|
Seguimos teniendo una enorme cantidad de personas muertas en lugares de detención
M.H.: En diciembre presentaron un nuevo informe de Correpi (https://correpi.lahaine.org/).
M.C.V.: Así es, el viernes 17 en Plaza de Mayo presentamos el Informe anual de la situación represiva y la actualización del archivo de casos.
M.H.: ¿Cuáles serían las conclusiones más importantes?
M.C.V.: Lamentablemente nos vamos a encontrar con que a pesar de algunas señales en sentido contrario, vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de datos de personas muertas en lugares de detención, de hecho esta modalidad ha crecido casi al 70% del total de los registrados en el archivo y que el gatillo fácil, el fusilamiento de una persona en la vía pública, luego presentado falazmente como un enfrentamiento, ha mantenido su incidencia, a pesar de todas estas circunstancias derivadas de la pandemia que deberían haber limitado la presencia de gente en la vía pública.
M.H.: Con respecto a las víctimas ¿podés darnos el dato de la edad promedio?
M.C.V.: Se mantiene una incidencia muy fuerte sobre los sectores más jóvenes de nuestra clase trabajadora. Si bien, justamente el aumento de casos en los lugares de detención ha levantado la vara, porque precisamente en las cárceles, donde se produce el número más importante de estas muertes estatales, se trata de personas mayores de 25 años.
M.H.: ¿Dónde se concentran los casos de gatillo fácil?
M.C.V.: No hay mayor diferencia entre las distintas provincias, una vez que uno hace el cálculo por millón de habitantes porque naturalmente la Provincia de Buenos Aires no tiene la misma población que Misiones o Río Negro, pero justamente al hacer esa proporción por millón de habitantes, advertimos que fuerzas presentadas teóricamente como nuevas, como la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad no solo ya le pisan el poncho, sino que incluso le ganan a la propia policía de la Ciudad en su efectividad represora a partir de la cantidad de personas existentes en cada uno de los marcos regionales.
M.H.: En los últimos meses se han repetido casos como los de Miramar y el de Sebastián Simón, atropellado por un agente municipal en Tandil. ¿Cómo encuadra Correpi una situación como la que vivió la cooperativa Nueva Unión de Wilde?
M.C.V.: Sin ninguna duda en el marco de la represión a los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas que ven como única respuesta esa represión, las balas de goma, las detenciones, el atropello respecto de todos y todas los y las compañeras organizadas que si bien no se han traducido afortunadamente en esos casos en personas fallecidas, marcan el escenario del que estamos hablando.
M.H.: ¿Correpi piensa que hay algún tipo de correctivo a estas situaciones?
M.C.V.: Lo primero que hay que decir es que para resolver de fondo, para siempre y de manera absoluta las muertes por gatillo fácil, las muertes en lugares de detención, las muertes por tortura, las detenciones arbitrarias, el conjunto de medidas de represión a la protesta, lo que tenemos que lograr es la modificación del modelo de sociedad en el que vivimos. En tanto vivamos en una sociedad dividida en clases con opresores y oprimidos, esto es lo que hay. No hay forma de resolverlo por esa vía.
Lo cierto es que a pesar de eso, y sin quitarle peso a esa afirmación, hay una enorme cantidad de medidas que podrían ser tomadas aquí y ahora, por cualquier gobierno, no necesariamente nacional y popular, sino con la decisión política de intentar reducir las muertes a manos del aparato represivo estatal. Por nombrar solo dos de las más de 20 que proponemos en nuestra agenda antirrepresiva urgente, si se prohibiese el uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil, descendería un 50% el gatillo fácil.
Y si se cumpliera con la sentencia de la Corte Interamericana de DD HH del caso Bulacio, se eliminaría el conjunto de normas que permiten y habilitan la detención arbitraria de personas y, por supuesto, también se terminaría con los videos en los que estas circunstancias se visibilizan.
Solamente con esas dos medidas, que no requieren nada sumamente llamativo, solamente la decisión política del funcionario o funcionaria que firme la resolución, se reduciría en más de un 50% el gatillo fácil y en más de un 50% las muertes en lugares de detención.
M.H.: La presentación del nuevo informe de Correpi sobre la situación represiva nacional el pasado 17 de diciembre, fue cercana a un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre. ¿Qué reflexión te merece ese hecho?
M.C.V.: Mas allá de lo muchísimo que puede decirse sobre cómo incidió aquel período de las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, lo cierto es que si el Estado pudo zafar y si el año pasado no hubo un estallido de proporciones a nivel de los sectores más vulnerables del país, fue justamente porque el saldo organizativo de esas organizaciones sociales, con un encuadre territorial que nuclean las distintas familias de los barrios más vulnerabilizados de nuestro país, dieron las respuestas que el propio Estado no daba frente a la cuarentena dura, frente al ASPO y al confinamiento.