El caso Pablo Gonzalez: preso en Polonia acusado de espionaje

En un acto celebrado en Madrid el pasado mes de junio pidiendo la libertad del periodista de nacionalidad española y origen ruso Pablo González, sometido a un calvario judicial en Polonia tras haber sido detenido a finales de febrero de 2022 por las autoridades polacas y, en la actualidad (julio 2022), en prisión provisional acusado de espiar a favor de Rusia, una pregunta flotaba en el ambiente ¿Estamos en guerra?

La pregunta es relevante puesto que explicaría al menos parcialmente la actitud timorata del Gobierno español ante el hecho de que un reportero que estaba prestando servicios para el programa de televisión Al Rojo Vivo, del mediático y hoy desenmascarado Ferreras, y que está privado de libertad con base en pruebas secretas esgrimidas por el Estado polaco, miembro de la UE, tras lo cual parece que solo subyace el origen ruso de Pablo, nieto de uno de los niños de la guerra, acogidos en la extinta URSS para protegerles del levantamiento fascista de 1936.

La clave a la pregunta podemos encontrarla en las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado 24 de junio; tras elogiar en palabras textuales el “extraordinario trabajo de las fuerzas de seguridad marroquís” en la valla de Melilla, saldada con varias decenas de muertos, se refirió al conflicto bélico en Ucrania como “frente oriental” (sic) que, además de ser la misma terminología que utilizaba Hitler en los años 40 del pasado siglo, denota el por otra parte evidente alineamiento de esta gobierno respecto al citado conflicto y la beligerancia que exhibe, y que se traduce no solo en el envío de armas al gobierno Zelenski, sino en un bombardeo mediático sin precedentes tendente a pintar la imagen de ucranianos buenos frente a rusos malos, digna de una película de Walt Disney, de tal modo que hoy es más fácil mandar dinero al Gobierno de Ucrania que a un familiar necesitado.

Dicho posicionamiento, subordinado (¿cómo no?) a los intereses norteamericanos, enmascara el origen del problema ucraniano, minusvalorando el hecho de que gran parte del bloque que sostiene política y militarmente al gobierno ucraniano lo conforman los seguidores de Stepan Bandera, un agente de la Gestapo, y su compinche el ideólogo Dimitro Dontsov (1883-1973), que señalaban a los “auténticos” ucranianos como descendientes de los Varegos, una tribu vikinga que supuestamente vino de la actual Suecia, y calificaban a los eslavos como subhumanos. Los seguidores de esos personajes son los que nutren el batallón Azov, integrado en las fuerzas armadas ucranianas.

No voy a afirmar que el gobierno español suscriba tan delirantes teorías nazis, pero una elemental comparación entre el acogimiento con los brazos abiertos a refugiados ucranianos rubitos por parte de las autoridades de este Estado, frente al trato dispensado a los subsaharianos de Melilla, por no hablar de las gentes de Siria, Yemen, Sudan, etc., abona malos pensamientos.

No puedo resistir hacer una breve mención a la otra pata del gobierno Sánchez, apoyando figuras destacadas del ejecutivo como Yolanda Díaz el envío de armas, y las declaraciones de destacados dirigentes de Unidas Podemos señalando que se puede estar contra la OTAN y ejercer de corteses anfitriones de la cumbre que dicho club montó en Madrid a fines de junio del presente año, con sus corolarios de incremento del gasto militar, mantenimiento de las bases norteamericanas en nuestro suelo, señalamiento a China como el peligro real…Parece que algunas y algunos, parafraseando a Pink Floyd (wish you were here), han intercambiado un rol secundario en la guerra por un papel protagonista en una jaula.

La desgracia de Pablo González es ser vasco y ruso, mala combinación en los tiempos que corren, por lo cual no es de extrañar que no sea merecedor por razones étnicas y de vecindad civil a ningún premio, no como Lech Walesa, expresidente polaco y flamante Premio Nobel de la Paz, que recientemente ha enriquecido el debate afirmando que es preciso “reducir la población rusa a 50 millones de personas”. Aunque Pablo no merezca el mismo galardón que fue otorgado a tal ilustre estadista, por lo menos podemos afirmar ingenuamente que el gobierno progresista podía hacer algo por librar al periodista del proceso kafkiano a que está siendo sometido, con intolerables lesiones del derecho de defensa incluidas; tales como no poder comunicar con sus abogados y que éstos no puedan acceder a las pruebas en las que supuestamente se basa su imputación.

Claro que, como señalaba una persona en el acto que en solidaridad con Pablo González se celebró en la Euskal etxea de Madrid a principios de julio, el Estado español no está históricamente muy sobrado en cuanto a la defensa de la libertad de prensa e información, recordando los cierres de periódicos (Egin, Egunkaria, Ardi Beltza…), la tortura y encarcelamiento de directores y periodistas de esos medios, ante la pasividad y complicidad casi general, concluyendo atinadamente que a veces nos cuesta más ver lo que pasa delante de nuestras narices que lo que sucede en un lugar más lejano.

También, cuando estoy redactando estas líneas (julio de 2022), escucho la noticia acerca de que Bernat Barrachina, el guionista del Ente Público RTVE que fue fulminantemente despedido (en menos de una hora) tras colocar en febrero de 2021 en el programa La Hora de la 1 un rótulo sobre la salida de la princesa a estudiar al Reino Unido que rezaba “Leonor se va de España como su abuelo”, ha obtenido sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara nulo su cese y por tanto debe readmitírsele, por entender que dicho despido se realizó lesionando su libertad de expresión. Al menos es una buena noticia en un mar de despropósitos.

Podemos concluir que en estos momentos Pablo González es un rehén involuntario de este conflicto, de tal modo que seguramente un eventual acuerdo de paz o alto el fuego mínimamente duradero en Ucrania seguramente podría traer aparejado que las autoridades polacas perdieran el interés por este periodista. Tal vez cuando esto este artículo sea publicado se haya producido tal liberación, pero sirvan estas reflexiones al menos para señalar que las libertades públicas no son, para el Estado, dignas de protección respecto a quienes escriben, publican, hablan o cantan contra los intereses del poder, o simplemente se trata de personas como Pablo que en un conflicto bélico su origen étnico y cultural le hacen sospechoso. Se trata de contribuir modestamente a denunciar esta realidad o que, al menos, no se nos engañe.

Francisco García Cediel