Paraguay: feroz represión policial deja 52 campesinos detenidos

El conflicto por el acceso a la tierra volvió a sacudir a Paraguay luego de que, el viernes 6 de diciembre de 2025, la Policía Nacional realizara un violento operativo contra una caravana campesina que se dirigía a la estancia Lucipar, un latifundio de 11.000 hectáreas incautado al narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, y actualmente administrado por SENABICO. La acción estatal terminó con 52 personas detenidas, decenas de heridos y profundizó el debate sobre a quién protege realmente el Estado paraguayo en un país con la distribución de tierras más desigual del mundo.

La movilización fue impulsada por organizaciones de base que integran la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), cuyos miembros habían anunciado desde semanas antes su intención de ocupar el predio, exigiendo que estas tierras malhabidas, incautadas al crimen organizado, fueran destinadas a la reforma agraria, tal como permite la ley. A pesar del fuerte dispositivo policial desplegado para impedir el ingreso, los labriegos lograron atropellar los portones con camiones y camionetas, lo que desencadenó un operativo represivo inmediato. Entre los 52 detenidos, 23 mujeres fueron liberadas al día siguiente por disposición fiscal, mientras que 29 hombres permanecen aprehendidos, procesados por una batería de delitos que incluye invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia e incluso tentativa de homicidio, según la información del Ministerio Público.

Una represión que expone la disputa estructural por la tierra

La fallida ocupación reavivó tensiones históricas entre tres bloques: los campesinos organizados que reclaman tierra para vivir y producir; los gremios empresariales que presionan para subastar o arrendar la estancia Lucipar; y un Gobierno que intenta sostener simultáneamente la defensa de la propiedad privada y su discurso de combate al narcotráfico.

Aunque la legislación paraguaya permite que bienes incautados al crimen organizado sean donados para fines sociales, diversos sectores del agronegocio han presionado para que las 11.000 hectáreas de Cabeça Branca sean puestas en subasta o entregadas en concesión. En este contexto, la represión del 6 de diciembre no hizo más que profundizar el convencimiento de que el Estado actúa con firmeza para proteger propiedades vinculadas al crimen organizado y no para resguardar derechos campesinos.

La situación generó un fuerte malestar político. Voces críticas, como la de la dirigente Judith María Vera, denunciaron que el ministro del Interior, Enrique Riera, utiliza la Ley 6.830/2021 —que criminaliza la invasión de inmueble— como herramienta para reprimir demandas sociales legítimas. “¿Para qué querés el poder si no es para quienes más lo necesitan?”, cuestionó, acusándolo de haber abandonado principios democráticos para alinearse con el cartismo.

A ello se sumó una polémica declaración del Subcomandante de la Policía Nacional, quien afirmó —sin evidencia— que el obispo de San Pedro, Mons. Pierre Jubinville, estaba siendo investigado por incitación a invasiones. El señalamiento fue calificado como un intento de intimidar a la Iglesia en un departamento donde históricamente ha apoyado la lucha campesina.

La situación actual de los 29 campesinos detenidos y el impacto social

En este momento, la situación de los 29 campesinos hombres detenidos continúa siendo crítica. De ellos: 27 fueron enviados a la cárcel regional de San Pedro, un penal con hacinamiento severo: más de 1.500 reclusos en un espacio diseñado para 1.000.

Uno obtuvo arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Otro permanece internado bajo custodia policial por razones médicas.

Todos enfrentan imputaciones que van desde daños y coacción hasta tentativa de homicidio doloso, lo que aumenta la preocupación entre organizaciones de DDHH por una criminalización excesiva.

En paralelo, comunidades campesinas realizan asambleas y colectas para apoyar económicamente a las familias de los detenidos y reparar los vehículos que fueron dañados durante el operativo policial. Muchos manifestantes denunciaron que agentes rompieron parabrisas, espejos y señalizadores, y que durante la dispersión se produjeron robos de baterías, herramientas, radios y equipos de sonido sin que la policía garantizara resguardo alguno.

Paraguay posee la distribución de la tierra más desigual del planeta. Se estima que 7,8 millones de hectáreas fueron tierras malhabidas otorgadas durante la dictadura stronista, que el 70% de la tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, y que alrededor de 300.000 familias campesinas carecen de tierra. En este escenario, la respuesta estatal basada en la criminalización, lejos de resolver el conflicto, lo intensifica.

La crisis por Lucipar también revela un modelo político-económico que privilegia los intereses de élites agroexportadoras y mantiene estructuras de concentración heredadas de la dictadura. En un contexto de inflación, aumento del costo de vida y de la pobreza, y creciente descontento social, distintos analistas advierten sobre el riesgo de que nuevas represiones puedan detonar un conflicto de mayor escala.

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