Canarias: 3.452 maestras y profesoras interinas y sustitutas estarán en la calle en septiembre

Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria de Canarias exigen a la Consejería de Educación la retirada del “decretazo” por el que se establece el procedimiento de constitución de listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos. Denuncian que tanto la Consejera, Milagros Luis Brito, como la Directora General de Personal, María Teresa Covisa Rubia, son mujeres y no dudan en poner en la calle a un sector mayoritario de la población docente como son las maestras y profesoras de la enseñanza pública no universitaria de Canarias.

Todo esto está motivado por el empecinamiento de la Consejería en no querer negociar, no aceptar las propuestas sindicales y ni siquiera respetar los acuerdos firmados por ella misma con los sindicatos respecto de las listas de reservas de los interinos y sustitutos de Canarias.

El recorte presupuestario de 2010 no debió afectar a la Educación, como así ha ocurrido en los Presupuestos Generales para 2010, pero los sindicatos señalan que, en el mejor de los casos, no se debe seguir contribuyendo a la creación del desempleo, como parece ser la tónica de este “desgobierno” autonómico, aumentando con este Decreto, y de manera “unilateral”, la lista de desempleo (3452 mujeres interinas/sustitutas-un 71,30% en lo que va de curso) poniendo en riesgo, incluso, a miles de familias.

Muchas de estas familias son monoparentales, sin posibilidad de retorno no sólo a la docencia sino, también, al mercado de trabajo, ya que muchas mujeres que actualmente ocupan puestos como docentes, tienen una media de edad próxima a los 47 años de edad y más de 15 años de servicio activo en esta Consejería, siendo, por tanto, las más vulnerables para poder acceder al mercado laboral, dentro o fuera del sistema educativo canario.

Los sindicatos piden “cordura y sensibilidad” a la Administración Educativa Canaria para que sea capaz, al menos por una vez, de respetar los derechos de la clase trabajadora de la que es responsable en estos momentos y retire este “DECRETAZO” que va a destrozar a miles de familias canarias, y si tiene que reducir que lo haga de otras partidas presupuestarias superfluas que, por cierto, hay muchas en los presupuestos generales de Canarias para 2010 y que no afectan a la ciudadanía de manera tan grave y sangrante.

Las mujeres interinas y sustitutas son el 71,30%, del total de profesorado interino y sustituto o lo que es lo mismos, 3.453 mujeres interinas o sustitutas del total de 4.851 nombramientos.

En el cuerpo de maestros las mujeres interinas representa en 82% o lo que es lo mismo 1.599 mujeres interinas o sustitutas del total de 1.950 nombramientos de interinos y sustitutos.

MOVILIZACIONES EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

CCOO,UGT, SEPCA, Intersindical Canaria y CEMSATSE- no descartan convocar una huelga general si el Gobierno canario no da marcha atrás en la aprobación del conocido como decretazo, que según las centrales de trabajadores “ponen en riesgo el puesto de trabajo de entre 15.000 y 20.000 personas” que en estos momentos desarrollan su labor de forma interina en el sector de la Sanidad y la Educación.

Las primeras movilizaciones están previstas para el próximo día 16, anunció esta mañana el representante de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, “con la convocatoria de concentraciones en todas las islas” que continuarán tres días más tarde con manifestaciones en todo el Archipiélago.

Silvia Rodríguez, de Intersindical Canaria, recordó que los sindicatos “estaremos por apoyar e impulsar una huelga general si los trabajadores lo piden”.

Una parte importante de los trabajadores de los ámbitos de la Sanidad y de la Educación son interinos o sustitutos y, para estas organizaciones sindicales, la estabilidad en el empleo es una prioridad. Al amparo de los últimas propuestas del gobierno (Proyecto de Decreto de Lista de Reservas, sin considerar los méritos de los trabajadores y trabajadoras) los Servicios Públicos están en peligro.

Los sindicatos denuncian que este modo de actuar del gobierno autonómico a base de “decretazos” es propio de administraciones mediocres y antidemocráticas que son incapaces de gestionar los recursos públicos, que no valoran las necesidades asistenciales y educativas de nuestra sociedad, demuestran un enorme desprecio por lo que significa para los canarios y las canarias el deterioro de los servicios públicos y que desprecian la negociación en condiciones de igualdad con las organizaciones más representativas en el ámbito público.

Señalan que “en una sociedad como la canaria actual, que soporta un 26% de paro, un 30% de temporalidad de su empleo, que tiene un 69% de mileuristas en su población activa y la mitad de la población juvenil en paro, que ha pasado de un 19% de su población en el umbral de la pobreza en el año 2005 a un 33% en el año 2009, este gobierno pretende provocar una pérdida de la calidad de los servicios públicos que gestionamos a diario desde nuestros puestos de trabajo”.

Los sindicatos explican que el gobierno quiere ahorrarse el dinero a base de eliminar, a través de supuestas propuestas de ordenación de personal, aquel personal interino, indefinido y sustituto con experiencia que son garantía de experiencia. “Ese afán del Gobierno por ahorrar dinero para pagar la mala gestión que han hecho lo van a pagar los empleados públicos que están en situación más precaria (interinos, indefinidos y sustitutos)”, subrayan, añadiendo que “lo que ponen en peligro la prestación y la calidad de servicios en la sanidad pública, en la educación púbica canaria y en los servicios sociales”.

En cambio, a juicio de los sindicatos, este afán de acabar con los servicios públicos no se aplica al gobierno autonómico, los altos cargos políticos, los altos cargos y responsables de fundaciones, agencias y empresas públicas. Mientras el decretazo de las listas de sustituciones que denuncian las organizaciones sindicales va a significar menos personal en los hospitales y un incremento en las listas de espera, el cierre de muchas escuelas unitarias, mayor ratio de alumnos por clase en nuestras escuelas y un deterioro de los servicios públicos en general, afectando a miles de trabajadores, “los políticos, altos cargos y asesores del gobierno siguen disfrutando de los beneficios que ningún empleado público ni privado tiene en Canarias”.