ePub
pdf
Andalucía: Tierra del golf
Desde el 2006, el presidente Chaves va retardando la aprobación en el Parlamento andaluz del decreto regulador sobre la instalación de campos de golf en la comunidad autónoma. El portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, quita hierro al asunto, afirmando rotundamente la poca importancia del decreto, por su escaso impacto en la ciudadanía. Por su parte, el consejero de la presidencia asegura que estará aprobado antes de las elecciones, lo que no es muy probable debido a la repercusión electoral que esta medida supondría en los organismos financieros y empresas constructoras, ya que se regulará la construcción desmesurada de campos de golf por el territorio andaluz, así como en las reacciones judiciales y de protesta que llevarían a cabo los grupos ecologistas y de presión social.
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de campos de golf de España, siendo Málaga, la provincia con mayor concentración de campos de golf del estado y Europa. Es por ello que esta comunidad se está convirtiendo en foco de un turismo elitista, que a su vez produce una oferta y actúa como caldo de cultivo de la creación de campos de golf e instalaciones residenciales de forma exponencial. Estas instalaciones incluyen normalmente hoteles, y zonas residenciales con chalets y segundas viviendas para las capas altas del entorno y extranjeras, lo que origina una atracción de las constructoras y especuladores hacia aquellos suelos “vírgenes” para poder explotarlos, como está ocurriendo en todo el terreno andaluz (en especial las zonas interiores, como las sierras de Cádiz, Sevilla y Málaga en la actualidad), con la construcción de complejos de golf. Estas constructoras, por ende, tienen vía verde para construir, incluso sin licencia, y sin unos límites judiciales que restrinjan estos negocios.
Por otro lado, este fenómeno, además de traer consigo intereses mucho mayores que la simple construcción de estas pistas, hace que el consumo de agua se dispare. Al cuidado de los campos, hay que añadir el gasto de agua de las residencias y hoteles que van unidos a estas instalaciones, provocando la sobreexplotación de acuíferos y acelerando la desertización de las zonas colindantes. El escándalo más reciente es la recalificación de 232 hectáreas en Trebujena (3 veces la superficie del pueblo), en donde se planea crear un complejo hotelero (con campos de golf) de 80 hectáreas; todo ello junto al Parque Nacional de Doñana, con el correspondiente impacto paisajístico que esta instalación supone. El agua para este complejo no está garantizada, ya que no hay ninguna planta depuradora de agua en Trebujena, y si lo construyeran, no serviría para abastecer ni a la mitad del complejo. Los acuíferos, de nuevo, serán la solución.
Casos como este último, siguen dándose por todo el territorio costero (e interior) andaluz, para el beneficio de promotores y saltándose las leyes de ordenación del territorio y los planes de protección del medio ambiente. En este sentido, hay que denunciar el doble juego de la Junta de Andalucía, ya que de cara al público apuesta por el desarrollo sostenible, pero a escondidas sigue apostando por proyectos urbanísticos especulativos que suponen la explotación del agua y el suelo, y la destrucción del paisaje andaluz. En toda esta política cabe plantearse el fin de la Junta con el control de las competencias del agua.
