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Europa :: 17/01/2024

El cínico juego económico de Zelensky y las pensiones

Nahia Sanzo
El bienestar y las vidas de la población anciana es irrelevante para el régimen ucraniano, dispuesto, eso sí, a utilizarla cínicamente para suplicar a sus aliados extranjeros más financiación

Más enfadado y apesadumbrado que de costumbre, Volodymyr Zelensky ha seguido exigiendo a sus socios más dinero y más recursos. Esta última semana, lo ha hecho en dos escenarios principales: su visita a los países bálticos y durante el breve paso de Rishi Sunnak por Kiev. Ahora lo está haciendo en Davos.

Coincidiendo con la visita del primer ministro británico, que se produjo apenas unas horas después de que su país participara en el ataque unilateral -y sin previo paso por ningún parlamento de los países que lo han realizado y, por supuesto, tampoco con el beneplácito de Naciones Unidas- contra Yemen, Zelensky quiso insistir en su petición más habitual, munición para la defensa aérea.

Para alegría del presidente ucraniano, Sunnak no llegó con las manos vacías y anunció un ligero aumento de la asistencia militar británica en comparación con los dos años anteriores. El premier británico cifró el paquete en 3.000 millones de libras, una cantidad importante, aunque muy lejana a los más de 100.000 millones de dólares que Zelensky espera recibir este año en forma de asistencia militar y financiera de Washington y la Unión Europea.

El jueves, Mijailo Podolyak (asesor de Zelensky) afirmó abiertamente que el paquete estadounidense está a punto de ser aprobado, aunque es difícil saber si se basa en información real o si solo se trata de sus deseos. Bruselas, por su parte, trabaja para aumentar la asistencia bilateral de los diferentes países miembros y también en revocar o esquivar el veto húngaro al paquete financiero que debe sostener al Estado ucraniano durante el próximo año.

Pese a que la realidad de la guerra supone que gran parte de la cobertura informativa relacionada con Ucrania se limite a la cuestión bélica, son muchos los problemas que asolan al país también lejos del frente. La lucha de alta intensidad y cuerpo a cuerpo se limita actualmente al frente que cruza el sur-sureste del país, por lo que gran parte de Ucrania se ve militarmente afectada por los ataques con misiles, pero no por el día a día de la batalla.

Aun así, las consecuencias de la guerra van mucho más allá de los bombardeos y la destrucción causada en la primera línea o en la retaguardia. Como ha recogido esta semana la prensa ucraniana, según datos de Naciones Unidas, el 40% de la población de Ucrania precisará este año de ayuda humanitaria. Aunque su situación no es una prioridad tan importante para los corruptos como los sistemas Patriot o a la munición antiaérea, la pobreza de la población también se ha convertido en un argumento con el que Zelensky espera conseguir más financiación de sus socios. Al igual que una parte importante del país, también el propio Estado depende de la asistencia exterior para sostenerse.

Como un país envejecido y desindustralizado, Ucrania sufría de un grave problema demográfico que precede en muchos años al estallido de la guerra. Es más, no alertar sobre sus implicaciones ha sido, junto al desinterés y la voluntad de ahorro, uno de los principales motivos por los que el último censo ucraniano se remonta a 2001. La pérdida de población que comenzó con la desaparición de la Unión Soviética se ha visto acrecentada en los últimos años de crisis por la emigración en busca de empleo tanto a la Unión Europea como a la Federación Rusa y finalmente por la guerra. Al contrario de lo que ocurre en otros conflictos bélicos activos en el planeta, en el caso ucraniano la población más vulnerable no son los menores de edad, sino que la guerra ha afectado desproporcionadamente a la población mayor.

Tras años de recortes, eliminación de aquellas subvenciones estatales que limitaban el precio de los servicios básicos y con jubilaciones miserables, los pensionistas se han convertido ahora en argumento para Zelensky, en cuyo partido hay voces que llaman incluso a la eliminación de las pensiones de jubilación en favor de un modelo según el cual sean las familias quienes se hagan cargo del cuidado, las necesidades, los gastos y los costes de las personas mayores. Esa propuesta, que se planteó en los primeros tiempos de la presidencia de Zelensky y se encuentra a la derecha de todos y cada uno de los gobiernos mundiales, no llegó nunca a ser oficialmente planteada, aunque es significativo que surgiera incluso como idea.

Sin embargo, ahora que el presidente Zelensky precisa de un argumento emocional para suplicar a sus socios que aprueben nuevos fondos para el mantenimiento del Estado ucraniano, la población anciana vuelve a resultar útil. “Compramos muchas cosas con nuestro propio dinero, pero cuando no hay financiación”, se ha lamentado esta semana el presidente ucraniano, que ha añadido que “no podemos no dar a los pensionistas una pensión. No estoy pidiendo limosna, pero sin una pensión, la gente mayor simplemente morirá”. Aprovechándose de la situación, Zelensky insistió en que “tenemos más de once millones de pensionistas. ¿Hay algún otro país así en Europa?”.

El ruego de Zelensky, que no ha causado gran impresión a nivel político o mediático ya que el bienestar de la población civil no es una prioridad tampoco para los aliados de Ucrania (ni siquiera en sus propios países), suena a fuerte cinismo teniendo en cuenta la ideología de su partido y la actuación del Estado en los últimos años. Es curioso también que, de repente, los pensionistas de Donbass vuelvan a ser útiles para aumentar la cifra de pensionistas a los que Zelensky dice querer alimentar.

Hace un mes, Ucrania ya amenazó -a sus pensionistas y a sus aliados- con suspender el pago de pensiones en caso de ausencia de financiación. En aquel momento, igual que a lo largo de la última década, no hubo especial interés en el precedente que Kiev ya había utilizado para detener completamente el pago de pensiones, prestaciones y sueldos públicos en los territorios de Donbass fuera de su control.

Al contrario que en Crimea, donde Rusia se hizo cargo del territorio y de esos pagos desde 2014, los pensionistas de Donbass, en aquel momento el conflicto bélico que más afectaba a la población anciana a nivel mundial, quedaron abandonados a su suerte. El ejemplo de Donetsk y Lugansk, donde la interrupción de los pagos se produjo primero de facto y posteriormente por decreto, muestra los efectos del desinterés del Estado por su población.

Durante los primeros meses, en los que las Repúblicas Populares aún eran únicamente ejércitos que esperaban que fuera Rusia quien llegara para hacerse cargo del Gobierno de la región, la población anciana tuvo que valerse por sí misma a partir de sus pequeñas cosechas en huertas y jardines, la ayuda de familiares o vecinos y la ayuda humanitaria que llegaba a través de la frontera rusa. Esa ayuda humanitaria pública y privada mitigó ligeramente una situación catastrófica en la que muchas aldeas del frente se encontraban aisladas incluso de los envíos de emergencia.

Durante años, y acudiendo incluso a los tribunales europeos, pensionistas de la RPD y la RPL pelearon por su derecho a percibir sus pensiones sin que ningún argumento fuera suficiente para que Ucrania modificara su postura. En parte medida de ahorro y en parte castigo colectivo a una población considerada desleal, Ucrania rechazó siempre reanudar los pagos en Donbass y únicamente facilitó el cobro de pensiones a aquellas personas que se registraran como desplazadas internas, es decir, que abandonaran Donetsk o Lugansk, y acudieran a territorio ucraniano para obtenerlo. La medida condenó a los pensionistas de Donbass a renunciar a sus pensiones ucranianas o a viajar a través del frente, con las esperas y el riesgo que ello conllevaba para su salud.

En 2018, la representante de ACNUR en Ucrania afirmó que “los tribunales han dicho que nada prohíbe a la población percibir las pensiones”, algo que se extendía tanto a los desplazados internos como a residentes en los territorios que no se encontraban bajo control del Gobierno. En aquel momento, Noel Calhoun añadió que “el lugar de residencia no está incluido en la lista de condiciones por las cuales una persona puede perder el derecho a la pensión”, algo tan obvio como irrelevante para Ucrania.

Por aquel entonces, ACNUR afirmaba darse cuenta de que “una parte de la población con movilidad limitada en los territorios no controlados por el Gobierno está desatendida”. Para entonces, la RPD y la RPL habían iniciado ya el pago de sus propias pensiones gracias a los fondos que llegaban de Rusia, unas pensiones insuficientes que no cubrían todas las necesidades de la población anciana, pero aun así una ayuda muy superior al desprecio que durante una década han recibido de Ucrania.

En su limitada y educada crítica a Ucrania, la representante de ACNUR añadía que Kiev disponía, a través de sus propios bancos, de todos los mecanismos necesarios para reanudar sus obligación constitucional de abonar las pensiones a una población que aún seguía afirmando que consideraba como propia. “Todo está en manos del Gobierno”, afirmó Calhoun. Era así, la reanudación de los pagos en Donbass estaba en manos del régimen de Kiev. De ahí el resultado final. A pesar de las propuestas, algunas de ellas de Cruz Roja, que se ofreció incluso a encargarse del traslado de los fondos, Ucrania siempre se negó a modificar su postura.

El bienestar y las vidas de la población anciana de Donbass (y de toda Ucrania) era, y sigue siendo, irrelevante para el régimen ucraniano, dispuesto, eso sí, a utilizarla cínicamente para suplicar a sus aliados extranjeros más financiación. Ahora, esos pensionistas son incluidos en la cifra total de personas en riesgo de muerte en caso de ausencia de fondos occidentales, una financiación que, evidentemente, jamás va a llegarles, como no les llegaron sus pensiones ucranianas durante años.

slavyangrad.es

 

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