Contra la protección del patrimonio

En las últimas décadas hemos pasado de una mentalidad desarrollista a una mentalidad conservacionista que se ha expandido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Proponemos que este cambió es el motor del viraje de parte de la lucha vecinal y urbana, desde la lucha social, hacia la lucha por la protección del patrimonio. Nos centramos en el caso de Sevilla.

Renta de monopolio y patrimonio.

Durante los años ochenta en el Estado español, mucho más tarde que en otras regiones del globo, hemos vivido el paso de una mentalidad desarrollista a una mentalidad conservacionista. Este cambió ha venido liderado por movimientos sociales, o, mejor dicho, activistas e intelectuales.

El cambio en la mentalidad ha ido haciéndose realidad en el marco legislativo y normativo que rige la ordenación del territorio y el urbanismo de las diferentes regiones ibéricas. Si este viraje ha sido en principio más sobre el papel que sobre el territorio no ha de extrañarnos. La persistencia en la administración y en el capital de actitudes desarrollistas o poco sensibles con la conservación del patrimonio son desequilibrios que deberán irse ajustando. Desequilibrios provocados por falta de comunicación entre determinados ámbitos de la oferta y la demanda.

La oferta a la que nos referimos es por supuesto la oferta de lugar, no solo de suelo, sino del espacio con unas características propias y particulares. La búsqueda de especifidad en la mercancía que se vende es uno de los elementos fundamentales del comercio post-fordista. Esa especificad del lugar le otorga un carácter monopolístico en la medida en que el lugar no es reproducible. A la hora de ser comercializado ese lugar, este carácter singular producirá un sobrevalor, una renta de monopolio.

Del desarrollismo al empresarialismo urbano

Podemos diferenciar una primera fase de protagonismo de la mentalidad desarrollista. Este tipo de mentalidad, sin duda, esta presente durante todo el proceso de industrialización y su consolidación, y abarca ámbitos tan diversos de la política, como la industria, el agua o el urbanismo. Respecto del patrimonio y su conservación en el ámbito urbano, podríamos situar esta fase desde la aparición de los primeros planes generales de la posguerra, que contenían determinaciones para la protección de determinados valores patrimoniales de la ciudad, hasta las grandes transformaciones económicas de los ochenta.

En esta primera fase la preocupación por el patrimonio es inexistente, el objetivo es construir y producir plusvalías, la especulación se desboca, tanto en los ensanches tardíos, como en las grandes operaciones sociales de polígono, como en los redesarrollos de la ciudad consolidada, que es donde se realizan los mayores destrozos. El ideal en esta fase, para la ciudad patrimonial, sería la operación de tabula rasa, como se ha hecho en numerosos sectores históricos, especialmente en los sectores obreros. La destrucción del espacio físico y la expulsión de las gentes, destrucción del caserío, modificación del trazado de las calles, del parcelario, etc., conservando monumentos puntuales. Cuando se refieren a los centros de las ciudades estos planes tienden a introducir suelos para centros comerciales y a aumentar la edificabilidad. Se trata de un urbanismo destructivo con el patrimonio, altamente especulativo, pero también social, desde un punto de vista asistencialista, contexto en el que se llevan a cabo las mayores operaciones de vivienda publica de la historia del Estado.

El patrimonio histórico en esta fase, se ve como un lastre que dificulta el desarrollo, exactamente de la misma forma en que puede hacerlo el patrimonio natural. Las poblaciones humildes, por supuesto, no cuentan y se pueden ver desplazadas en varias ocasiones como un trasto que estorba en cualquier parte. Un ejemplo inmejorable de esto es la población de las barriadas de casas baratas de San José y Vázquez Armero, que datan de los años veinte en el barrio de Triana. Estas barriadas son arrasadas para realizar una obra hidráulica y una infraestructura de comunicaciones, la corta de Triana, para lo cual se los realoja en un nuevo barrio público “La Dársena”. Este barrio se redesarrolla en los años setenta y sus habitantes acaban en las tristemente famosas Tres mil viviendas de Sevilla. Este tipo de operaciones se siguen realizando hasta bien tarde, quizás las últimas que veamos nunca en Sevilla sean la destrucción del arrabal histórico de La Calzada y del Trianero barrio del Turruñuelo, con motivo de la reestructuración de la ciudad de Sevilla en el 92. Operaciones quizás un poco desfasadas y poco producentes incluso para el capital local de la ciudad. Sin embargo lo que es verdaderamente característico de esta fase es el gran saqueo del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y natural.

Identificamos un cambio notable a partir de los años ochenta, tanto en la planificación urbana como en los discursos ideológicos, del Estado y de los movimientos sociales. Entramos en definitiva en la fase postindustrial y pos-desarrollista del urbanismo y la ordenación del territorio.

El objetivo respecto de la ciudad histórica sigue siendo la puesta en valor de los sectores infrautilizados o degradados según el caso. Pero ahora se orienta este objetivo a explotar las rentas monopolísticas de estas zonas en una clara estrategia de aquello que denominamos “empresarialismo urbano”. Respecto de la extracción de rentas monopolísticas nos referimos a la explotación de las particularidades de la zona, valor histórico-patrimonial, carácter, personalidad, y especificad al fin y al cabo, para elaborar una mercancía-lugar que pueda ser fácilmente comercializada en cuanto a mercancía vivienda dirigida a sectores de la población con nivel cultural y adquisitivo elevado y en cuanto a su explotación turística, específicamente en Sevilla en los casos de San Luis, Alameda, Triana y San Bernardo. En cuanto a empresarialismo urbano, nos referimos a la gestión comercial de la ciudad por parte de la administración pública para extraer las máximas rentas de la misma, a través de la gestación de coaliciones entre los diversos agentes que intervienen en la ciudad, en este caso la Gerencia de Urbanismo y el capital inmobiliario. Como es común en estos casos, el agente público asume el riesgo inicial de la operación, mientras que el capital privado actúa principalmente mediante “contagio” y recoge los beneficios de la operación.

Es esta una nueva comercialización de la ciudad histórica, que necesita del patrimonio y que es más cualitativa que cuantitativa. Se basa en la valorización de aspectos culturales e identitarios en los que solo se incluye el aspecto social tímidamente con el concepto de “patrimonio etnológico”. Y afortunadamente, por que si como pensamos la protección del patrimonio no es sino una cosificación y mercantilización de la cultura y la historia, al mismo tiempo que una fetichización de la vivienda, un mayor acento en los social podría suponer la producción de figurantes para un espacio patrimonial dado.

De la lucha social a la lucha por la defensa del patrimonio.

El cambio es muy notable en los movimientos de corte vecinal-activista, en los que existe una clara tendencia desde hace ya un par de décadas a orientarse a la protección del patrimonio histórico-arquitectónico en la ciudad consolidada, y a la protección del patrimonio natural en los ámbitos suburbanos

La lucha ecologista y la lucha por la protección del patrimonio, son sucedáneos de la lucha social para la nueva clase media profesional, el burgués asalariado, con elevado nivel cultural y, a menudo, de izquierdas. Ese que prefiere un pequeño piso en el entorno de un barrio céntrico, alternativo y gentrificado, que un chalet con piscina y garaje en un conjunto residencial del área metropolitana, aunque costasen lo mismo.

La lucha social en su posición sería solo asistencial, sin embargo, la lucha por la protección y conservación del patrimonio (industrial, histórico, arquitectónico, natural, etc.) son luchas que implican sus intereses. Si dentro del espacio urbano los lugares más caros son los de mayor riqueza patrimonial (histórico-arquitectónico en el caso del centro, pero también natural en el caso de la periferia), serán ocupados por las elites de los asalariados, la burguesía asalariada, abogados, arquitectos, ingenieros, funcionarios bien situados, profesores de universidad, etc. La valorización, o mas bien sobre valorización de su propiedad viene dada por su carácter patrimonial, su valor arquitectónico, o su ubicación en un ambiente histórico (también alternativo, porque no) o natural.

Dentro de las políticas post-desarrollistas, la protección del patrimonio implica la protección de elementos que valorizan el lugar. Se esta protegiendo las inversiones que se han realizado en la zona y cuya sobre valorización depende, en gran medida, de la renta monopolística proporcionada por el carácter patrimonial de la zona.

Así las demandas de protección del patrimonio podrían sumarse a las demandas constantes de la nueva clase media, seguridad y limpieza. Seguridad, limpieza y patrimonio se convierten así en los tres pilares del valor de la propiedad, y los tres fundamentos de prestigio para una zona y para sus pudientes habitantes.

PD: A pesar del componente provocador de este escrito, su autor no esta explícitamente en contra de la protección del patrimonio, ni el histórico, ni mucho menos el natural. Pretende ser este texto, más bien, una forma de decir en voz alta cosas que se deben oír en un contexto de proliferación de este tipo de luchas, y un incentivo al debate sobre determinadas formas de activismo.