Córdoba: Contra las muertes en los tajos.

Trabajadores de la Breña II denuncian la falta de seguridad.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) denunció ayer que en las obras de la presa La Breña II, donde falleció un trabajador el pasado sábado, no se cumplían las medidas de seguridad colectivas que la ley estipula en obras de esta envergadura. Así lo afirmaron varios trabajadores de la empresa subcontratada Viguecons Estévez, compañeros del accidentado, quienes son testigos de lo ocurrido al encontrarse encofrando junto al obrero muerto.

Los trabajadores señalaron que en el lugar donde ocurrió el accidente se puso en un principio una línea de vida. Sin embargo, esta prevención se abandonó después. «Para los encofradores no se ha habilitado ninguna medida de seguridad, sólo las individuales (casco, arnés, cuerdas...), así que no existía red ni doble gancho ni nada», señalan.

Sobre éste último, afirmaron que «no se utiliza porque se pierde rapidez y movilidad en el trabajo y la consigna es ir lo más deprisa posible para acabar la obra a tiempo».

El fallecido se encontraba encofrando a una altura de 40 metros, donde el hormigonado forma escalones de 90 centímetros que tienen que subir los trabajadores soltándose el arnés.

Todos los días hay resbalones o tropiezos, según los obreros, «ya que en el lugar hay restos de hormigón, hierros y otros obstáculos (aunque la zona debería estar limpia), sin embargo, hasta ahora, las caídas sólo habían sido al escalón anterior».
Representantes del SAT señalaron como directamente responsable de los sucedido a Dragados, «ya que es la empresa adjudicataria la que ha de poner y hacer cumplir las medidas de seguridad colectivas».

Álvarez y los testigos también aseguraron que la adjudicataria consiente que «los que están a cargo de la seguridad no sean profesionales sino peones de la obra a quienes han puesto a trabajar en la seguridad». De esta forma, se da la circunstancia de que «hasta los quitamiedos han sido colocados por los propios trabajadores cuando hemos podido».

Asimismo, la ley obliga a que haya una UVI móvil equipada las 24 horas en obras como ésta, pero «sólo hay un botiquín para heridas sin importancia y lo han instalado cuando la obra llevaba casi un año comenzada».
La ambulancia, según afirmaron los presentes, tardó en llegar 45 minutos.
Respecto a los turnos, el SAT denunció que lo normal es que sean de 12 horas, aunque ha habido obreros que han hecho 24 horas seguidas. Los trabajadores dijeron que «perfectamente se podrían tener tres turnos de ocho horas porque los relevos se hacen en el tajo y no se tarda en hacerlos más de dos minutos; también se podría si en vez de dos camiones para el hormigón hubiese tres, pero ello supone menos beneficios». La empresa Viguecons Estévez ya ha sido denunciada, entre otras cosas, «porque a la firma del contrato obligan a los trabajadores a firmar el despido y el finiquito en blanco».

De hecho, «la responsable de seguridad de la obra tiene en su poder estas denuncias pero ni ha tomado medidas al respecto ni las inspecciones de trabajo han aparecido por la obra en ningún momento. Sólo aparecen cuando hay un accidente», concluyen. No son accidentes laborales, son crímenes anunciados Desde la dirección nacional del SAT queremos manifestar a todos los trabajadores/as andaluces nuestra más profunda indignación y rabia por la muerte ayer sábado de otro obrero, mientras realizaba su trabajo para una empresa subcontratada por Dragados en la construcción del pantano de La Breña II. Una muerte que tiene lugar en Córdoba cuando aún sentimos el dolor por la trabajadora que murió ahorcada a primeros de diciembre en una lavandería de Posadas y que viene a sumarse a los 168 fallecimientos de trabajadores/as contabilizados en Andalucía hasta mediados de diciembre. Una cifra espeluznante que, para vergüenza del gobierno de la Junta, coloca a Andalucía a la cabeza de todos los territorios del estado en las estadísticas de muertes en el trabajo.

Desde la dirección nacional de SAT queremos denunciar con rotundidad que lo sucedido ayer en Almodóvar y antes en Posadas, y lo que sucede, en fin, en cualquier localidad andaluza cada vez que muere un trabajador/a, no es, en absoluto, el fruto de la casualidad o de la mala suerte. Toda esta interminable cadena de muertes, dejémoslo claro de una vez, no son accidentes, sino verdaderos crímenes anunciados de los que únicamente cabe responsabilizar a los empresarios, por no poner todos los medios adecuados para que no sucedan, y a los gobiernos central y de la Junta, por consentir y amparar con su pasividad esta insostenible situación.

Los hipócritamente llamados “accidentes de trabajo” son consecuencia de la creciente degradación de las condiciones de trabajo impulsada por el ansia de beneficios sin límites de los empresarios y caracterizada por la existencia de una tasa de temporalidad que triplica a la media de la UE, el incumplimiento sistemático de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales, el incremento incesante de la subcontratación, etc., etc., etc. La precariedad y la subcontratación son instrumentos empresariales que provocan muertes obreras.

Desde el SAT lamamos a toda la clase trabajadora andaluza a rebelarse contra este intolerable rosario de muertes y exigimos con rotundidad a los gobiernos central y autonómico que dejen lavar su imagen pública con ineficaces campañas de sensibilización y adopten, de una vez todas, las medidas legales necesarias para acabar de raíz con la temporalidad, las subcontrataciones y la precariedad económica de los salarios, porque solo así no resultará preciso, para conservar el empleo o ganar un salario, trabajar sin haber recibido los niveles de formación necesarios, sin medios de protección adecuados o con ritmos de trabajo acelerados y jornadas interminables.

Finalmente, queremos exigir el cese inmediato y fulminante del Consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, por sus vergonzosas declaraciones en las que rechazaba contabilizar esta muerte como “accidente de trabajo” por haber sucedido en una jornada, el sábado, no recogida como laboral por el convenio de la construcción. Afirmaciones como ésta demuestran con toda claridad que el objetivo real de los responsables de la Junta no es acabar con la lacra social de la muerte incesante de trabajadores/as, sino maquillar sencillamente sus cifras, aunque sea a base de excusas tan absurdas e insultantes como la citada. Con responsables así no resulta extraño que los centros de trabajo sigan siendo hoy los únicos lugares de todo el estado en los que todavía se puede matar impunemente a una persona, sin apenas consecuencias para sus responsables.