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31/03/2010 :: Andalucía

El botín andaluz de Franco

x Isabel Pedrote
El régimen se quedó con los bienes de los vencidos y arruinó a sus familias. El botín franquista incluía casas, terrenos, ganado y hasta aperos de labranza.

A Blas Infante lo fusilaron unos señoritos derechistas en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936. Pero su sentencia no llegó hasta casi cuatro años después de mano de uno de los 18 tribunales de responsabilidades políticas que puso en marcha el franquismo para castigar a los vencidos, quitándoles sus propiedades y a golpe de multas.

No importaba si habían muerto, como en el caso de Infante (le sancionaron con 2.000 pesetas notificadas a su viuda), que estuvieran en prisión o en el exilio. Igual que la represión física, la económica fue también implacable, un enorme botín de guerra que tuvo, sobre todo, una repercusión terrible en las familias, empujadas al hambre y la miseria.

El volumen de multas superó los 700 millones de pesetas de la época

Impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta, un equipo de 32 investigadores de las nueve universidades andaluzas trabaja en introducir en una única base de datos 53.720 expedientes (el objetivo es llegar a los 60.000) de las actuaciones de los comités provinciales de incautación de bienes y los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía entre 1936 y 1945.

“El volumen de multas pudo superar con creces los 700 millones de pesetas de las de entonces y alcanzar las 9.500 incautaciones; la represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que se produjo el colapso y en 1945 se tuvo que nombrar a una comisión liquidadora que dio carpetazo a 40.000 expedientes”, sostiene Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto.

La represión del nuevo régimen abarcó todas las vertientes posibles, desde las ejecuciones y encarcelamientos a las depuraciones ideológicas para el ejercicio profesional (docentes, jueces, médicos, arquitectos, etcétera). Hubo un tercer círculo, la confiscación de las posesiones del enemigo, a quien también se le multaba. La intención era doble: que nadie quedara sin castigo y recabar fondos. Francisco Franco quiso que los republicanos sufragaran los gastos de su alzamiento. Primero se crearon comisiones de incautación, enseguida desbordadas, y a partir de 1939 la jurisdicción especial de responsabilidades políticas.

Estos tribunales llevaron el delito político hasta extremos desconocidos en la historia de España, tenían carácter retroactivo y podían purgar hechos cometidos a partir de 1934, como se ve en el ejemplo de Blas Infante, asesinado en 1936 y, sin embargo, condenado y sancionado en 1940. Las responsabilidades no se extinguían con la muerte, las heredaban sus descendientes.

En Andalucía la persecución y el saqueo fueron devastadores. “El mero inicio del expediente, aunque no hubiera condena, era ya fatal porque el acusado no tenía acceso a su patrimonio. Muchos estaban muertos o en la cárcel y la familia no podía vender ni mover un papel, era la ruina y la necesidad”, explica Fernando Martínez.

El historiador relata un caso hallado en Almería que simboliza lo que significó esta represión invisible, y las situaciones angustiosas que generó en la economía del hambre de la posguerra. José Enciso Amat, masón, murió en 1937. Dos años más tarde le abrieron una causa que no se falló hasta 1940. A la viuda, multada con 12.000 pesetas, se le interviene la farmacia de la que era propietaria, a cuyo frente se coloca un administrador que percibe 10 pesetas diarias.

Las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias también fueron inmovilizadas. Desesperada, la mujer escribe al tribunal y relata en tono dramático la pobreza que sufre. Alega a su favor que tiene dos hijas que van a un colegio de monjas y que es de comunión diaria. Estuvo pagando plazos de la multa hasta 1951.

“Había 17 supuestos delictivos por lo que se abría expediente, entre ellos militar o haber representado a los partidos o sindicatos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran responsabilidad política”, señala Martínez. Los tribunales no convocaban vistas orales y el encausado sólo podía enviar un pliego de descargo a través de un abogado.

En la base de datos del trabajo se ha introducido toda la información que aparece en los expedientes: nombre y situación política y social de los encausados, denunciantes, jueces y fiscales, informe e informantes (curas, Guardia Civil, alcaldes y Falange), las sentencias de los consejos de guerra, las condenas económicas, la inhabilitación, los destierros y el cumplimiento de las condenas.

La mayoría de los bienes confiscados eran fincas urbanas y pequeñas parcelas de terrenos de todas las clases. La comisión de Sevilla decía en 1939 que no era posible determinar el volumen de lo decomisado porque en los expedientes no constaba su valor. “Existe un gran número de expedientados a los que se les ha incautado un capital considerable representado en fincas rústicas y urbanas sin que tampoco se pueda determinar su cuantía”. Si bien no había freno, se han encontrado relaciones que detallan la apropiación de ropa, aperos de labranza y utensilios de cocina.

El régimen acapara igualmente los llamados bienes “semovientes”: caballerías, ovejas, vacas, cerdos, gallinas… Los inventarios (con su estimación monetaria) que hubieron de confeccionar las víctimas, sobre todo en los pueblos, dan una idea de hasta dónde llegó el escarnio. En uno de los legajos se lee lo que poseía una de las familias caídas en desgracia: una finca valorada en 200 pesetas, una casa, 300; una cama para el matrimonio, otra para los dos hijos, una mesa, seis sillas.

Martínez apunta que cuando las sentencias eran condenatorias, las multas más frecuentes oscilaban entre 150 y 500 pesetas, que eran las que se pagaban. “Hay que tener en cuenta que por entonces con 200 pesetas se compraba una casa en un pueblo”, apunta el historiador, quien llama la atención respecto a que las más afectadas fueron, en consecuencia, las capas medias bajas.

El nuevo estado se apoderó de inmediato de los haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la sublevación. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, se les devolvieron (o un equivalente). A los particulares, nunca.

Según los primeros datos del estudio, que ha llegado a su ecuador, por ocupación, los más mortificados fueron los del sector primario (jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 64% de los encausamientos; el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 21,7%; y el terciario (abogados, empleados, administrativos, etcétera), el 9,9%.

Los cargos públicos desafectos cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes las multas fueron exorbitantes. En 1945 el colapso hizo imposible continuar, se cancela la jurisdicción y los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Pero la represión política no decae. El historial es comunicado a los gobernadores civiles, quienes usaron sus ficheros de rojos en futuras depuraciones para seguir estirando el infierno.

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