A 90 años del 18 de julio de 1936. Guerra y revolución en España

Fue el momento de un golpe llevado a cabo por militares, con el apoyo indisimulado del gran empresariado, los terratenientes y la Iglesia. Y la activa complicidad de las grandes potencias fascistas.

El amanecer del poder popular

Si aquello se convirtió en una confrontación bélica es porque las organizaciones obreras y campesinas y los partidos de izquierda ejercieron con éxito la resistencia armada contra el avance de los golpistas.

Eran milicias con algo de preparación previa o sin ninguna. Con armamento escaso y a menudo anticuado, vencieron en muchos casos a fuerzas militares y policiales sublevadas en combates encarnizados. Contaron con la colaboración de oficiales del ejército, la aeronáutica y las policías contrarios al golpe. Los civiles armados mantuvieron el protagonismo.

Se consiguió la derrota del movimiento sedicioso en Madrid y Barcelona. Impidieron la sublevación de Valencia. Las tres ciudades más pobladas y con más peso social, político y cultural del país quedaron en manos antifascistas, con el movimiento obrero al frente. Algo similar ocurrió con un gran número de ciudades y pueblos en toda la península.

Lo hicieron pese a las vacilaciones y retrocesos que se produjeron entre los más conservadores del campo republicano. Allí no escaseaban los burgueses "de izquierda". Quienes tenían más temor a la revolución social que al fascismo. Los mismos que en muchos casos le negaron armas al pueblo que las reclamaba para el enfrentamiento contra sus enemigos históricos.

La resistencia se trocó en transformación revolucionaria. Eso una vez que el pueblo armado alcanzó la victoria y fue consciente de su poder. Con amplia colectivización de la industria, el comercio y los transportes en las ciudades. En el campo dio lugar a comunas autónomas que abolían la propiedad privada.

Por eso la llamada "guerra civil" también debe ser considerada como escenario de la revolución española. Las corrientes más radicalizadas en el campo republicano así la caracterizaron siempre.

No pocas de las obras maestras de la historiografía acerca del formidable choque de 1936 llevan a la revolución en su título. Para citar dos: La revolución y la guerra de España, de Pierre Broué y Emile Temime. Y La guerra civil española. Reacción, revolución y venganza, de Paul Preston.

El pueblo armado establecía no sólo el cambio en la propiedad sino el autogobierno, la autoorganización, la autoactividad de las grandes masas. Un orden nuevo implantado desde abajo. Una auténtica democracia como nunca antes había existido.

De la contrarrevolución al genocidio

La sedición tuvo desde el comienzo la finalidad de arrasamiento de todas las conquistas que, con avances y retrocesos, había instaurado la república a partir de su establecimiento en abril de 1931.

Las clases dominantes y las fuerzas de la reacción no soportaban los principales cambios producidos: Las reformas en el campo que restringían los derechos de los propietarios, el fortalecimiento de la combatividad y el poderío de los sindicatos obreros, urbanos y rurales.

Tampoco las políticas que recortaban el poder de la Iglesia, la implantación de estatutos de autonomía, el avance de los derechos de las mujeres, la ampliación inusitada de la educación pública. Ni la reducción de prebendas de las fuerzas armadas.

El capital extranjero tenía fuerte implantación en la economía. Así la minería, el transporte ferroviario, la energía, las comunicaciones. Marchaban en primer lugar las inversiones francesas. Con relevante incidencia también de las británicas y belgas. Esos intereses preferían un gobierno "de orden". Tenían ojeriza a cualquier impulso revolucionario.

Todas las vertientes del pensamiento retrógrado confluyeron en el alzamiento antirrepublicano, con los fascistas de Falange Española al frente. Y la colaboración activa de católicos integristas y monárquicos de distintas dinastías.

Ya habían conformado coaliciones electorales para el freno a "las izquierdas". Ahora, ante una nueva situación, daban un salto de calidad: Una suerte de "pacto de sangre", consciente desde el principio de que acarrearía la muerte de centenares de miles de españoles.

Proclamaban la lucha contra el marxismo y la "conspiración judeomasónica". Y se proponían el quite de raíz todo lo que oliera a socialismo, tuviese aspiraciones democráticas sustantivas o no mantuviera una actitud reverencial frente a la religión católica y la Iglesia.

El modo en que procuraron cumplir con esas finalidades condujo hacia prácticas genocidas. No se conformaban con la supresión de los avances de la República.

Querían "redimir" a la sociedad española de lo que consideraban influencias nefastas, que cuestionaban poderes y privilegios fundamentados en siglos de opresión. Lo que incluía la "depuración" de todas las instancias de decisión. Desde la enseñanza primaria al funcionariado público y el poder judicial, los "rojos" eran excluidos. Como mínimo, les tocaba la cesantía. En el peor de los casos una larga condena a prisión o incluso a muerte.

Ninguna táctica de depuración podía ser tan eficaz como la muerte de los enemigos. Emprendieron el exterminio de todos aquellos con actuación destacada en sindicatos, partidos de izquierda, la masonería, los nacionalismos regionales, núcleos culturales alternativos.

Hicieron la guerra durante casi tres años, con utilización del modelo de deshumanización y exterminio desarrollado antes en el combate contra los marroquíes que resistían la dominación colonial hispánica.

Al igual que los colonizados, los llamados "rojos" eran presentados como seres inferiores, que odiaban a la "civilización" que se les quería imponer. La contraposición de clase, de ideología, de religión, de nacionalidad, daba lugar a que los "otros" fueran presentados casi como una raza diferente. Un "cuerpo extraño" a la "verdadera España", que debía someterse o ser destruido.

Una furia singular se desplegó contra los maestros y maestras, a quienes se consideraba predicadores de ideas extrañas a las mejores tradiciones hispánicas. Que no eran otras que la Santa Inquisición, el absolutismo monárquico, la judeofobia. Bases de una sociedad jerárquica en la que las "clases inferiores" estuvieran sujetas sin chistar a la explotación y el dominio político de los "superiores", dueños del capital y la tierra.

Las mujeres fueron víctimas propiciatorias de enemigos pletóricos de misoginia. Todo tipo de represalias se desencadenaron sobre ellas, incluidas las violaciones y el escarnio público. Se les hizo pagar las "culpas" propias y las acusaciones contra sus padres, esposos e hijos.

Durante el conflicto y hasta años después de su terminación, se prodigaron por miles los asesinatos. Mediante un tiro en la nuca, sobre todo al principio. O previa sentencia de tribunales militares en juicios amañados, sin verdadero derecho a la defensa ni preocupación por las pruebas.

Quienes se salvaban de la ejecución fueron enviados a cárceles signadas por el hacinamiento, la falta de higiene, los trabajos forzados y el extremo maltrato físico y psicológico.

Alguna vez Francisco Franco afirmó que estaba dispuesto a matar a media España con tal de imponer sus propósitos. Mató a muchísimos y acalló por medio del terror y la vigilancia constante a buena parte de quienes quedaron con vida.

Los privó de los derechos más elementales y hasta les arrebató a sus hijas e hijos, en una gigantesca operación de robo de niñas y niños. Les negó una tumba conocida a más de cien mil de sus víctimas, sujetos de entierros clandestinos en espacios sin nombre ni señales. Sus cuerpos son hasta hoy objeto de una búsqueda incesante. Y mantuvo en el destierro a quienes habían preservado sus vidas saliendo de España.

El esfuerzo de guerra para "librar a España del comunismo" fue la justificación inicial de las atrocidades de los sediciosos. Que incluyeron el bombardeo de la población civil indefensa, como en Guernica y la "desbandá" en la carretera a Almería luego de la caída de Málaga.

Una vez cesados los combates y con el "Nuevo Estado" en posesión de todo el territorio, el encarcelamiento masivo y los asesinatos judiciales continuaron. Querían terminar la "redención" de España del "enemigo rojo" que, según ellos, la había corroído por dentro.

Una mirada histórica cargada de presente y porvenir

El alzamiento de julio de 1936 fue el portal de entrada al período más lúgubre de la historia española. A consecuencia de ese pronunciamiento el gobierno constitucional fue reemplazado por una dictadura que duró cuatro décadas.

La segunda república española resultó asesinada mediante los métodos más inhumanos. La justicia histórica y política para esa barbarie conlleva hoy a la supresión de la monarquía cuya "legitimidad" inicial proviene del triunfo de los golpistas en la llamada "guerra civil". Y de la decisión de Franco de instaurarla en violación de las reglas dinásticas. La "transición" nació de un pacto de impunidad y de las garantías para los capitalistas de la intangibilidad de sus intereses.

En la valoración histórica es indispensable el énfasis en la experiencia liberadora y de imperio de la voluntad popular sin tapujos que llevaron adelante una parte de las clases explotadas. Con la orientación de las corrientes políticas más radicales, como los anarquistas, la izquierda socialista y el Partido Obrero de la Unificación Marxista (POUM).

Es un ejemplo luminoso de lo que puede alcanzarse en términos de emancipación humana basada en la iniciativa popular. También una muestra de hasta dónde puede llegar el ímpetu de venganza de los poderosos frente a la proyección de los de abajo.

Propiciar el advenimiento de la Tercera República constituye una apuesta por la recuperación plena de la memoria y la dignidad. Sostenerla en alto es un compromiso irrenunciable para quienes comparten los ideales de la verdadera transformación social. Y de la democracia como verdadero autogobierno del pueblo dotado de una soberanía plena.

Los ideales de la segunda república y su radicalización por los revolucionarios más consecuentes son banderas dignas no sólo de evocarse como memoria. Sino de adoptarse como divisa presente hacia la victoria.

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