Cortejo fúnebre por la vivienda social

El cortejo fúnebre, con su correspondiente ataúd (representando la política social de vivienda muerta) y acompañado de un saxo que tocaba una marcha fúnebre, con su incienso y todo, portó las principales reivindicaciones que hace la APDHA e hizo un breve recorrido por el centro de la ciudad. Reproducimos el comunicado explicativo.

Dª Vivienda Social, era una gran señora, nunca fue muy popular, pero ella sabía que tenía que estar ahí, porque de ella dependía una buen grupo de ciudadanos que aunque muy numeroso (un 4 % de la población) era prácticamente ignorado por el resto.
Doña vivienda social sobrevivía de las migajas que sus primas vivienda privada y vivienda de protección social se dejaban en la mesa después de sus copiosas comidas.
Aunque todo el mundo sabía que Doña vivienda social pasaba desde hace mucho tiempo muchas fatiguitas, pues la misma no daba abasto para cubrir las necesidades de tantas familias olvidadas y excluidas desde hace tiempo.

Ya hace cuatro años los sabios del reino conscientes de la importancia de proteger a doña vivienda social diseñaron un plan para garantizar la supervivencia de la misma. Este plan quedó plasmado en el denominado “Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007”
El referido Plan se configura como un documento en el que se define la política de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía, diseña los programas de actuación, configura los instrumentos de gestión y asegura la necesaria coordinación interadministrativa para optimizar sus objetivos económicos y alcanzar la mejor solución del problema social de la vivienda.
En el mismo se recogía una serie de actuaciones en materia de vivienda que “pretenden” garantizar el acceso a la vivienda a familias mediante distintas fórmulas entre las que destacan las viviendas para la integración social:
• bien en promociones públicas de alquiler – cuya finalidad es facilitar el acceso a la vivienda a las familias con especiales dificultades sociales, mediante la reserva de un porcentaje ( una media del 30%) de cada nueva promoción pública de viviendas en alquiler a este colectivo. –
• o bien mediante promoción pública directa – que pretende facilitar el acceso a la vivienda a las familias con especiales dificultades sociales (no superen un IPREM)

Pero el tiempo pasó, y Dª Vivienda Social, que estaba muy regular, murió; la mataron y pocos se escapan de su responsabilidad en ese homicidio. La matamos entre todos. La enterró la corporación local, que aunque podía tener competencia en el asunto no la quería ni regalada, la mató la Junta de Andalucía que nunca entendió que era eso de “vivienda social” y que cuyos responsables confundían lo social con policial (¡qué personal tan eficaz se perdió el Cobrador del Frac!). Y la matamos la mayoría de los ciudadanos que no se encuentran en ese 4%, el 96 % restante, que como hoy por hoy tenemos nuestro techito, más o menos apañao, nos importa bien poco el resto, siguiendo fiel a la puñetera frasecita “ande yo caliente, ríase la gente”.
La muerte de Dª Vivienda Social se hace muy patente cuando observamos la realidad urbanística de nuestras ciudades, en las que nos encontramos con:
- El grave deterioro y la ausencia de mantenimiento adecuado que sufren las viviendas sociales de las dos únicas administraciones propietarias de las mismas (Junta de Andalucía y Subdelegación de Gobierno).
- Inexistencia de baremo y publicidad en los procedimientos de adjudicación de las viviendas sociales existentes en nuestra ciudad. El Decreto que los regulaba está derogado por lo que nos encontramos ante una situación de vacío legal, y el que se publicó no es de aplicación a la mayoría de las viviendas de este tipo.
- Ausencia de seguimientos y apoyos sociales adecuados de los adjudicatarios de las viviendas sociales. El que la vivienda de integración social sea gestionada en la actualidad por empresas públicas como EPSA (y con subcontratas) está obstaculizando cualquier seguimiento de índole social.
- Inadmisibles situaciones de infravivienda.
- Emergentes situaciones de chabolismo.
- Hacinamiento en multitud de viviendas.
- Ausencia de recursos de emergencia.
- Inexistencia de política social municipal en esta materia.
- Descoordinación absoluta e interesada de las distintas administraciones, las distintas empresa públicas de suelo y de vivienda (Vimcorsa, Provimcorsa y Epsa) y la sucesiva cadena de subcontratas que operan en los procesos.

Proponemos
1. La incorporación en el debate político de la situación de la vivienda de integración social en Córdoba y la puesta en marcha de inmediato del Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007, así como el Acuerdo suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba el 17 de noviembre de 2003 “Por el Suelo Residencial y la Vivienda Protegida”.
- ¿Qué sentido tiene tener una ambicioso Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 si el mismo no se desarrolla?
- ¿Hay presupuesto asignado para vivienda de interés social?
- ¿Por qué no se califican terrenos para viviendas de interés social?
- ¿Qué es - ¿Qué espacio ocupan este tipo de viviendas en el Pacto por la Vivienda?
2. La construcción de viviendas de integración social, promovidas tanto por la administración local como por la autonómica y distribuidas en distintas zonas integrándose con otro tipo de viviendas. Así exigimos el cumplimiento del art. 100 del Plan Andaluz 03/07 de tal forma que puedan convivir en una misma promoción regímenes de vivienda mixtos, evitando la creación de guetos.
3. En el caso de la calle Torremolinos, la inmediata rehabilitación de la zona con medidas sociales. Aunque se ha puesto en marcha el Plan de Rehabilitación de San Martín de Porres, las viviendas más deterioradas son las que están planificadas rehabilitar en último lugar, pese a las situaciones de insalubridad en la que se encuentran. En el caso del Barrio de Palmeras, el plan de rehabilitación ni siquiera ha comenzado, por lo urgimos en los mismos términos su inicio, así como la realización del mantenimiento básico de los edificios y zonas comunes de las VPP del Polígono Guadalquivir.
4. La equipación con el mobiliario urbano debido y adecuado de estas zonas (papeleras, contenedores, paradas de bus...)
5. Coordinación entre administración local y autonómica en la que actúen conjuntamente tanto las dependencias con competencias en vivienda como las competentes de los servicios sociales. La creación de empresas públicas de suelo y de vivienda tales como Vimcorsa, Provimcorsa y Epsa, exige un esfuerzo aún mayor para establecer las conexiones que exige el tener una responsabilidad compartida.
6. Contemplar medidas que eviten el deterioro de los barrios en los que se encuentran situadas la VPP.
- Punto cero. Hacer tabla rasa en todos los casos irregulares que existan (regularización), y a partir de ahí realizar un censo actualizado para que no se vuelvan a dar irregularidades.
- Seguimiento por parte de la Administración para que no se den casos como cambio de viviendas, ventas ilegales, tráfico de viviendas..., lo que debe ir unido a una información transparente tanto de los requisitos para ser adjudicatario como de los procedimientos para su concesión.
7. Facilitar el acceso a las viviendas sociales: Establecer una cuota entorno al 5 % de las viviendas protegidas para actuaciones relativas a viviendas de integración social, con la correspondiente reserva presupuestaria.
8. En cuanto a la inexistencia de recursos de emergencia relacionados con la necesidad de vivienda, la puesta en marcha de los alojamientos protegidos en alquiler, con el establecimiento de una reserva presupuestaria para ello (previstos en el art 36 “...aquellos destinados a personas con recursos limitados y necesidades temporales de vivienda...”).

Córdoba 8 de enero 2008.