Córdoba: Denuncian maltrato a presos.

Cumplir condena en la prisión de Córdoba por cometer un delito no sólo supone estar privado de libertad, a menudo también conlleva quedar expuesto a sufrir amenazas, abusos de autoridad y maltrato físico por parte de algunos de los funcionarios del centro penitenciario. Y es que las torturas en la cárcel cordobesa se han convertido en un secreto negado a voces por Instituciones Penitenciarias, a pesar de que durante el último año se han contabilizado cerca de una decena de denuncias de presos cordobeses que afirman haber recibido palizas de sus custodios.

Desde septiembre de 2006 hasta la fecha, han sido ocho presos del Centro Penitenciario de Córdoba los que han presentado denuncias ante los juzgados por presuntas torturas y agresiones sufridas a manos de funcionarios. “A mi hijo le han pegado tres veces desde que está en la prisión de Alcolea,” comenta el padre de uno de los reclusos que prefiere mantenerse en el anonimato, “ quien asegura que “los funcionarios se ponen guantes cuando le pegan para que los hematomas no dejen señales en el cuerpo”.

Miedo a denunciar

Los sindicatos del ramo niegan tajantemente que exista maltrato en la cárcel de Córdoba. “Desconocemos la motivación que lleva a hacer estas afirmaciones, ya que a los funcionarios de prisiones nos guía la profesionalidad y un profundo sentido de la humanidad,” afirma Francisco Jiménez, delegado sindical de CSIF. Sea como fuere, colectivos sociales y organizaciones sindicales, coinciden a la hora de afirmar que la convivencia entre los reclusos y los trabajadores de la prisión cordobesa cada vez es más complicada.

En opinión de colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Córdoba, la cifra de agresiones a internos podría ser aún mayor, ya que son muchos los que obvian denunciar los hechos por miedo a posibles represalias. “Los presos dependen de los funcionarios porque son los que les dan de comer, quienes les dejan ver a la familia y los que conceden los permisos, de modo que lo más normal es que quienes sufren maltrato no lo denuncien. Además, si hay impunidad absoluta, ¿para qué denunciar?” pregunta Valentín Aguilar, vocal de Cárceles de la APDH de Córdoba.

Aumentan los motines

En la cárcel de Córdoba conviven actualmente 1.800 presos, cuando las instalaciones están diseñadas para albergar a 1.008 reclusos. Con un nivel de ocupación del 180 por ciento, las trifulcas entre internos, los motines y las agresiones a funcionarios también se han disparado en este último año. El último suceso de estas características tuvo lugar la semana pasada, cuando dos presos resultaron heridos con varios pinchazos producidos por objetos punzantes de fabricación casera.

Sindicatos y algunos colectivos sociales que trabajan en el centro llevan meses denunciando el hacinamiento que sufren los presos y la falta de seguridad que existe en las dependencias debido al escaso ratio de personal que se ocupa de la vigilancia de los reclusos. Y sólo hay que revisar las estadísticas para comprobar que el centro de internamiento de Alcolea, con nueve incidentes contabilizados hasta el pasado mes de septiembre, es el que registra mayor número de agresiones de presos a funcionarios de toda España. Lo que no reflejan las estadísticas es qué ocurre tras producirse un motín o una agresión a un funcionario del centro.

Represalias de los funcionarios

Según los casos que han llegado a APDH, la mayoría de las denuncias de maltrato que formulan los presos se producen tras sofocarse las revueltas que tienen lugar en las instalaciones. “Siempre que hay un motín los presos denuncian agresiones de los funcionarios,” afirma Aguilar, “los llevan al módulo 15, que es el de aislamiento, y ahí es donde ocurre todo, porque es un sitio en el que no hay otros presos que sirvan de testigos y las agresiones no pueden ser oídas por nadie”.

La versión que dan los sindicatos de prisiones sobre estos hechos es bien distinta, a pesar de que reconocen que cuando sofocan las trifulcas hay veces en las que inevitablemente se producen lesiones. “Cuando se tiene que reducir a una persona que se encuentra fuera de sí, es muy difícil que el trabajador y el recluso resulten ilesos”, reconoce Jiménez, que rechaza de plano que en el módulo 15 de la penitenciaría se agreda a los presos más conflictivos.

Desamparados por los jueces

El principal problema para esclarecer este tipo de sucesos radica en la lentitud del procedimiento judicial. “Los malos tratos precisan una respuesta inmediata del sistema judicial y lo que viene ocurriendo es que los médicos forenses son enviados a la prisión por el juez para elaborar el parte de lesiones semanas o meses después de que hayan ocurrido los hechos, de modo que es imposible que después de ese tiempo queden señales de las agresiones”, apunta el letrado Valentín Aguilar.

En defensa del buen nombre de los trabajadores, el sindicato ACAIP sostiene que “todas las denuncias que se han interpuesto han culminado con sentencias en las que no se ha condenado a ningún funcionario,” aclara Francisco Durán, quien matiza que “en varias ocasiones en las que se han presentado denuncias el juez ha enviado al médico forense al día siguiente de estar ingresado el preso en el módulo de aislamiento”.

Aún así, APDH denuncia que los médicos de prisión no levantan partes de lesiones a los presos que presuntamente han sido agredidos por funcionarios, hasta el punto de que el vocal de Cárceles de este colectivo asegura que “no conozco ni un sólo caso en el que el médico de prisión haya envido un parte de lesiones al Juzgado de Guardia, porque eso significaría denunciar a su propio compañero y hacer eso es muy complicado”. Hasta el momento, no ha prosperado ninguna de las denuncias formuladas contra funcionarios de la prisión cordobesa durante el pasado año.