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Colombia :: 17/06/2016

Balance del paro nacional en Colombia: victoria popular y nuevas promesas del narco-gobierno

Sergio Segura
Luego de 15 días de protestas y bloqueos en más de 100 puntos del país, el paro nacional terminó con un saldo de represión profundo y acuerdos firmados

Cierta tranquilidad para las comunidades por los nuevos acuerdos firmados con el gobierno colombiano. Sin duda un logro importante para las organizaciones de la Cumbre Agraria y su persistente movilización social, a pesar de que ese mismo gobierno incumplió alegremente anteriores acuerdos.

Aunque el gobierno trató de dilatar las negociaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular utilizando todo el arsenal diplomático y mediático para manipular la opinión pública y estigmatizar las marchas y bloqueos de carreteras, amenazando con mayor represión y ofreciendo conversaciones regionales para no asumir las discusiones con las vocerías encargadas, al final, debido a la presión política y el nivel de las movilizaciones, se dieron nuevos acuerdos en materia de tierras, en el ámbito mineroenergético y se crearon compromisos en el factor humanitario.

Dentro de los compromisos se consigna la habilitación de una Comisión Nacional para analizar los títulos de explotación minera y lo referido a la exploración de minerales e hidrocarburos. En ese sentido se proyecta la tarea de construcción de un mecanismo de aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la otorgación de licencias y frente a la protección de territorios, páramos, cuencas hídricas y tierras de vocación agrícola.

Uno de los mayores logros de esta Minga Nacional fue el compromiso de que el gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, insistiendo del mismo modo en el reconocimiento de “figuras de territorialidad agraria” como los territorios campesinos agroalimentarios y las zonas de reserva campesina.

Otro de los temas acordados tiene que ver con la habilitación de escenarios de debate de carácter nacional para que la sociedad participe de los procesos de construcción de paz donde se garanticen los derechos humanos. Si bien esto suena a algo mínimo y básico, pues no es otra cosa que cumplir la Constitución de 1991, lo cierto es que durante estas jornadas de movilización -como en las de años anteriores- la Cumbre Agraria ha sido relacionada por parte de políticos y medios de comunicación con grupos armados, irrespetando el derecho a la protesta social. En este punto se obtendrá acompañamiento de las Naciones Unidas.

Marylen Serna, vocera campesina del Congreso de los Pueblos, anunció el levantamiento del paro “aunque continuando en asamblea permanente”. Queda claro que seguirán las tensiones si estos acuerdos vuelven a ser incumplidos. El gobierno tendrá que trabajar con la Mesa Única Nacional compuesta por las organizaciones sociales que protagonizaron el paro y quienes trabajaron en los diálogos para reafirmar el Pliego Único de la Cumbre.

Fueron más de 100 los puntos de concentración en el país, los cuales despertaron la solidaridad nacional e internacional, demostrado en los actos realizados en las embajadas colombianas en Argentina, Chile y en diferentes países de Europa. Incluso 32 eurodiputados le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos manifestando la preocupación por el “abuso de la fuerza” contra los manifestantes, quienes sufrieron hechos graves como el asesinato de tres indígenas, una acción arbitraria donde hubo 135 detenidos, 24 acontecimientos relatados como “hostigamientos e inteligencia ilegal”, más de 150 heridos y alrededor de 20 municipios atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Esta carta desde el Parlamento Europeo prendió alarmas en otros países, confirmando los dichos de que al gobierno colombiano hay que hacerle un paro para que preste atención, otro para generar acuerdos y otro para que los cumpla.

Mientras tanto, los pobladores urbanos, que salieron a las calles en igual medida, anuncian un próximo Congreso Nacional de Vivienda, además de advertir lo que se viene en materia de organización social para hacerle frente a “la crisis” del transporte y el ambiente. Estas aseveraciones no son menores, pues ahora el Ministerio del Interior y el de Relaciones Políticas tendrán que asumir las demandas ciudadanas en la relación campo-ciudad que se vienen clamando.

Amanecerá y veremos. Por el momento, la Cumbre Agraria logra salir fortalecida y la legitimidad de la protesta social y sus medidas de fuerza en Colombia se hicieron sentir en todo el territorio nacional.

Marcha

 

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