Nosotras también estaremos

Una vez más, el próximo lunes 16 de abril el foco de atención recaerá sobre los Tribunales. Una vez más, serán objeto de instrumentalización por parte de un Régimen excesivamente preocupado en mantener un orden a estas alturas ya del todo artificial.

Por un lado, en la Audiencia Nacional dará comienzo el juicio contra los ocho jóvenes de Altsasu, acusados por delitos de odio y lesiones y amenazas terroristas y para los que el Ministerio Fiscal solicita unas penas cuya suma alcanza los 375 años de prisión. Y pese a la insistencia jurídica perfectamente fundamentada de la Audiencia Provincial de Navarra de juzgar los hechos en nuestra Comunidad, la denuncia de COVITE – Colectivo de Víctimas del Terrorismo – abrió las puertas para que los hechos fueran juzgados como “actos terroristas” y su admisión a trámite alejó la posibilidad de recibir un tratamiento jurídico acorde y proporcionado con respecto a lo acontecido.

Por otro lado, Boro LH, conocido periodista navarro de La Haine y Kaos en la Red, comparecerá igualmente este mismo 16 de abril ante la justicia tras ser acusado de sendos delitos de atentado a la autoridad y lesiones a dos agentes policiales supuestamente cometidos cuando se encontraba cubriendo una movilización pacífica contra la Monarquía bajo el lema “jaque al Rey” en Madrid un 29 de marzo de 2014. Aquel día, la Policía Nacional cargó frente a las manifestantes y agredió a las periodistas que se acercaban a grabar con sus cámaras la repentina e injustificada respuesta policial. A pesar de contar con pruebas audiovisuales – fácilmente localizables en internet – que muestran claramente cómo Boro en ningún momento ejerció ningún tipo de violencia frente a los agentes – al contrario, se observa como fue él quién recibió golpes y fue inmovilizado –, la Fiscalía solicita la imposición de una pena de 6 años de prisión y 6.200 € de multa para el periodista.

Estamos ante dos casos que, si bien distan considerablemente entre sí tanto desde el plano fáctico como jurídico, han de interpretarse bajo el paraguas de la escalada represiva protagonizada por el Estado español; represión no sólo policial y administrativa, sino también judicial, puesta en marcha ante el mínimo ápice de lo que bajo sus parámetros interpretan como un posible “desafío” al orden preestablecido. El “caso Altsasu” simboliza la persecución premeditada de una condena ejemplarizante hacia lo que entienden un “enfrentamiento” a la autoridad deliberado y organizado, entendiendo como “actos terroristas” unos hechos que fuera de nuestro territorio en ningún caso recibirían este tratamiento, criminalizando a todo un pueblo y alimentando paralelamente el conflicto entre la ciudadanía navarra. Boro, por su parte, es víctima de la persecución de la disidencia, la movilización social y el libre ejercicio de la libertad de información. Pero, por supuesto, no son los únicos casos. Tuiteros/as, titiriteros/as, cantantes, periodistas, escritores/as, etcétera, están sufriendo en primera persona la persecución de la justicia por actos ejercidos al amparo de sus libertades ciudadanas en base a legislaciones cocinadas expresamente para acallar la protesta ciudadana.

La mayoría social no sólo estamos soportando las consecuencias de aquella estafa que algunas se empeñaron en llamar “crisis” y tratando de reactivar un sistema corrompido por las élites políticas y económicas de nuestro país, sino que además se nos inhabilita cualquier opción de mostrar públicamente nuestro hartazgo y se nos persigue en caso de que decidamos movilizarnos, exteriorizarlo y denunciarlo. Paralelamente, vemos cómo el beneficio judicial predomina en los pocos casos de “corrupción” que acaban siendo conducidos ante la justicia, cómo algunos partidos
políticos han convertido las instituciones en su “cortijo” particular, cómo se exhibe simbología fascista con la tranquilidad de quién se sabe impune o cómo se incumple sistemáticamente la ley de memoria histórica a fin de seguir avivando el enfrentamiento ideológico y consolidar la diferenciación entre víctimas “de primera” y “de segunda”. A la par que la protesta social está a cada día más justificada, el Estado no cesa en su constante búsqueda de nuevas fórmulas represivas a través de las cuales difundir el temor, acallar a la población y ocultar su autoritarismo bajo discursos distorsionados aludiendo a la “defensa de la democracia y unidad nacional”.

La regresión democrática y la persecución a toda ideología que se aleje de la que el Régimen procura homogeneizar es una cuestión colectiva a la que hemos de ofrecer respuestas colectivas. Seguir construyendo lazos de solidaridad es fundamental, y por ello desde AHORA NAVARRA – ORAIN MUGITUZ apoyamos sin fisuras tanto la manifestación convocada por la plataforma Altsasu Gurasoak para este sábado 14 de abril exigiendo la necesaria justicia para el “caso Altsasu” y los jóvenes acusados – tres de los cuales, recordemos, llevan más de 500 días en prisión provisional – , como tantas otras movilizaciones que se organicen en este sentido y bajo el objeto de reivindicar libertad, democracia y derechos para todas.

Irene Otal Larequi es miembro de Ahora Navarra - Orain Mugituz