por usos distintos del agua.
Junto con esto en el Presupuesto para el año que viene se está volviendo a plantear un proyecto de vieja data que es la represa multipropósito Chihuido en Neuquén y uno se pregunta si estamos estudiando los balances hidrogeológicos de nuestros ríos.
Involucro una variable que tiene que ver con algo que es responsabilidad indelegable del Estado. Este reclamo insólito de las concesionarias, el complejo de los Nihuiles está en manos mayoritariamente del grupo Mindlin y lo cierto es que esto hay que ver las dinámicas con la cual están trabajando estos grupos empresariales de la energía, que están crecientemente influenciados por una dinámica financiera. Están los Mindlin, está el grupo EDEN (norte y centro de la provincia de Buenos Aires) que tienen presencia en distintos segmentos del sector eléctrico.
Y también Nicolás Caputo, el hermano de toda la vida del ex presidente Macri.
Además está Caputo con sus socios. Vos tenés en estos momentos que al igual que hablábamos antes de la situación de Chile respecto a la cuestión limítrofe, imaginate que es de ciencia ficción querer plantear en la perspectiva del vencimiento de alguna de las asociaciones hidroeléctricas un reclamo por lucro cesante por las administraciones pasadas que no tiene manera de sostenerse seriamente, donde han pasado por renegociaciones que han sido aceptadas.
Lo mismo que las condiciones de precios establecidas aun con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, en cuanto a las condiciones de remuneración por la potencia efectiva que le dan al sistema y por la cantidad de megavatios que pueden poner a disposición de la red.
Me parece que puede formar parte de una operación que grupos económicos y sectores individuales de grandes inversores en el sistema energético como Caputo, los Mindlin, Miguens, Reca, el grupo Pagani que tiene predominancia en la provincia de Buenos Aires, el grupo italiano que está detrás de Edesur, todo estos son sectores que en los últimos 25 años se han distribuido ganancias ante la mirada pasiva o cómplice del Estado y la verdad que esto puede ser parte de un sistema de presión en donde en los últimos meses nosotros podamos estar en una nueva situación de tensión vinculada con la cuestión tarifaria otra vez.
De cara al año que viene la podrían mover para volver a presionar como siempre lo hacen hacia un Estado debilitado que no es capaz de fiscalizar y controlar como ha pasado en la red navegable troncal.
Y ahora sabemos, como en todos los sectores públicos centrales, tenemos que ponernos a pensar cómo recuperamos fiscalización y control en el contexto actual de los negocios de estos grupos económicos, porque estos son esquemas de negocios muy cambiantes y están ligados a los contextos de asegurar rentabilidad en el menor tiempo posible.