|
Panamá: crisis política y la constituyente originaria
El brote pandémico del Covid-19 evidenció y profundizó la crisis institucional existente en Panamá, que ha sido ampliamente denunciada por trabajadores (as), estudiantes, etc. Dicha crisis institucional tiene su raíz en el agotamiento del modelo político-económico instaurado tras la invasión de Estados Unidos (EE. UU) en 1989 y sorteada por el Gobierno de Laurentino Cortizo, que apuesta por espacios de diálogo ilegítimos y que excluyen a importantes sectores de la población.
Frente a ello se condensan las fuerzas políticas, divididas en el apoyo al “Pacto del Bicentenario: cerrando brechas” impulsado por el Gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y en la demanda de una constituyente originaria que pueda refundar los cimientos del sistema político que convirtió a Panamá en el sexto país más desigual del mundo.
Crisis múltiples: desigualdad, institucionalidad tomada y pandemia
La crisis institucional en Panamá es de larga data. Según el analista político José Stoute, la crisis está anclada al régimen y/o modelo político-económico que se instauró en Panamá tras la invasión de EE. UU.
en diciembre de 1989.[i] Dicho régimen corresponde a una democracia recortada y neoliberal que promueve el pujante crecimiento económico del hub comercial en Ciudad Panamá y Colón, pero que no lleva el efecto derrame a la periferia panameña. Así, Panamá es considerado como el sexto país más desigual en el mundo y el segundo en el continente americano, superado únicamente por Brasil.[ii]
La promesa económica del canal se quedó concentrada en pocas manos y una pequeña franja territorial que se ve beneficiada directamente. Por lo demás, los datos ya eran preocupantes antes de la pandemia: 1) el 10 % de la población económicamente más solvente es hasta 37 veces mayor al 10 % más empobrecido; 2) la esperanza de vida de personas de Pueblos Originarios es hasta 11 años menor que el resto de la población; 3) en 2019, se registraban más 1.200.000 personas sin hogar -un tercio de la población-; 4) históricamente se priorizó la inversión en infraestructura en detrimento de la inversión en educación y; 5) cada 2 de 10 personas panameñas pertenecen a la economía informal, logrando la tasa de informalidad más alta del continente.[iii]
En el plano político-institucional, la denuncia sobre la crisis institucional se debe a una escasa posibilidad de participación política para la población empobrecida y/o racializada, la prohibición de sindicalización de sectores específicos -“libertades recortadas” según Stoute-, así como la coexistencia entre la Asamblea Nacional y el Poder Judicial que promueve la corrupción, justicia selectiva y niega el acceso a la justicia a Pueblos Originarios, mujeres y otros sectores vulnerabilizados en favor de la clase política gobernante.[iv] Antes de la pandemia, el país canalero ya se sumergía en crisis múltiples enraizadas en la relación colonial entre EE. UU y Panamá; la maldición de la condición geográfica y geopolítica panameña.
La llegada del brote pandémico del Covid-19 agravó la situación político-económica en Panamá. A principios de la pandemia, Panamá se posicionó como el país con la situación más crítica de Centroamérica.[v] También, el país canalero fue uno de los países más severos con las restricciones de movilidad: estableció días de circulación según sexo biológico. Un año después de la medida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “al Estado panameño a garantizar los derechos humanos de las personas trans y de género diverso en el contexto de las medidas de restricción parcial de la movilidad durante la pandemia del Covid-19” y contabilizó 45 actos de violencia contra personas trans en ese contexto, siendo los más recurrentes las detenciones arbitrarias y la discriminación.[vi]
Para abril del 2020, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) por alrededor de 515 millones de dólares para que el Gobierno panameño trabajara en revertir la balanza de pagos afectada por la pandemia del Covid-19.[vii] En el informe presidencial de enero del 2021 ante el Congreso, el presidente Cortizo declaró que al no contar con un Banco Central, a Panamá no le queda otra opción que optar por el apoyo financiero internacional.[viii]
Para finales de abril del 2021, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que existían un total de 3.892 casos activos, un total de 365.104 de contagios confirmados y 6.238 muertes por Covid-19.[ix] Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la concentración de casos han estado en la capital Ciudad Panamá y, paradójicamente, en Darién y la comarca indígena Guna Yala. Tres regiones que difieren en su nivel desarrollo, siendo las dos últimas de las más rezagadas del país y con poca capacidad de respuesta, pero que comparten el ser zonas de alta movilidad de personas por el comercio, el turismo y la zona fronteriza.[x]
Según el PNUD, el Covid-19 dejó a 50.000 trabajadores (as) sin empleo. Cerca del 35 % de la población no cuenta con seguro social, mientras que del 65 % que está cubierto solamente el 30 % son personas aseguradas directamente. Para el 45 % de las mujeres no hay cobertura y casi un 30 % de ellas depende del seguro de su pareja (PNUD, 2020). En términos generales, el sistema de salud pública ha sido desfalcado y desplazado por la inversión en infraestructura para la explotación del hub comercial panameño, que potencia a Panamá, por encima de la región, para la recuperación económica según la CEPAL (5 %).
Así, la pandemia radicalizó la discusión respecto a las reformas constitucionales, así como el modelo país anclado al canal y a las relaciones coloniales que de ahí se desprenden.
Pacto del Bicentenario y la constituyente originaria
Las reformas constitucionales estuvieron presentes desde la campaña electoral de Laurentino Cortizo. Para 2019, las tensiones políticas alcanzarían protestas sociales y una brutal represión en las afueras del Congreso debido a la propuesta de reforma constitucional presentada por Cortizo.[xi] Frente a las reformas propuestas, la población movilizada exigió la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria que permitiera una amplía participación ciudadana en la disertación. Para el 2021, en medio de la pandemia del Covid-19, esa demanda está lejos de detenerse.
El 26 de noviembre del 2020, el presidente presentó la convocatoria del “Pacto del Bicentenario: cerrando Brechas”. A partir de las condiciones generadas por la pandemia, así como el paso de los huracanes Eta e Iota, el Ejecutivo convocó el pacto “con la finalidad de lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos”.[xii] Cortizo posiciona el Pacto como la “fundación” de una nueva Panamá, en dirección hacia el bicentenario de la vida democrática del país canalero.
El Pacto del Bicentenario está conformado por etapas. La primera de ellas corresponde a la recepción de propuestas vía la plataforma virtual Ágora (creada por el PNUD), la segunda refiere a la clasificación por ámbitos y regiones, en la tercera se llevarán las propuestas a diálogos con regiones para que sean lo más acorde a las necesidades regional/locales, y finalmente se construye la propuesta nacional. De forma paralela se llevará a cabo un diálogo sobre la Caja del Seguro Social (CSS), pero que alimentará al Pacto del Bicentenario.
Las críticas a los espacios convocados por el Ejecutivo son múltiples y de diferente índole. La primera de ellas corresponde a la demanda por la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria que permita la participación real de distintos sectores, sin que medie una plataforma digital u otros mecanismos que dificulten el diálogo para los Pueblos y Territorios Indígenas, así como poblaciones campesinas con brecha digital.
Por otro lado, el diálogo paralelo de la CSS es todavía más criticado y ha generado distintas movilizaciones por parte de sindicatos y personas trabajadores (as). La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) ha nombrado el diálogo por la CSS como el diálogo “Yo con Yo”, en tanto los sectores presentes son del Gobierno o afines.
Según el dirigente Genaro López, “el 79 % de los participantes de ese diálogo está representado por personas que están vinculadas al Gobierno o a partidos políticos”. Por su parte, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) se retiró de la mesa debido a desacuerdos con la metodología y el reconocimiento de la mínima posibilidad por establecer un diálogo real que incida en las condiciones materiales de la CSS y, por tanto, de Panamá.[xiii]
A pesar de las críticas, los procesos del Ejecutivo continúan. Frente a ello, las organizaciones y movimientos opositores han demandado que los acuerdos logrados en ambos espacios deben ser aprobados posteriormente por un plebiscito. Demanda a la que aún no se ha referido el Ejecutivo y de la cual no hay certeza de que se lleve a cabo.
Así, las tensiones políticas en Panamá se siguen aglutinando alrededor del tema constitucional, cuestión que daría cuenta de la necesidad de sectores opositores, movimientos sociales y las izquierdas en general de refundar una Panamá que pueda dejar en el pasado las relaciones coloniales y capitalistas que emanan del canal.
----
Notas
[i] https://www.youtube.com/watch?v=WKFm0Z1009M
[iii] Ibíd.
[v] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52130235
[vi] http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/024.asp
[ix] https://www.facebook.com/minsapma/photos/pcb.5406153732791446/5406129382793881/
[xi] https://www.celag.org/panama-y-el-pacto-de-las-minorias/
[xii] https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Convocatoria-del-Pacto-del-Bicentenario-
celag.org