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Mundo :: 26/05/2022

Ecuador: balance político a un año de Gobierno de Lasso

Andrés Chiriboga
La gestión se ha caracterizado por el autoritarismo y el estancamiento económico :: Movimientos indígenas anuncian movilización nacional indefinida desde el 13 de junio

El 24 de mayo de 2022 Guillermo Lasso cumple un año de gestión al frente de la Presidencia de Ecuador. De la mano de la delicada situación económica, social y de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, la política ecuatoriana llega en un estado crítico al primer aniversario de gobierno del presidente banquero. Lasso cumple un año cada vez más ensimismado, sin una hoja de ruta política clara y optando por el autoritarismo como la única forma lidiar con quienes se le oponen. El resultado es un desplome de la imagen y credibilidad del primer mandatario. A pesar de haber prometido un encuentro nacional tras una campaña fuertemente polarizada, su primer año ha sido, en la práctica, un año de tensión con el resto de las fuerzas políticas a izquierda y derecha.

Si bien en la primera parte de su gestión Lasso incrementó su buena imagen y credibilidad gracias a la exitosa campaña de vacunación contra el Covid -que contrastó con el desastre de su antecesor, Lenin Moreno-, con el tiempo se ha mostrado incapaz de levantar ninguna otra bandera de gestión, especialmente en los ámbitos del empleo y la seguridad, sus grandes promesas de campaña. A pesar del aumento del salario básico, las pobres cifras de generación de empleo en un país asolado por la falta de oportunidades constituyen el principal baldón de su mandato. En el otro eje clave de su campaña, la seguridad, la inacción del Gobierno va de la mano de cifras escalofriantes de delitos y de la aceleración una crisis carcelaria sin precedentes. La única respuesta del presidente ante su fracaso ha sido culpar y amenazar a sus adversarios políticos, incluyendo a la poderosa derecha socialcristiana que gobierna la segunda ciudad del país, Guayaquil. Públicamente amenazó a Jaime Nebot con enjuiciarlo penalmente junto a los expresidentes Lenín Moreno y Rafael Correa, acusándoles de ser responsables de la inseguridad.

En el saldo negativo de gestión gubernamental también se sitúa su agenda favorable al capital financiero -recordemos que Lasso es un banquero- y las clases altas en detrimento del resto de la población; una política encarnada en una controvertida -por la abstención del correísmo, que facilitó su aprobación- reforma tributaria. Así, si ante los ojos de las mayorías Lasso en el mejor de los casos pareciera no dar pie con bola en la resolución de los problemas de las mayorías, en la práctica su agenda de profundización neoliberal sí avanza: recortó aún más el presupuesto estatal y el empleo público, reingresó el Ecuador al CIADI y profundizó las desinversiones y privatizaciones.

En el plano legislativo, Lasso rompió su alianza electoral con el Partido Social Cristiano y deshizo un acuerdo con el que el correísmo le ofrecía gobernabilidad en el plano parlamentario. La endeble alianza legislativa que Lasso prefirió armar con los centristas de la Izquierda Democrática y el brazo político del Movimiento Indígena Pachakutik se mostró letal para esas fuerzas políticas, a las que esta maniobra les ha costado importantes fraccionamientos internos. Fruto de las erráticas operaciones políticas en la Asamblea, el Ejecutivo solo ha logrado que uno de sus proyectos de ley sea aprobado (y de manera muy controvertida) y ha coleccionado numerosas derrotas. En lugar de buscar opciones de gobernabilidad en el Legislativo, Lasso ha optado por tachar a los legisladores de ‘corruptos’ y amenazarles con el fantasma de la ‘muerte cruzada’ (la disolución de la Asamblea con un llamado a elecciones generales). No obstante, y dependiendo del día y el ánimo, Lasso parece consciente de ser un presidente aislado y sin capital político; sabe que tendría poca suerte en una nueva contienda electoral.

Además de la ruptura con el histórico Partido Social Cristiano y la oligarquía costeña que este representa, Lasso ha abierto recientemente un nuevo frente con Fidel Egas, el dueño del banco más importante el país -Banco Pichincha-, con quien ya ha cruzado acusaciones públicamente. Esta pelea con la banca quiteña se refleja en los medios que ésta controla y donde la otrora comunicación favorable al Gobierno ha llegado definitivamente a su fin.

En lo que se refiere a su relación con otros actores políticos y sociales al margen de la Asamblea, su conducta ha seguido la misma tónica. Señalando a los dirigentes sociales de conspiradores, al tiempo que proyectaba procesos de diálogo los amenazaba con encarcelaciones.

Por otro lado, en el plano de las alternativas políticas al oficialismo, el movimiento indígena sigue siendo el referente de oposición, aunque no se libra de problemas. La presidenta de la Asamblea, que en teoría se debe a su organización -Pachakutik-, opera a favor del Gobierno bloqueando permanente una dinámica parlamentaria en el que el bloque de Lasso es minoría. En este contexto, Pachakutik perdió dos de asambleístas y dentro de su bloque se generó un grupo de autodenominados ‘rebeldes’ que mantienen posturas críticas con respecto a las negociaciones con el Gobierno, mostrándose más cercanos a la principal organización social indígena, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a su presidente, Leónidas Iza.

Iza ha tenido un importante protagonismo como opositor al régimen y, en su momento, Lasso lo incluyó en lo que denominó un triunvirato de la conspiración. No obstante, su notoriedad ha disminuido en los últimos meses. Iza tampoco la tiene fácil casa adentro. En enero su facción cedió terreno en las elecciones del movimiento indígena de la provincia de Cotopaxi, donde Iza tenía su bastión. La coordinación con otros sectores sociales y políticos de oposición tampoco ha sido un camino fácil para Iza, en especial, la relación con la Revolución Ciudadana (RC) con la que mantiene una relación que, incluso siendo tensa, le cuesta apoyos al interior del movimiento. La unidad de fuerzas de oposición progresista sigue siendo un problema pendiente de resolver y si Lasso no ha llegado a zozobrar es en parte debido a esto.

El correísmo es quizá el actor político mejor librado en los últimos meses. La agrupación pudo finalmente inscribir su partido propio tras varios años de negársele esa posibilidad. Además, la bancada de la RC es la fuerza parlamentaria más amplia dentro de una Asamblea de minorías. Es una bancada que -salvo en temas de conciencia, como por ejemplo el de la interrupción voluntaria del embarazo- se mantiene cohesionada. Tras la derrota electoral, el correísmo cerró filas en torno a su líder histórico, Rafael Correa, e inició un proceso de reagrupamiento que tuvo su hito principal en la convención nacional de fines de agosto 2021 en la que se eligió a Marcela Aguiñaga como su presidenta. La RC -la marca política del correísmo- hace hoy día una apuesta fuerte a la retórica de su pasado exitoso buscando conectar con una suerte de acto de contrición de la ciudadanía a quien le recuerdan que antes de Moreno y Lasso todo estaba mejor.

En relación con otras fuerzas políticas, la RC no ha generado nuevas alianzas. Si bien se han dado acercamientos puntuales con el movimiento indígena en temas legislativos, el expresidente Correa ha enfriado las relaciones, recordando las tensiones del pasado. En el horizonte de esta fuerza política central en el Ecuador estaría el reencuentro con parte de su viejo electorado, sostener su bastión de la Costa y, por qué no, pensar en conquistar la Alcaldía de la capital en 2023. Está parecería serles una combinación suficiente mientras logran cerrar el capítulo de la persecución, el lawfare, y mientras planifican el retorno de su líder histórico -inspirados por la vuelta de Lula en Brasil-.

En definitiva, este ha sido un año de una administración gubernamental que privilegia los intereses de un sector concreto de las élites por encima de los problemas críticos que atraviesa el país, un año en el que Lasso ha privilegiado el conflicto como herramienta de administración del poder y un año en el que su descrédito ha irradiado desprestigio a toda la clase política. En un escenario de miedo y desazón, con un panorama de desesperanza ante tres largos años en los que nada bueno se puede esperar, casi sorprende que en Ecuador no haya aparecido ninguna figura del dextropopulismo al estilo Trump o Bolsonaro. Este es un escenario en el que, a pesar de sus permanentes dificultades, la unidad de la oposición democrática se hace más urgente e imprescindible que nunca para resistir las derivas autoritarias de Lasso y comenzar a proponer un horizonte de alternativa a la ciudadanía ecuatoriana.

Celag

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Indígenas de Ecuador anuncian una movilización nacional indefinida desde el 13 de junio

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, convocó a una movilización nacional indefinida a partir del próximo 13 de junio, en busca de reivindicaciones y en conmemoración del denominado levantamiento del Inti Raymi protagonizado por el movimiento en 1990.

"Vamos a la movilización nacional indefinida desde el lunes 13 de junio (…) Vamos al levantamiento del Inti Raymi, a recordar esa gesta de la lucha histórica que dieron nuestros taitas [padres] y nuestros abuelos en 1990", dijo Iza en un informe a la nación sobre la realidad de los pueblos y organizaciones. Este informe se realizó mientras el presidente Guillermo Lasso presentaba el suyo sobre su primer año de Gobierno ante la Asamblea Nacional (parlamento).

La fecha de la movilización fue decidida en el Consejo Ampliado que realizó el 20 de mayo la organización indígena en la provincia andina de Cotopaxi (centro).El Inti Raymi (fiesta del sol) es una ceremonia andina que se celebra en honor del dios Sol (Inti) durante el solsticio de junio. El 4 de junio de 1990, la ocupación de la iglesia de Santo Domingo, en el centro de la capital, marcó el inicio del primer levantamiento indígena en Ecuador. La principal reivindicación fue la legalización y entrega gratuita de miles de hectáreas de tierras para los pueblos y nacionalidades, por parte del Gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988–1992).

Esto se logró tras 10 días de una movilización nacional que contempló, entre otras acciones, cierres de carreteras y una marcha sobre la capital desde las provincias amazónicas (este) y de la zona andina (centro) del país.

Al informe a la nación del movimiento indígena asistieron delegados de organizaciones como el Frente Nacional Antiminero, el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos de Ecuador (Feine), la Coordinadora Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocín), la Federación Nacional de trabajadores de la Salud, entre otras.

Iza dijo que existe preocupación en las comunidades por la situación que atraviesa el país en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la educación, el limitado acceso a los servicios de salud y medicamentos, la inseguridad, el avance de la delincuencia, el narcotráfico y la migración.

Señaló que pese a que en la actualidad el precio de barril de petróleo supera los 100 dólares, esos ingresos no se ven traducidos en programas sociales para favorecer a las comunidades campesinas. En ese sentido, dijo que el Estado debe democratizar la riqueza y garantizar los medios de producción a los sectores que sostienen la economía del país como los montubios, campesinos, arroceros, bananeros, maiceros y ganaderos, a quienes llamó a sumarse a la movilización.

La plataforma de lucha de la Conaie contempla la titularización de tierras para pueblos y nacionalidades que se asientan en zonas protegidas, la moratoria por un año para los créditos otorgados a campesinos y el rechazo a la privatización de los sectores estratégicos. Iza llamó a los sindicatos de trabajadores y a los transportistas para que se incorporen a las protestas.

Sputnik

 

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