El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó de "manifestaciones espontáneas" que fueron "un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión" a las protestas nacionales del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.
Es conocida la intervención de EEUU y varios de sus gobiernos aliados en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia global de covid-19.
En un claro acto de injerencia, Borrell calificó de "desproporcionadas" las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando. Además hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e insta a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien también es miembro del Buró Político, señaló que "solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso", añadiendo que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano. Manifestó que la UE debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles.
El efectismo desenfadado de Luis Otero Alcántara ha contribuido a la sobreexposición de la estrategia de golpe blando ejercida contra Cuba desde que Trump ocupaba la Casa Blanca.
Acciones para criminalizar a Cuba
Como es sabido, el año pasado se desarrollaron pequeñas y medianas manifestaciones en algunas ciudades de Cuba que pedían una "intervención humanitaria", pero que en el fondo buscaban desmontar, con el mismo guión pero con actores nuevos, el proceso revolucionario que lleva más de 60 años en desarrollo. Ello estuvo acompañado de una guerra de desinformación y un componente que incluyó a sectores de la movida cultural de la isla.
Se trató de un llamado a EEUU y la "comunidad internacional" a intervenir en un supuesto colapso de la crisis sanitaria y económica que experimentó la isla por la pandemia, agravado por los impactos de la guerra económica, financiera y comercial que lleva a cabo Washington. El saldo judicial fueron más de 1 mil 400 personas detenidas y 790 imputadas, de las cuales surgen las condenas señaladas por el comunicado injerencista europeo.
En un acto de superioridad ilusoria, el eje europeo intenta pontificar sobre derechos humanos, aun cuando está subordinado a Washington, sus miembros cierran medios, condenan raperos como Pablo Hasel por acusaciones a un monarca presuntamente implicado en corrupción y la represión a las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia sobrepasan los 1 mil heridos y ha ocasionado la pérdida de ojos e incluso manos a varios manifestantes.
Mientras la UE condena a Cuba, el rapero español Pablo Hasel fue condenado por "injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo" y en las protestas por su encarcelamiento hubo 137 detenidos en toda Cataluña.
Durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del Movimiento San Isidro (MSI), desde entonces ha realizado varias huelgas de hambre en la cárcel y depuso tal medida en febrero pasado.
Uno de sus patrocinantes, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Argentina, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero. Asimismo pidieron intercesión por Maykel Castillo Pérez "Osorbo", quien está detenido desde mayo de 2021 por presuntos delitos de resistencia y desacato, es ganador de dos Grammy Latinos por la canción "Patria y Vida" junto al rapero Yotuel Romero, el cantante y compositor Descemer Bueno, y el grupo reguetonero Gente de Zona.
El comunicado de Borrell hace referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden al delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden, legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos. Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos es reincidente en la comisión de hechos delictivos y se encontraba de licencia extrapenal, el otro es multirreincidente y había sido sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
En relación con los condenados que son menores de edad: Fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años de edad a quienes se aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta 1/3. A 22 de ellos se les probó "mala conducta social", además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Un mapa de actores y acciones (nuevas y no tan nuevas) con un viejo guión
Además de la UE, decenas de prestigiosas organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional y Pen International, han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos de julio pasado.
En una investigación anterior se devela cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos provenientes "de manos de las sucursales de la CIA para la región; la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la USAID y la NED".
Hay otros actores como el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones junto a otras ONG registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El entramado de medios, influenciadores y agentes mediáticos financiados dan respaldo a la actividad de actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento hasta la actualidad en redes y medios digitales.
Además del ciberactivismo han escalado en nuevas tendencias periodísticas, como afirma el periodista Javier Gómez Sánchez:
"Son medios digitales creados y sostenidos como parte de una operación a largo plazo implementada por la CIA en Cuba para fabricar una prensa que, desde internet, generara contenido político deliberadamente tóxico hacia la Revolución, bajo la fachada del ejercicio periodístico".
El 2 de junio, poco antes del montaje insurreccional, Samantha Power, directora de la USAID, condenó el encarcelamiento de Osorbo, haciendo evidente la apuesta de su agencia por la infiltración en la industria de la música hip-hop de Cuba y la captación de raperos para condicionar culturalmente a las generaciones más jóvenes e incitarlas al "cambio de régimen". Es un proyecto estratégico que tiene como núcleo las principales ciudades cubanas pero teledirigido desde EEUU.
Breves perfiles de algunos operadores
Un breve perfil define a los personajes nombrados:
Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo del Movimiento San Isidro han sido condenados por delitos recurrentes en Cuba y el gobierno de EEUU reclama que sean liberados "inmediatamente"
Otros actores:
Actores desde fuera de Cuba:
"Si hay represión mortal, es legítimo el uso de la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, y llamamos a la intervención internacional encabezada por EEUU para derrocar ese régimen y ponerle fin".
Elementos que conforman la campaña subversiva encabezada por actores de la cultura, medios informativos y redes sociales