A un año de la fuga de 5 niñas de un centro de menores de Hornachuelos

El pasado 29 de junio hizo un año que el Centro para Menores con Trastorno de Conducta Prado de Santa María de Hornachuelos, perteneciente a la Fundación Arco Iris y concertado con la Junta de Andalucía, salió a la luz pública después de que cinco chicas se fugaran de las instalaciones y denunciaran haber sufrido malos tratos por parte del personal educativo, encierros de aislamiento como forma de castigo y medicación sedante en exceso.

Aquel suceso no sólo puso en duda la forma de trabajar que esta institución emplea con los menores, que por otra parte, ya fue objeto de dos denuncias anteriores por circunstancias similares, sino al tiempo, el escaso control que la Junta de Andalucía realiza sobre los centros privados en los que delega su responsabilidad.

Si bien, la realidad a día de hoy, tras doce meses de un absoluto silencio oficial acerca de lo que ocurrió en el centro, confirma que, la gran mayoría de las denuncias que se producen similares a éstas caen en saco roto y, mientras la Junta tapa las anomalías que detecta en los centros y da visión de normalidad, éstos continúan funcionando y los menores no tienen a nadie que pueda defenderlos.

De hecho, el centro de Arco Iris a día de hoy continúa funcionando con total normalidad y ni las denuncias ni las sospechas sobre su funcionamiento, han podido impedir que la Administración andaluza autorizara a dicha institución poner en marcha dos centros más en Córdoba.

Desde el último requerimiento de información sobre la investigación que el Defensor del Pueblo hizo a la Junta en diciembre de 2008, sólo ha recibido un informe de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social justo la semana pasada. En él se obvia cualquier sanción o actuación contra el centro de menores y únicamente se recoge que la denuncia concluyó con el traslado de cuatro de las chicas “a otros centros que atendieran sus necesidades”. A Piedad, la única de las cinco que se mantuvo firme en sus acusaciones y cuya causa contra el centro continúa abierta en el juzgado, le concedieron una plaza en un centro de Cádiz aunque, fuentes cercanas a la familia, no han podido confirmar que la niña se encuentre allí ingresada.

El modo en que Igualdad y Bienestar Social resolvió la denuncia contra los profesionales del centro de Arco Iris y el mutismo sobre el resultado de su investigación confirman que los técnicos encontraron motivos suficientes para sacar a las chicas de allí, pues pese a que éstas retiraron la denuncia con el traslado dan a entender que no estaban recibiendo el trato ni las terapias adecuadas conforme a sus patologías y que las anomalías que denunciaron eran ciertas. Lo han tapado todo y el centro sigue funcionando como si nada.

El que aquel terrible suceso haya acabado con la impunidad del centro no es un hecho aislado. Tanto es así que la gran mayoría de las denuncias contra el trato que los menores reciben en sus centros terminan quedando en el olvido y sin que nadie haga nada. El motivo es que detrás de estos niños siempre suele haber una familia desestructurada, con importantes carencias sociales y que por norma como en el caso de Piedad, no tienen capacidad para luchar contra la Administración para que se descubra la verdad.

Aunque en este sentido, deberían ser instituciones como el Defensor del Menor o el propio sistema de Protección de Menores quienes lucharan por la causa y por estos niños, no siempre lo hacen y como resultado la Junta siempre acaba actuando igual. Corre un tupido velo, quita a los menores de enmedio y aquí no ha pasado nada.

De hecho, el propio Defensor del Menor ya tenía conocimiento de que en centros de menores como el de Hornachuelos se empleaban técnicas de aislamiento, lo denunció y pese a ello no ha hecho nada para obligar a la Junta de Andalucía a que interviniera.

Ahora, sólo queda esperar el resultado que la Justicia da a la denuncia de Piedad. Si bien, de momento el juzgado continúa requiriendo pruebas y la joven sus más allegados desconocen dónde se encuentra.

El juzgado que instruye la denuncia de malos tratos contra los profesionales del Centro para Menores con Trastorno de Conducto Prado de Santa maría de Hornachuelos ha requerido hace escasamente veinte días una carta que Piedad escribió de puño y letra relatando el trato que recibió por parte de los profesionales educativos y que, hasta ahora se encontraba en manos de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni).

La menor relataba que los monitores llegaron a pegarle “dos hostias” y que la encerraron en una celda de dos metros durante una semana. Además, la chica aseguraba que había visto como en el centro se maltrataba a otras menores y que sus profesionales les adminstraban medicamentos “que me dejaban atontada y me caía de la cama al levantarme por las mañana”.

Ahora, un año después de las terribles acusaciones, esta información por fin está ya en manos del juez que está al frente del caso y tras su decisión de requerirla a Prodeni, el proceso sigue su curso.