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26/09/2020 :: Estado español

Controlar la Justicia para dar impunidad a las élites: el legado más cruel de la Transición

x Jose Antonio Gómez
Varios prohombres que fueron clave durante la Transición son la base de grandes despachos de abogados que dan servicio a todas las élites.

Varios prohombres que fueron clave durante la Transición son la base de grandes despachos de abogados que dan servicio a todas las élites y que realizan una actividad de lobby para que las élites salgan impunes de sus tropelías.

En algunos casos se les ha llamado «los padres de la Constitución», en otros han recibido las más altas condecoraciones que otorga el Estado español por el papel que jugaron durante la Transición. Sin embargo, todo se produjo en un claro «conflicto de intereses» que dejó implementado un sistema que sólo favorece a las élites financieras, políticas, empresariales y económicas del país.

Quien haya escuchado, en cualquier ámbito, a Manuel Domínguez Moreno, presidente del Consejo Editor de Diario16, sabrá que una de sus reflexiones más repetidas es que «la Justicia es la revolución pendiente». Y tiene razón. Mientras que el poder Ejecutivo y el Legislativo han implementado cambios importantes dirigidos hacia una democratización de las estructuras del Estado, el Judicial sigue manteniéndose en los mismos parámetros pseudodictatoriales que durante el siglo XIX. Todo ello, además, aderezado por el poder oculto que suponen los grandes despachos de abogados.

Uría y MenéndezPérez LlorcaRoca Junyent o Garrigues son cuatro de los principales bufetes de España. Entre ellos controlan la atención legal de una parte importante de las élites de este país y, como se puede comprobar, tienen puesto en la puerta el nombre de algunos de los prohombres que han sido encumbrados por la historia oficial que oculta al pueblo las graves carencias de lo que ahora se ha dado en llamar «el pacto constitucional», pero que, en realidad, lo que montaron fue un sistema por el que el tercer poder de la democracia está sometido a los intereses de las clases dominantes.

Aurelio Menéndez fue ministro de Educación en el primer gobierno de Adolfo Suárez y magistrado del Tribunal Constitucional. Fundó, junto a Rodrigo Uría González, el despacho de abogado Uría y Menéndez, el despacho de cabecera del Banco Santander y uno de los bufetes con más influencia en las altas instancias judiciales de España. Menéndez, fallecido en 2018, fue reconocido por el Estado español con distinciones como la Gran Cruz de la Orden de Carlos III (1977), la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1979), la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (1982), el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1994) o la Orden del Mérito Constitucional (2000).

José Pedro Pérez Llorca fue uno de los llamados «padres de la Constitución» y ocupó diferentes carteras en los gobiernos de Adolfo Suárez. Fundó el despacho de abogados Pérez Llorca, que cuenta entre sus clientes con algunos de las empresas y de las personalidades más importantes de España. Fallecido en 2019, fue reconocido con las siguientes distinciones: Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (1978), Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú (1982), Gran Cruz de la Orden de Carlos III (1982), Collar de la Orden del Mérito Civil (2003) y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2016).

La familia Garrigues tuvo mucha importancia en el desarrollo de la Transición y en la creación del actual sistema. Antonio y Joaquín Garrigues Walker fueron dos hombres clave. El primero, por su alianza con Miquel Roca Junyent para conformar una alianza de centro derecha; el segundo, como ministro del gobierno de Adolfo Suárez y diputado. El padre de ambos, Antonio Garrigues Díaz-Cabañete, además de ocupar cargos durante la II República y como embajador durante el franquismo (Estados Unidos y Vaticano), fue ministro de Justicia en el gobierno de Carlos Arias Navarro tras la muerte de Franco y fundó el despacho Garrigues, uno de los más prestigiosos de España, entre cuyos clientes se cuentan personalidades de distintos ámbitos y multinacionales españolas.

Miquel Roca Junyent es otro de los «padres de la Constitución» y una de las cabezas visibles del nacionalismo catalán durante los primeros años de la Transición. Aunque no llegó a ocupar cargo público en el gobierno de la nación, fue un hombre muy importante en el desarrollo de la Transición y en la implementación del actual sistema. En el año 1996, tras su salida del Congreso de los Diputados, fundó el bufete Roca Junyent Abogados Asociados, que cuenta entre sus clientes con grandes empresas e importantes personalidades de este país. No se puede olvidar que fue el encargado de representar a Cristina de Borbón en el Caso Nóos, empezando por las diligencias para evitar que prosperara su imputación. Al igual que los anteriores, Miquel Roca ha recibido importantes distinciones como, por ejemplo, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, el Collar de la Orden del Mérito Civil (2003), la Cruz de San Jorge (2006) y la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort (2016).

Los cuatro despachos citados, con los vínculos con los diferentes poderes políticos, sociales, financieros y económicos, ejercen una labor de lobby en favor de sus clientes que, por desgracia, entra en clara disputa con las esencias de lo que debe significar la Administración de Justicia de un país democrático. Los resultados de sus gestiones, sus presiones o su influencia son una de las causas más importantes de la grave devaluación de cara a la ciudadanía de los tribunales españoles. Llega un momento en el que muchos ciudadanos o ciudadanas, con graves asuntos que deberían enfrentarlos en los órganos judiciales a los clientes de estos despachos, que renuncian a iniciar acciones legales porque saben de antemano que van a perder, aunque tengan razón. Esto, en puridad, es el resultado de la creación de un sistema paralelo que mantiene a la Justicia imponiendo un poder absolutamente dictatorial a las órdenes de las clases dominantes.

Ejemplos de ello hay muchos, pero los más sonados los encontramos en lo ocurrido con las cesiones de crédito del Santander, en las que se llegó, incluso, a crear una doctrina legal, bautizada con el apellido de Emilio Botín, con el fin de evitar, a toda costa, que el presidente de ese banco fuera condenado; la sentencia de los gastos hipotecarios, en las que el Tribunal Supremo llegó a dar marcha atrás y anular su propia sentencia, lo que favoreció claramente al poder financiero; el Caso Banco Popular, aún instruyéndose en la Audiencia Nacional y donde, una vez que el Santander fue imputado formalmente por el juez instructor, la labor del despacho de cabecera del banco presidido por Ana Patricia Botín provocó que la Sala de lo Penal lo desimputara al no aplicar un artículo del Código Penal (Doctrina Botín II). En el asunto del Banco Popular, por ejemplo, el papel de Uría y Menéndez fue clave en el desarrollo de una estrategia que terminó con la sexta entidad financiera de España resuelta por el BCE. El caso de la promotora Inversión Hogar es otro ejemplo, donde se llegó, incluso, a no aplicar un embargo contra el Santander o a permitir que el banco dijera una cosa y la contraria, lo que va en contra de la doctrina de los actos propios. Uno de los últimos ejemplos lo estamos encontrando con el IRPH, donde, a pesar de que hay una sentencia del TJUE que clasifica a este índice como abusivo, aún hay juzgados que siguen plegándose a los argumentos que dicha decisión tumbó o que llegan a utilizar como fundamento jurídico los informes periciales presentados por el sector financiero.

Mucha gente se preguntará, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran tamaña influencia que les permite controlar a los tribunales? Como despachos de abogados que son, se cuidan muy bien de caminar en el filo de la navaja y, por supuesto, actúan las puertas giratorias.

Si uno se para a revisar quiénes son los socios principales de estos despachos se encontrará con que entre ellos hay ex magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, ex fiscales de la Fiscalía General del Estado o de Anticorrupción, ex jueces de la Audiencia Nacional. La presencia de estos profesionales en estos despachos es la que da influencia y no dudan en presentarse en las salas de los juzgados de primera instancia e instrucción para generar admiración entre los titulares de los mismos que, en algunos casos, cómo van a dictar sentencias en contra del criterio de un ex magistrado del Constitucional o del Supremo.

El principal perjudicado es el pueblo que ve cómo los tribunales españoles están dominados y controlados por las clases dominantes. Ello tiene una consecuencia cruel, puesto que España es uno de los países que más demandas por corrupción judicial presenta ante los organismos europeos, lugar al que la ciudadanía se tiene que agarrar para intentar encontrar la justicia que ese poder oculto les arrebata con sus lobbies e influencias que no hacen otra cosa que dejar impunes las tropelías de las élites. No hay más que comprobar la multitud de sentencias del TJUE contra la banca española. ¿Acaso los tribunales españoles no están capacitados para impartir la justicia que Europa termina aplicando? Si no lo hacen es porque hay alguien que, de un modo u otro, condiciona o impide que algunos jueces y juezas se plieguen a las presiones y apliquen una justicia injusta.

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