Redistribución de ingresos e impuestos a la renta "(in)esperada"

El Presidente, Alberto Fernández y el Ministro de Economía, Martín Guzmán presentaron nuevas medidas para que parte de las familias de clases populares puedan capear el temporal de la inflación galopante.

Un bono para la tribuna… y para apagar el incendio

Con semanas de demora, el gobierno nacional presentó el lunes 17 de Abril de 2022, un bono social especial que tiene reminiscencias al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) aunque recortado y restringido.

El anuncio es que les trabajadorxs sin ingresos formales, les monotributistas de las categorías más bajas (A, B y monotributistas sociales) y las trabajadoras de casas particulares, recibirán un bono que se pagará en dos cuotas de 9 mil pesos [unos 60 dólares] cada una, y se cobrarán en Mayo y Junio.

Simultáneamente, les beneficiaries que cobran hasta dos jubilaciones o pensiones mínimas, recibirán en una sola cuota 12 mil pesos adicionales a los 6 mil que comenzaron a cobrar esta semana. En definitiva, ambos subconjuntos de población (se estima unos 15 millones de personas) recibirán un adicional de 18 mil pesos a lo largo de las próximas semanas. Dado que sus ingresos son bajísimos, este bono significará un aumento significativo en sus ingresos al menos en estos meses.

¿Quién dice que no sirve luchar?

Más allá del discurso oficial, esta medida es el resultado directo de las masivas y crecientes movilizaciones de los sectores populares organizados realizadas en las últimas semanas, y las negociaciones subsiguientes.

El gobierno resistió hasta último momento y con un discurso racista y discriminador hacia les manifestantes, para dar una respuesta a las necesidades inmediatas de millones de personas.

Recordemos que el Ministro de Desarrollo Social Zabaleta había reclamado a les manifestantes que dejaran de “apretar a los argentinos”. ¿No son las miles de personas que se manifestaron dignas de ser protegidas por el Estado? ¿No lo son por no ser “argentinos”, como otrxs? ¿Y si no fueran “argentinos” no merecen respeto y atención bajo la Constitución Nacional? En fin, racismo y clasismo; eso sí, nacional y popular.

Además, estas medidas se anuncian luego de que la inflación tocara un pico en Marzo de 2022 y que se esté por informar el dato de aumento en la canasta básica alimentaria (CBA) por parte del INDEC. Se espera un salto similar al que sufrieron los alimentos y bebidas no alcohólicas en las últimas mediciones.

El gobierno quiere evitar a toda costa que los datos de indigencia y pobreza del primer semestre de 2022 (que serán publicados a mediados del segundo semestre) superen los de 2021, como parece que ocurrirá si nada cambia en lo estructural. Estos bonos son, en cualquier caso, una gota de agua en un océano de exclusión.

Por otra parte, se anunció que las y los trabajadorxs más formalizados deberán seguir esperando la eventual reapertura de las paritarias [negociaciones colectivas]. Con ingresos más elevados que los beneficiarixs de los bonos anunciados, aunque en muchos casos por debajo de la línea de pobreza (y mayoritariamente, por debajo de la canasta ingresos mínimos estimada por ATE INDEC en 145 mil pesos en Marzo 2022, unos 1000 dólares), estas trabajadoras y trabajadores seguirán sufriendo la pérdida del poder de compra de sus salarios, hasta que la UIA y la CGT (mientras la CTA brilla por su ausencia) determinen la nueva estructura de los acuerdos paritarios.

Mientras tanto, el gobierno, tratando de no hacer enojar a nadie, mantiene en el cajón de los recuerdos una de las más potentes herramientas en tiempos difíciles (que hasta Néstor Kircher aplicó): el aumento salarial por decreto inmediato y a cuenta de paritarias futuras. Claro: no podemos pedirle peras al olmo.

¿Y cómo se pagará este bono?

El anuncio oficial fue parcial e incompleto, con visos de improvisación como la mayoría de las decisiones oficiales. No está claro exactamente cuándo se pagará ni quiénes lo recibirán (aparentemente, les interesades deberán anotarse -en algún sitio aun indeterminado- para cobrar), ni siquiera cómo se financiará.

El Presidente dijo que parte del financiamiento vendrá del mismo aumento en los precios, que incrementa la recaudación de los impuestos indirectos (e injustos) como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que son parte principal de la recaudación impositiva nacional. Paradójicamente, el mal (la inflación) aporta su propia solución (más recaudación y bono).

Al mismo tiempo, se anunció que se ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En realidad, se informó que se creará un nuevo impuesto para pagar los bonos, ya que por el acuerdo firmado no se puede aumentar la emisión monetaria para financiar el gasto público. Ese acuerdo ya se ha hecho carne en la política económica, y nadie en el oficialismo o la oposición de derecha lo cuestiona.

La propuesta de financiación es un nuevo impuesto a la “renta inesperada”. Novedoso concepto en la economía política acostumbrada a la renta “extraordinaria”, renta “monopólica”, o simplemente “renta del suelo”.

Según se indicó, la idea sería cobrar un 15% de impuesto adicional sobre las ganancias contables (netas de gastos y descontado el efecto de la inflación, es decir en términos “reales”) de las empresas de mayor rentabilidad en el país, por encima de las ganancias de 1000 millones de pesos anuales. Las ganancias por debajo de ese monto tributará el 35% como siempre, y por encima de aquel, 15%. El gobierno indicó que la idea sería que las empresas que “inviertan” o “contraten más personal”, podrán descontar esos gastos del monto a tributar.

Hasta ahora la propuesta es sólo esa. No está claro cuántas empresas tributarán, aunque el ministro Guzmán aclaró que menos del 5% de las empresas ganaron más de 1000 millones de pesos netos en 2021. Tampoco se sabe exactamente cuál será la base imponible ni cuánto se espera recaudar, cuándo se deberá pagar, o cuánto podrán deducir las empresas de sus “inversiones” o “nuevas contrataciones”.

El proyecto de ley necesario para crear este nuevo impuesto aun no ha sido presentado. No está claro si el gobierno tiene los números en el Congreso, pero por si las dudas la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) ya se opone a la creación de “un nuevo impuesto”, aunque el propio FMI seguramente apoye una medida que -a priori- permitiría sostener la reducción del déficit fiscal acordada.

Es llamativo que se hable de “renta inesperada” a las ganancias apropiadas por las grandes empresas en un proceso que lleva meses. De hecho, el precio internacional de los alimentos, los insumos difundidos y la energía están subiendo abruptamente desde comienzos de 2021. Nada de sorpresa en esto.

La realidad es que lo único inesperado sería que un gobierno que declama defender los intereses populares, se haya demorado tanto tiempo en reconocer estas ganancias “extraordinarias”, más no “inesperadas”. ¿No? Es más, llama la atención que el presupuesto 2021 (rechazado en el Congreso a fin de año) no incluyera siquiera la repetición al impuesto “solidario” a las grandes fortunas. Casi que llama la atención que el gobierno no haya nombrado a este propuesto nuevo impuesto “aporte solidario por ganancias inesperadas”.

La pregunta que se abre en esta etapa es si en efecto el impuesto será aprobado por el Congreso y, por otra parte, si los bonos que se pagarán a la población más empobrecida alcanzarán para aplacar el descontento popular, al menos hasta pasar la primera revisión de las cuentas acordadas con el Fondo, que deberían ser auditadas en Mayo/Junio de este año.

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