Criminalización de la resistencia

Son testimonios que te siguen horrorizando, rebelando, rasgando el alma, pero que no te sorprenden. Y no te sorprenden, entre otras cosas, porque en Euskal Herria llevamos decenas de años, con Franco y sin él, teniendo que convivir con terribles y muy reales testimonios de tortura, de cárceles de castigo y de cruel dispersión y muerte; porque seguimos padeciendo la arbitrariedad y la creciente sofisticación de la estrategia de guerra contra la disidencia vasca, con la grave complicidad de la mayoría de partidos vascos, que, en su momento, aprobaron la dispersión, y ahora han vuelto a impedir el rechazo a la incomunicación y la puesta en marcha de grabaciones de los interrogatorios, «por traspasar sus competencias»; y, además, porque nuestra experiencia nos ha enseñado que, en el desarrollado Occidente, la supervivencia y los intereses del Estado se sitúan siempre por encima del respeto al supuestamente sacrosanto derecho democrático, lo que convierte la tortura, la humillación, la deshumanización y el castigo de los detenidos políticos en instrumentos no contingentes ni coyunturales, sino totalmente imprescindibles de la estructura del poder, que también necesita para su supervivencia de toda una corrupta red de confidentes, delatores y soplones y de la connivencia de los medios de comunicación, tal y como acaban de demostrar las «filtraciones» sobre el 11-M.

Como decía el escritor Arago, «en cuanto la civilización abre brecha en algún lugar, podemos estar seguros de que se derramarán lágrimas y sangre». Y es que, como denuncia P. H. Simon en su "Contra la tortura", lo que nos queda del tan alabado progreso no es sino «la vertiginosa multiplicación de la barbarie por el poder y la creación de un nuevo tipo de asesinos: el verdugo-ingeniero, el exterminador de manos siempre limpias y conciencia tranquila que mata lejos y desde arriba, sin ver lo que hace y sin querer pensar en ello siquiera». La democracia capitalista pone todos los instrumentos mediáticos y legales necesarios para despolitizar a la mayoría y judicializar y someter al resto. Reemplaza así el Estado de derecho por un estado de excepción que criminaliza todas las situa- ciones de confrontación e impide la resolución de los conflictos; y que con su impresionante tecnología de guerra recurre a la matanza, la tortura y el genocidio cuando, a pesar de todo, no consigue aplacar el problema o resituarlo en función de sus intereses.

A cualquier vasco que haya pasado por la comisaría de la Ertzaintza, de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, los conocidos de la calle ítambién los del PNV o del PPí le preguntarán: ¿qué tal te han tratado? La misma pregunta le harán sin duda a todo iraquí detenido. Y es que la gente sabe para qué están la incomunicación y las leyes antiterroristas, y conoce que todo ello implica interrogatorios cuya finalidad no es sólo obligar al detenido a hablar, sino conseguir que la víctima se convierta por sus gritos y su sumisión en un subhombre o una submujer. Igual objetivo deshumanizador persiguen las leyes del menor, las cárceles de castigo, el aislamiento de los presos, la impunidad de los funcionarios de prisiones, la dispersión y la paulatina y grave reducción de sus derechos a estudiar, a recibir visitas, a llamar por teléfono... Con la misma intención de convertir la política popular no institucional en delito se estigmatizan las asambleas y el activismo, se declaran subversivas la movilización y la protesta, el pensamiento crítico se convierte en apología del terrorismo, y se entroniza el consenso como única forma de hacer política, mientras se ilegaliza al enemigo político o ideológico, al que se expulsa de tan exquisito «club democrático».

Seríamos unos hipócritas nauseabundos si, conociendo o intuyendo todo esto, no hiciéramos nada. Sabido es que la complicidad civil ha sido y sigue siendo el gran instrumento de todas las dictaduras, y que la tortura, las condiciones carcelarias denigrantes o la fascistización de la política sólo son posibles con un alto grado de cooperación de la mayoría, con su silencio cómplice, su miedo o su aprobación más o menos incondi- cional. Ahora que, tras el triunfo electoral del PSOE, se habla de una segunda transición y del debate sobre la constitución de un nuevo marco que recoja mejor las aspiraciones políticas y sociales de la gran mayoría vasca, es sin duda el momento de dar prioridad absoluta al tema de los presos políticos vascos. La Conferencia de Solidaridad en Donostia del 20 al 23 de mayo con la presencia de delegaciones de todo el mundo podría muy bien ser el punto de inflexión a partir del que empezar a exigir la derogación de toda la regresiva legislación que contra los presos políticos y el independentismo en general se ha ido aprobando estos últimos años, y desde el que iniciar las bases de solución del conflicto que padece Euskal Herria, que la llamada «primera transición» no solucionó y que vuelve a hacer imprescindible, como hace 26 años, la lucha popular por la consecución definitiva del lema «Presoak kalera, amnistia osoa», que conlleva el irrenunciable derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.

Seamos nuevamente sujetos políticos responsables y recuperemos la capacidad colectiva de transformar la historia, por encima de la anestesiante política institucional. No existe otro modo de impedir que la tortura y demás formas aberrantes del terrorismo de estado sigan degradándonos como individuos y como colectivo social.