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No habrá derecho a decidir bajo la dirección de la burguesía catalana
La natural desconfianza que sienten los trabajadores del Estado por los dirigentes de este procés, no debe hacer perder de vista la justeza de su reclamo
Una vez más un partido representante de la burguesía muestra su actitud demagógica frente a un problema democrático irresuelto, una actitud inconsecuente con sus encendidos discursos. Todos rasgos que la pequeño burguesía emula con unos grados más de “radicalidad” discursiva pero más timorata. Queda en evidencia, que es lo importante para estos “señores y señoras”. El dinero, su única patria.
Van pasando las semanas y la tensión política va en aumento. No solo entre el gobierno del PP y los partidos que forman parte del procés català, sino también entre los componentes del mismo bloque independentista, más allá de la imagen de normalidad que se esfuerzan en transmitir.
Después del episodio de destitución exprés a quien fuera la mano derecha de Artur Mas, por expresar dudas sobre la realización del referéndum (dudas que sin peligro a equivocarse no son solo propias) llego una nueva desavenencia esta vez con el vicepresidente de la Generalitat el Republicano Oriol Junqueras.
Junqueras ha sido citado por el Presidente, Carles Puigdemont, en una reunión de perfil bajo realizada en la Generalitat con el fin de concretar la creación de la nueva institución que a dos meses de realizarse el referéndum, deberá tomar las riendas de la organización del mismo. Para la misma, Puigdemont propone que Junqueras este a la cabeza del “comisionado del referéndum”. Para esto Junqueras le exigió al PDeCAT que las responsabilidades sean compartidas por sus consejeros, petición que se valoró como “inasumible” por los consejeros sondeados, quienes están dispuestos a suscribir actos encaminados a la realización de la consulta, siempre y cuando ello “no comprometiera su patrimonio personal”. Esto motivó el rechazo de la propuesta por parte del dirigente de ERC.
Ayer miércoles, sin embargo, en una comparecencia de unos pocos 10 minutos y sin uso de la réplica Puigdemont se esforzaba en disimular ese fracaso. "Claro que Junqueras tiene ese encargo y claro que lo está haciendo. Y por ello algunos de ustedes tienen ahora una expresión diferente de la que tenían en septiembre de 2016".
Junqueras, por su parte, ha subrayado que todo el Govern tiene el mismo grado de compromiso con respecto al referéndum del 1 de octubre y ha negado que él sea el único exponente de este proyecto: "No tengo ninguna vocación de ser ’santo proceso’" señaló en tono irónico.
Puigdemont ha evitado dar detalles sobre la creación del comisionado del referéndum y cualquier alusión sobre la disparidad de opiniones en su gobierno y ha insistido en el mensaje de unidad. "La composición de los gobiernos se basa en la confianza, y más que nunca en la situación actual de asedio por tierra, mar y aire, de las instituciones del Estado y de los grandes grupos de comunicación".
Pero lo lógico, es que uno en situaciones de asedio, se apreste a preparar la defensa, y no palmar espaldas para darse confianza o ver si ésta es recíproca. Están de esta manera preparando su propia derrota y a su vez la del mayor movimiento democrático surgido en los últimos años. Lo que están discutiendo Junqueras y Puigdemont es quien pagara el precio.
La realidad es que la extinta CiU, el partido histórico de la burguesía catalana, hoy devenido en PDeCAT, se ha puesto a la cabeza de este proceso democrático legítimo y progresivo para controlarlo y evitar que se radicalice, así como forma de desviar la atención de sus responsabilidades en ser cómplice junto al Estado español del mayor ataque a los derechos sociales de los trabajadores y las mayorías populares y su principal aplicador en Catalunya.
Por la misma razón, “la del no comprometer sus patrimonios” y las fuentes por las cuales estos son obtenidos, es que la dirección del proceso en Catalunya no tiene ninguna intención de movilizar las fuerzas sociales necesarias para poder garantizar un referéndum y que su resultado no sea papel mojado en el caso de que la mayoría de Catalunya decidiera la secesión y la creación de un Estado propio.
Pero las tensiones también existen dentro de los partidos mayoritarios del Estado. El PSOE está en el quimérico equilibrio en mostrarse como un partido renovado, que ejerce de principal oposición y cumplir con su servidumbre histórica al régimen y a la indivisibilidad de España.
Esto quedó patente en el acercamiento entre Rajoy y Sánchez quienes no se reunían desde hacía 11 meses. El PP cuenta con el PSOE como aliado contra el derecho de autodeterminación de Catalunya y le señala a Sánchez que “No es el momento de escenificar discrepancias justo ahora. Tenemos la responsabilidad de mantener la unidad en lo fundamental”.
Muestras tanto la escalada de declaraciones va in crescendo, con algunas perlas como las declaraciones del ex ministro Mayor Oreja, “El proyecto de ETA de ruptura de España está vivo en Catalunya" que fueron objeto de duras críticas.
La “nueva izquierda”, Podemos y sus representantes en Catalunya así como Barcelona en Comu, tampoco escapan a las tensiones y diferencias. Mientras Iglesias y Errejon se muestran contrarios a la consulta, al igual que sus socios catalanes Ada Colau y Domenech, Podem Catalunya apoyará ésta, rebajándole el carácter al de una “una manifestación política”.
Los argumentos usados para negarle el apoyo a este proceso pretenden ser de “izquierdas y de clase”. "El referéndum del 1 de octubre no soluciona nada y por tanto no lo podemos apoyar" defendía Garzón frente a Rufián en un debate por Twiter “Es legítimo querer dejarnos aquí con borbones y bárcenas e ir de mano de los pujoles. Como lo es creer que eso no resuelve problema alguno.” Sin embargo, su política no solo ayuda a dividir a los trabajadores en líneas nacionales por su falta de solidaridad frente a una cuestión democrática elemental, sino que lo alinea objetivamente entre los defensores del régimen y la constitución del 78. Su propuesta de un “referéndum pactado con garantías jurídicas” es una quimera reaccionaria, que solo puede servir a mantener la opresión nacional española.
Los trabajadores y los sectores populares del Estado español no tienen ningún interés real en mantener preso del Estado español al pueblo catalán si este decide mayoritariamente escindirse. Éste y sus organizaciones deben apoyar este derecho y defenderlo contra la acción punitiva y represiva del Estado central. Las organizaciones sindicales deben abandonar su pasividad ponerse a la cabeza de la defensa activa del referéndum. Esta es la única “garantía” y no ninguna consideración jurídica. La natural desconfianza que sienten los trabajadores del Estado por los dirigentes de este proces - aplacada en Catalunya por la política de seguidismo e integración acrítica de la izquierda independentista- no debe hacer perder de vista la justeza de su reclamo, sostenido por millones, y del enemigo común que se comparte.
Para esta perspectiva seria vital que la nueva izquierda se ponga a la cabeza con hechos y no con discursos de la defensa sin condiciones del derecho a decidir. Así mismo, la CUP debería romper el frente nacional del que forma parte, dejando de tender la mano a la clase que prepara la derrota de los anhelos democráticos del pueblo catalán y ser una alternativa combativa y de clase que impulse junto a las organizaciones de trabajadores y sociales la defensa del referéndum.
Esta movilización en común de los sectores populares y los trabajadores en el conjunto del Estado en defensa del derecho de autodeterminación es la única que puede garantizar que el derecho de los catalanes sea llevado a término, lo que independientemente de su resultado sería un enorme golpe a la burguesía en todo el Estado. Ésta sería la base para soldar la unidad de los trabajadores y los pueblos, abriendo la puerta a la realización de Procesos Constituyentes donde se puedan resolver a favor de las mayorías los grandes problemas políticos y sociales que engendra este régimen y el sistema capitalista al que es funcional.
Una instancia donde se pueda debatir un programa que ponga fin al paro y la precariedad repartiendo las horas de trabajo entre todos los trabajadores disponibles sin rebaja salarial junto a una subida del salario mínimo, la nacionalización de las empresas estratégicas así como de los grandes servicios, y el no pago de la deuda con la cual se salvó a la banca, entre otras medidas elementales sin las cuales no habrá una salida progresiva para las grandes mayorías.