De las agencias de rating a la reforma de la negociación colectiva

Reforma laboral, reforma de las pensiones, Fondo de Capitalización de
los despidos, privatizaciones, copago, modificación de la negociación
colectiva… ¿Hay algo en común en todo ello? ¿Cómo opera la relación
interna entre todos esos sucesos, si existe?

Hay quienes intentan desentrañarlo y quienes intentan oscurecerlo,
mientras se agolpan aceleradamente las modificaciones legislativas y
sociales que mutan nuestro incipiente y nunca desarrollado del todo
Estado del Bienestar en un erial socioeconómico en el que las nuevas
generaciones no tienen posibilidad alguna de una vida digna.
Hay elementos, sin embargo, que pueden actuar como claves de
interpretación de lo sucedido, como una especie de fórceps teóricos
que nos permiten acceder a una visión más nítida de lo que acontece.
Porque si bien hay quien nos presenta esta situación como una especie
de “desastre natural” sin culpables ni explicación plausible, lo
cierto es que todo esto tiene una génesis concreta y determinable.

Recientemente, un grupo de abogados y organizaciones sociales
interponía una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las
agencias de rating Moody´s, Fitch y Standard and Poor´s. ¿Qué
relevancia tienen estas tres concretas empresas privadas a la hora de
interpretar el actual desbarajuste, acrecido en huracán, que amenaza
con derruir la totalidad del llamado Estado Social Europeo?
Las empresas querelladas sólo hacen algo que, a simple vista, pudiera
parecer enteramente inocente y desconectado de realidades como el
despido flexible, la ancianidad mísera o los funcionarios interinos en
el paro: dan una nota, basada en un informe, a los distintos
instrumentos financieros emitidos por los Estados o los agentes
privados. Si el Estado Español, por ejemplo, emite deuda pública,
ellos indican si la misma les parece “excelente” o “especulativa” en
función de unos criterios que nunca han sido concretados del todo. Al
fin y al cabo, según ellos, lo que realizan no es otra cosa que un uso
de su “libertad de expresión”, por lo que utilizan criterios que no
han de cumplir ningún tipo de regulación legal explícita.
Todo parece muy simple. Ellos califican y el mercado hace lo demás.
Pero lo cierto es que en este teatro hay mucho de trampa y
fingimiento, de acuerdo implícito.

Veamos un ejemplo: el 28 de abril de 2010, Standard´s and Poor´s
rebaja el rating de la deuda pública española de AA+ a AA. Lo más
curioso es que la decisión se hace pública a las 17:27 horas, apenas
tres minutos antes del fin de la jornada del Ibex y diez minutos antes
del fin de la subasta de la deuda pública española. En esos escasos
diez minutos la Bolsa hispana se desploma un 2,99 %, liderando las
caídas en toda Europa.
Parece trivial, pero no lo es. Como tampoco lo es que los grandes
Bancos que compran nuestros bonos, cuya calificación ha sido rebajada
reiteradamente por estas empresas, sean clientes suyos y no vean, sin
embargo, la suya consecuentemente disminuida.

Lo cierto es que el entrelazamiento de intereses entre los grandes
inversores privados y las agencias de rating, y sus evanescentes
maniobras, parecen cumplir presuntamente con los elementos de los
tipos delictivos que se les imputan en la querella presentada en la
Audiencia Nacional: conspiración para alterar el precio de las cosas y
utilización de información privilegiada.
Pero en realidad el asunto va más allá. Porque, como apuntábamos más
arriba, el aumento de los intereses de la deuda pública española
forzado por estas maniobras torticeras, empuja el tren neoliberal unas
cuantas estaciones más lejos: con la excusa del incremento de los
tipos de la deuda, se aprovecha para obligar a los poderes públicos de
los países periféricos de Europa a tomar decisiones políticas
favorables a los negocios privados (y, las más de las veces,
antisociales) de los inversores internacionales en abierta colusión
con las agencias de rating.

Pongamos otro ejemplo, extraído también del cuerpo de la querella
presentada ante la Audiencia Nacional: el 28 de enero de 2011, ante un
Auto de la Audiencia Provincial de Navarra que reconocía la dación en
pago de la vivienda hipotecada (es decir, que su entrega debía de
bastar para finiquitar la deuda), una de las mencionadas agencias de
rating afirmaba: “Fitch espera que la apelación del prestamista
anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa,
daría lugar a un importante precedente material que potencialmente
forzaría a Fitch a revisar sus actuales valoraciones del mercado”.

Se ha puesto de moda decir, por parte de los responsables políticos y
de los interlocutores sociales, que los españoles tenemos “deberes”
que cumplir. “Deberes” que nos ponen la Comisión Europea o los grandes
inversores. Deberes para escolares aplicados, según una pedagogía un
tanto caduca. Para ser vistos como un pueblo y un Estado de fiar. Esos
deberes, sin embargo, no son más que la tétrica confirmación de
nuestra absoluta falta de soberanía, de la ausencia de democracia
efectiva, del gigantesco aparato caciquil en que se han transmutado
los llamados “mercados globales”.
Así pues, con la inestimable ayuda de las agencias de rating, las
oligarquías financieras pretenden determinar la textura de material de
nuestras vidas, la calidad última de nuestros sistemas sociales y
políticos.

A nadie le resultará descabellado considerar a la reforma laboral y al
Acuerdo Económico y Social sobre las pensiones como los subproductos
últimos de esta fenomenal colusión que sólo pretende salvar in
extremis a un capitalismo voraz y en estado de senilidad. Al ver que
sus enormes ganancias de los últimos decenios no eran más que
virtuales, humo sin apenas ceniza ni valor, las grandes fortunas están
operando como una colosal aspiradora que pretende volver reales las
cantidades ubicuas de la contabilidad creativa de los años de
bonanza.
Y para ello ningún límite parece ser respetado. Tendremos un nuevo
modelo de negociación colectiva, de difícil encaje en la arquitectura
constitucional, para demostrar que somos capaces de cumplir con los
“deberes” que nos fueron impuestos. Pero, aún así, deberemos escuchar
sin inmutarnos, pero con mirada servil, como el secretario general de
la OCDE, Ángel Gurría, afirma sobre España, tras la caída de Portugal:
“nunca se puede cantar victoria porque los deberes nunca están hechos
del todo” (El Economista, 8-4-2011, pág. 7).

Una reforma de la negociación colectiva que está apunto de aprobarse
cuando se escriben estas líneas, y que parece bascular entorno de una
serie de temáticas esenciales: favorecer la negociación a nivel de
empresa (donde los sindicatos simplemente no existen en la mayoría de
los casos) y no de sector; la limitación o desaparición de la
ultra-actividad de los convenios (que establece un suelo a la
negociación en curso), la marginación de los sindicatos periféricos (y
muy concretamente, algunos de enorme representatividad a nivel de
Comunidad Autónoma), y la promoción de los sistemas no
jurisdiccionales, como el arbitraje, a la hora de encarar los
conflictos subsiguientes (algo sobre lo que hemos escrito ya un
artículo en la versión electrónica de esta misma revista).

Una reforma legislativa, en todo caso, que se enmarca, como el
conjunto de las medidas regresivas socialmente que no han dejado de
aprobarse en los últimos meses, en el contexto de la mayor ofensiva
contra los derechos sociales y económicos de las poblaciones europeas
en más de medio siglo.
Como dijo, no hace tanto, Warren Buffet, el multimillonario presidente
de Berkshire Hathaway, principal accionista de la empresa de rating
Moody´s: “esto es la lucha de clases, y la mía, la de los ricos, la
está ganando”. Eso sí, siempre y cuando continuemos mirándonos los
pies.

José Luis Carretero Miramar es profesor de Formación y Orientación
Laboral. Afiliado al sindicato Solidaridad Obrera. Miembro del
Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).