Un pequeño político se afana en los últimos días en llenar de lodo el nombre y la dignidad de un pueblo viejo, al que hace dos siglos llaman España.

En una de las más acabadas expresiones de la perversión de la democracia, el jefe del gobierno español contra la voluntad de la inmensa mayoría de las/os ciudadanas/os, y vulnerando abiertamente las normas constitucionales sobre atribución de competencias para la declaración de guerra, participa con un tesón de un inspector de Hacienda en la estrategia de preparación de la agresión contra Irák, ordenada por la Casa Blanca. De nada parece haber servido las multitudinarias manifestaciones del día 15 de febrero. En un ejercicio de cinismo inusitado y valiéndose de un sucio ardid reglamentario, el PP ha pretendido legitimar su política de servilismo a Washington a través de la instrumentalización del reciente Acuerdo del Consejo Europeo. Con cierta vacilación y torpeza el PSOE ha evitado el engaño y se ha mantenido, por el momento, del lado de la oposición a la guerra. Con ello ha aplazado la agudización de la crisis institucional a la que ha conducido el insensato atlantismo de Aznar al régimen parlamentario urgente. Una crisis que se expresa en la aguda disociación existente entre el sentimiento antibélico de las/os ciudadanas/os y el militarismo gubernamental y las ambigüedades de la oposición por otro. En ningún otro tema como el de la guerra puede llegar a ser tan manifiesta la disociación entre la política instituída y las gentes; y en ningún otro esta disociación puede alcanzar efectos tan críticos.

A estas alturas se posee la información suficiente para desechar las falacias utilizadas por la Administración Bush y sus satélites, para justificar la agresión iraquí. La cruzada contra el terrorismo, en particular, parece tan poco adecuado como difuso para justificar la invasión. Está sirviendo, eso sí, para legitimar un dispositivo de acoso permanente y criminalización contra diversas modalidades de disenso del sistema dominante. Se ha dicho, y es verdad, que el terrorismo es la figura histórica en nuestro siglo llamado a desempeñar el papel del “comunismo” durante buena parte del siglo xx.

Mientras, la guerra cotidiana del capital contra los trabajadores, contra la democracia, y contra la conservación de la naturaleza y nuestra especie no cesa. La catástrofe del Prestige ha suscitado una reacción social esperanzadora que ha producido una ampliación de las dificultades que el gobierno Aznar ha comenzado a sentir desde la huelga general del 20 J. La manifestación del 23 de febrero del 2003 a una semana de la de la guerra, muestra la disposición de la sociedad civil a mantener su pulso con un gobierno que pierde legitimidad democrática de forma acelerada. Los gritos de dimisión pueden ya ser ampliados a la consigna “abajo el gobierno” que se escuchó la jornada del 15F junto a la de “no a la guerra”. Es verdad que los gobiernos del Estado y de la Xunta, son incompetentes como gritaron los manifestantes. Pero más allá de esa incompetencia, el comportamiento de estos Gobiernos es criminal, permitiendo y hasta fomentando el tráfico marítimo de sustancias peligrosas (algunas mucho peores que el crudo, tal como los residuos tóxicos y peligrosos) bajo bandera de conveniencia y con nulas condiciones de seguridad.

La consigna “abajo el Gobierno” no sólo es moralmente justa, sino políticamente adecuada. Hoy puede convertirse en el aglutinante de millones de ciudadanas/os que comienzan a salir de la pasividad en la que parecían sumidos.

Tal vez aún esa consigna no sea ni asumida ni enunciada contundentemente, pero los acontecimientos de las últimas semanas aportan al conjunto de la ciudadanía, una experiencia que puede hacer correr aceleradamente, un camino de años. Para ello es necesario además que los sectores mas consistentes de la oposición a la guerra, multipliquen las iniciativas que permitan mantener el protagonismo ciudadano.

Lo importante es que el centro del debate sobre la guerra continúe en la sociedad, no abandone la calle. Hay que evitar, por todos los medios, que quienes han desarrollado una actividad de afirmación ciudadana “vuelvan a casa” a esperar a que el telediario les indique las posiciones a adoptar. Los partidos políticos, especialmente los de gobierno, buscarán este repliegue denodadamente utilizando las eventuales movilizaciones como meras cajas de resonancia de sus posiciones partidarias. En última instancia van a intentar que la disyuntiva entre guerra y paz, se resuelva como resultado de los juegos de poder, de estrategias políticas y diplomáticas. Porque sienten que se legitiman ante las instituciones. Las del imperio unos, los del PP. Las de la ONU y la UE, los otros, el PSOE. Los pueblos ya tienen la ocasión de expresar su opinión cada cuatro años de pagar anualmente sus impuestos.

Pero en este comienzo de siglo, todas las instituciones políticas y el Estado en primer lugar, están probando su absoluta incapacidad para hacer frente a los problemas de nuestro tiempo. Más aún, se extiende cada vez más la idea, que son las instituciones políticas la causa fundamental de los problemas, especialmente aquellos relacionados con la guerra. Después de tres décadas de crisis económica, están prácticamente abandonadas las ilusiones relativas a la capacidad del Estado para corregir los desperfectos sociales y ecológicos de la economía capitalista.

El movimiento anticapitalista tiene por delante muchas y difíciles tareas. Pero en la oposición a la guerra, tiene la posibilidad de abrir una crisis política que favorezca un reequilibrio de fuerzas. Un bloque social alternativo al dominante podría tener la posibilidad de configurarse en torno a la oposición a la guerra. Que sea verdaderamente alternativo al dominante dependerá de que en su seno se consolide una posición capaz de mostrar con claridad las conexiones de la guerra que se prepara con el sistema económico que nos hace padecer paro, pobreza y exclusión. Que evidencie que la guerra es una componente esencial de este sistema; y que sólo con su superación podrá nuestra especie imaginar y vivir un futuro de paz, justicia social y libertad.

Febrero, 2003

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