Brasil: la masacre policial de Río de Janeiro

La incursión de las fuerzas policiales comandada por Cláudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro, en las primeras horas del martes 28 de octubre, generó la operación militar más mortífera de la historia de Brasil. La masacre, una verdadera matanza, provocó (probablemente todavía hay desaparecidos) 128 víctimas.

Una violencia bárbara que refuerza la espiral de la llamada política de guerra contra las drogas, que rodea las comunidades y las favelas de Río, colocando a la población de clase trabajadora en la línea de fuego entre las fuerzas estatales y las facciones criminales (ya sean milicias o narcotraficantes). El número de muertos superó la masacre de Carandiru, en la década de 1990, que tuvo lugar en São Paulo.

Caos, violencia y responsabilidad estatal

Después de la operación, el caos se extendió por toda el área metropolitana de Río de Janeiro. Cientos de puntos entre la Zona Norte, Lapa y São Gonçalo fueron bloqueados. Las represalias de los narcotraficantes (el grupo Comando Vermelho – Comando Rojo en una traducción libre) canceló clases escolares y universitarias, generó pánico y mantuvo a cientos de miles de personas como rehenes durante las últimas 40 horas en Río.

La ONU emitió una declaración calificándolo de crimen bárbaro. El caso del mayor baño de sangre en una sola acción exacerba otras masacres, como las que ocurrieron anteriormente en Morro do Alemão, Vila Cruzeiro y Jacarezinho (río de Janeiro favelas). El gobernador Cláudio Castro ordenó directamente la operación, buscando la atención de los medios y el prestigio a costa de la letalidad y una batalla por las narrativas. El uso de la justificación del “narcoterrorismo” es un paso más en la trama de la extrema derecha, al estilo de Trump, que militar y políticamente provoca a Venezuela y Colombia, buscando desestabilizar a sus gobiernos y ejercer influencia directa sobre ambos países. El hilo común en ambos casos es la barbarie neofascista.

En la operación el Comando Vermelho hizo uso de armas pesadas, 90 rifles fueron incautados, y la policía también denunció el uso de drones de alta tecnología.

La acción genocida, ejecutada cara a los medios de comunicación por el gobernador de Río, motivada en parte por sus intereses electorales, debe ser condenada como principal culpable de esta masacre. La operación no fue solo un desastre, sino que también tuvo consecuencias que infringieron toda legalidad al ocultar cadáveres, manipular datos, en el mayor intento de criminalizar las favelas y comunidades de la historia brasileña.

Farsa y genocidio

La acción de la Policía Militar de Río de Janeiro es una farsa. Sabemos que la política de “guerra contra las drogas” o “guerra contra el crimen” tiene el único objetivo de escalar la militarización de las comunidades y ampliar el genocidio de los jóvenes pobres y negros en las zonas desfavorecidas del país.

El tráfico de drogas y el tráfico de armas involucra a toda una industria que opera no sólo en el marco de la impunidad o la complicidad estatal, sino en una profunda interconexión.

Las acciones policiales contra los niveles superiores del crimen organizado, ya sea la que incautó rifles en la casa de Ronnie Lessa o la que se llevó a cabo hace unos meses en Faria Lima (un área del sector financiero de alto nivel) en São Paulo, no dieron lugar a ninguna muerte e incluso no se llegó a disparar un solo tiro.

Las acciones de facciones, traficantes y milicias oprimen a todas las comunidades de Río y Brasil, teniendo la libertad de mover fortunas en un sector deliberadamente ilegal para seguir el flujo de estos verdaderos millonarios, que alimentan la corrupción dentro de las instituciones policiales con empresas en diversos sectores: bienes raíces, entretenimiento y la industria del deporte.

Fuera Castro, poner fin a la guerra contra las drogas y activar la movilización

Hay estructuras de la dictadura militar brasileña que permanecen sin cambios, militarizando la vida social, con la represión sistemática de los movimientos populares y una política de seguridad basada en la guerra contra las favelas y contra los pobres. En este sentido, como se afirma en la reciente actualización programática del PSOL (Partido Socialista y de la Libertad), la desmilitarización de la policía y la construcción de “una nueva política de drogas que confronte el genocidio de los negros y el encarcelamiento masivo, centrándose en la salud pública y el cuidado en libertad, combatiendo el modelo privatizado de las comunidades terapéuticas, reemplazando la lógica del castigo con alternativas de justicia restaurativa con una perspectiva de género y racial y la reparación de los territorios afectados por la represión policial” son fundamentales.

Varios movimientos sociales, especialmente los vinculados al movimiento negro y las periferias, ya han indicado la necesidad de una fuerte respuesta en la calle el día 31, estando convocadas manifestaciones en varias ciudades capitales de todo Brasil.

Finalmente, como tarea inmediata, apoyándose en la más amplia unidad y movilización social, tiene como consigna “¡Castro Fuera!”. El criminal Cláudio Castro debe salir del Palacio de Guanabara y a una prisión, porque de lo contrario veremos nuevas masacres perpetradas por el Estado y disfrazadas de política de seguridad pública.

Traducción: G. Buster