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28/04/2006 :: Estado español

Decenas de municipios españoles acusados de corrupción urbanística

x inSurGente
La persona que se crea que la corrupción en Marbella es una excepción, vive en el país de las fantasías. Es sabido que la especulación urbanística sostiene las economías de casi todos los Ayuntamientos del reino, por eso, en estos días, se trata de ocultar esa realidad, para que, fundamentalmente los dos partidos mayoritarios, queden impolutos de una situación que salpica, y de qué manera.

El viejo código morse ha vuelto a funcionar. Pero ahora ya no alerta sobre barcos a la deriva o peligros inminentes para la navegación. Ahora, su uso ha comenzado a extenderse por Internet, donde aumenta el número de asociaciones de vecinos que piden ayuda para acabar con las tropelías urbanísticas de sus ayuntamientos.

"SOS, SOS... SOS. Somos una agrupación de vecinos de la villa pontevedresa de La Estrada que necesitamos desesperadamente ayuda por parte de todo el mundo con el fin de que no se llegue a aprobar por parte de la Xunta el plan de ordenación municipal... Es un auténtico abuso".

El SOS está colgado de la Red desde hace casi un mes, pero mucho más tiempo llevan denunciando la misma situación los vecinos de Espartinas, en Sevilla, donde las sospechas de corrupción urbanística han llegado a los tribunales. El colectivo "Ciudadan @ s" de Espartinas denuncia la corrupción municipal y las ramificaciones de la 'Operación Malaya' en Marbella, Murcia, Madrid y la propia localidad sevillana, donde se pretenden recalificar 20 hectáreas de suelo rústico en favor de una empresa cuyo administrador único es el concejal de urbanismo.

El asunto está en los tribunales, como otros muchos que recorren la geografía nacional de norte a sur; de este a oeste. En total, y haciendo únicamente acopio de los casos más relevantes -que por su transcendencia han saltado a los medios de comunicación-, la Justicia investiga a concejales y alcaldes de más de medio centenar de municipios españoles, en la mayoría de los casos por cohecho (cobrar cantidades ilegalmente) o prevariación (dictar normas ilícitas a sabiendas).

Los presuntos casos de corrupción se han extendido como una mancha de aceite, principalmente en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Pero también en la Comunidad de Madrid o Galicia. Las corporaciones locales de Orihuela, Torrevieja, Mijas, Manilva, Los Alcázares, Lorca, Aguilas, San Javier, Sanlúcar la Mayor, Umbrete, Almuñécar o Camas están en el ojo del huracán, así como las de Nerja, Torremolinos, Punta Umbría, Fuengirola, Gibraleón, Las Rozas, Majadahonda, Alcorcón, Jimena de la Frontera, Cullera o Villanueva del Trabuco.

Canarias, protagonista del último escándalo

El último caso conocido es el de Candelaria Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), detenida en el marco de la llamada 'Operación Faycan', que investiga una trama de supuesta corrupción por el cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Otra concejal del mismo municipio fue detenida hace unos días.

Estas detenciones no son, desde luego, un caso aislado. El Congreso estudia en estos momentos una propuesta de Izquierda Unida destinada a pactar una especie de código de buen gobierno en los ayuntamientos españoles de cara a las próximas elecciones municipales, que deben celebrarse en mayo del año próximo. La propuesta cuenta con el apoyo inicial del Partido Socialista, con algunos de sus alcaldes implicados presuntamente en casos de corrupción, principalmente en Murcia y Andalucía.

Fuera de España, el Parlamento Europeo estudia 15 quejas contra el Estado español por corrupción urbanística, principalmente en la Comunidad Valenciana.

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