Móstoles: Nuevas irregularidades en el proceso de rescisión del mayor contrato de la trama Púnica

 COFELY ha evitado la rescisión del contrato hasta en dos ocasiones debido a negligencias del gobierno local. La tercera sanción administrativa, que podría rescindir el contrato, ha sido iniciada por la Junta de Gobierno Local hasta en tres ocasiones sin llegar a completar el trámite en ningún caso.

El pasado lunes sacábamos a la luz la escandalosa negligencia de la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria que ha permitido a COFELY, mantenerse en nómina del ayuntamiento, salvando la tercera sanción administrativa, que podría resultar la rescisión del contrato. Pero hoy descubrimos que lo peor de esta imperdonable negligencia por parte de quienes se jactan de gestionar escrupulosamente el dinero público no es la primera, sino que la cronología del proceso sancionador contra esta empresa está plagada de inexplicables descuidos y sospechosos vacíos.

Primer caso. Mayo de 2015-agosto de 2017.
El PP de Móstoles encabezado por el acorralado Daniel Ortiz aprobó en su Junta de Gobierno Local del 12 de mayo de 2015 (en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas que le costarían el gobierno) el inicio del tercer proceso sancionador contra COFELY (la primera sanción se ratificó en febrero de 2015, menos de un año después de adjudicarse el contrato, y la segunda se ratificó el 4 de mayo de 2015) tras examinar un informe del 23 de abril, que calificaba de muy graves los reiterados incumplimientos del contrato por parte de esta empresa.

Tras el cambio de gobierno resultante de las elecciones municipales, el nuevo Concejal de Hacienda, Patrimonio, Régimen Interior y Contratación, Francisco Javier Gómez, del PSOE, se hace cargo del trámite burocrático, comunicándole a COFELY el 28 de junio una prórroga para el plazo de alegaciones ante el citado informe del 23 de abril, dejando como nuevo plazo máximo para su respuesta el 2 de julio de ese año. Pero las alegaciones nunca se presentaron y en lugar de proceder a la sanción, el expediente pasó a dormir el sueño de los justos… hasta el 28 de agosto de 2017, dos años tres meses y 16 días después, cuando una nueva reunión de la Junta de Gobierno Local (ya del gobierno tripartito) certifica la caducidad del expediente iniciado el 12 de mayo de 2015, dado que el plazo de resolución de estos procesos administrativos es de un máximo de tres meses a contar desde el inicio del proceso.

Visto el ferviente interés de PSOE y Ganar Móstoles por la rescisión inmediata del contrato de COFELY durante la campaña electoral, el abandono del proceso que podría haberlo llevado a cabo no tiene el más mínimo sentido si se tiene el objetivo, no ya de rescindir el contrato por la vía burocrática, sino simplemente sancionar una mala praxis. El silencio cómplice del tripartito sobre el caso, es cuanto menos indignante y deja a la vista lo que se ha entendido por gobierno del cambio y oposición responsable todos estos años.
Segundo caso. Octubre de 2017-Abril de 2018.

Como vimos, el pasado mes de octubre la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria lanzó por boca de su responsable, Miguel Ángel Ortega de Ganar Móstoles/Podemos, una nota de prensa ampliamente difundida por los medios de comunicación en la que aseguraba que se iniciaba el tercer y posiblemente definitivo proceso sancionador contra COFELY por sus incumplimientos reiterados del servicio. Sabemos por el acta de la Junta de Gobierno Local del 3 de abril de 2018 que dicho expediente se inició el 9 de octubre a través del acuerdo Núm 11/552 y que se dio por caducado en esa misma reunión del 3 de abril, al volver a rebasarse el plazo máximo de tres meses para su resolución definitiva.

También sabemos que esa caducidad se debió al retraso en la entrega de un informe titulado: “INFORME TÉCNICO EN RELACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR COFELY ESPAÑA S.A. SOBRE EL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE PENALIDADES” que tardó dos meses exactos en ser entregado por la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, habiendo sido solicitado el 22 de noviembre por el Departamento de Contratación a los Servicios de Mantenimiento de Edificios Municipales de esa concejalía, los cuales no lo presentaron hasta el 22 de enero de 2018, ya fuera del plazo límite de resolución (el 9 de enero) como hace constar el Departamento de Contratación el 21 de marzo de 2018. No parece haber ninguna explicación lógica para demorar durante dos meses la entrega de un informe contra las alegaciones de COFELY, máxime cuando los incumplimientos de esta empresa son reiterados, evidentes y están debidamente documentados.

La única explicación a ese re traso se debe, quizás, el interés prioritario de la concejalía de Miguel Ángel Ortega por atajar el escándalo de la suciedad de los colegios públicos, denunciado por padres y madres de alumnos precisamente en las fechas requeridas para la realización del informe, en detrimento de este otro proceso burocrático.

En cualquier caso, tanto el gobierno como la concejalía implicada, han preferido ocultar a la opinión pública mostoleña esta flagrante negligencia contra los intereses económicos de nuestro pueblo hasta que la denuncia pública de SOMOS la ha sacado a la luz.
Pero por si esto fuera ya poco motivo de indignación, la cuestión toma tintes verdaderamente preocupantes si nos dedicamos a estudiar el acta de la reunión de la Junta de Gobierno Local del 9 de octubre de 2017, la que presuntamente propone el inicio del procedimiento sancionador contra COFELY que se da por caducado el pasado 3 de abril. Y es que entre sus numerosos acuerdos y resoluciones no aparece ninguno signado con el código 11/552, ni ningún otro en el que se proponga sanción alguna a COFELY. Sencillamente, no aparece recogido en el acta oficial publicada en la web municipal, tal y como se menciona el acta del 3 de abril de 2018, dando así un giro desastroso a la ya chapucera gestión que el gobierno “del cambio” está haciendo de este caso.

¿Se olvidaron de constatar en acta un proceso sancionador que sin embargo se anunció a los medios de comunicación? ¿Acaso se ha modificado el acta a posteriori para borrar la chapuza que implica dejar caducar la sanción que se proclamaba como definitiva contra COFELY? ¿O quizás es que los documentos oficiales que se incorporan a la web municipal no son dignos de confianza? Parece que el gobierno no solo no es capaz de gestionar la ciudad con un mínimo de eficacia, sino que son sus propios errores los que lastran el buen desarrollo de nuestro municipio.

Desde Socialismo Mostoleño (SOMOS) volvemos a reclamar la asunción de responsabilidades ante esta reiteración de daños al patrimonio y al buen nombre de Móstoles, exigir la salida de COFELY de nuestro ayuntamiento y la municipalización de su servicio.
Móstoles merece y necesita un gobierno a la altura de su pueblo. Un gobierno digno.

Móstoles 7 de mayo de 2018

Comisión de Comunicación de Socialismo Mostoleño (SOMOS)