Acoso contra el compañero condenado por los sucesos de la Huelga General del 14-N

Emitido el día 5 de noviembre de 2014, la ignominia institucional vuelve a dar una nueva muestra al compañero Peyo, juzgado y condenado durante los sucesos de la Huelga General del 14-N, de que está en el punto de mira de la Policía Nacional y la Delegación de Gobierno. Tal y como contamos en pasados artículos (véase aquí, aquí y aquí), tras una sentencia tan demoledora como inexplicable que condenaba a Peyo a un año de prisión y a costear una indemnización de 700 euros a un agente de policía, la Administración —a través del informe e investigación cursados por la Policía Nacional— vuelve a la carga acusándole de organizar y promover una concentración en la puerta de los Juzgados de Móstoles a través de las redes sociales. Por este terrible delito, parte de las leyes-mordaza que padecemos, la Delegación de Gobierno le impone una sanción de trescientos cincuenta euros.

El texto en el que la Delegación de Gobierno se ampara para multar a Peyo es revelador en lo relativo a la peligrosidad social que tienen nuestros activistas (puede verse en los documentos adjuntos):

Como bien sabéis algun@s, hace casi dos años fui detenido por participar en los piquetes informativos de Móstoles en la última huelga general del 14-N, y el próximo martes día 14 de octubre se celebrará mi juicio en los Juzgados de Móstoles (Parque Cuartel Huertas) a las 9.30h. (...) Os convoco como amig@s y como compañer@s a que acudáis, a que me apoyéis con vuestra presencia.

Texto en el que puede verse como, de una manera no exenta de ternura, esta persona convoca a sus amigos y compañeros para tener su apoyo en un momento en el que se siente desamparado ante la maquinaria del Poder Judicial.

Esto es lo que merece, según la Delegada de Gobierno y la diligente investigación de la Policía Nacional, una multa de trescientos cincuenta euros —cantidad que no será muy elevada para sus Bárcenas, Ratos, Granados y similares, pero que para un trabajador suponen una carga gravosa a más no poder.

Que la Delegación de Gobierno aproveche este texto para acusar a Peyo poco menos que de haber convocado a las masas a asaltar el Palacio de Invierno es una infamia propia de las más negras dictaduras y algo que no debería ocurrir en un Estado de Derecho. Voces de Pradillo comparte la indignación de ver cómo se castiga a un activista y se declara radicalmente en contra de este tipo de tropelías indignas de ocurrir en este lugar. Indignas de ocurrir en cualquier lugar.