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29/03/2020 :: Estado español, Pensamiento

El gobierno prohíbe los despidos durante la pandemia, ¿y qué pasa el día después?

x Antonia Civelli
De nada sirven las medidas cosméticas que está tomando el gobierno, es necesario oponer un programa de salida obrera a la crisis

El gobierno ha anunciado una restricción temporal de los despidos que se produzcan por causa de fuerza mayor, por motivos económicos, técnicos, organizativos y de producción relacionados con el coronavirus. Para esos casos promueven los ERTEs, un mecanismo exprés que se acordó con los sindicatos.

Mediante estos ERTEs de emergencia, las empresas se podrán acoger a la suspensión de los trabajadores, que pasarán a cobrar el 70% del salario, retribuido por el Estado. Las empresas no pierden nada, los trabajadores ven reducirse sus ingresos, y la cuenta la paga el Estado con dinero público. Todo un chollo para los empresarios.

Además, el decreto, al no ser retroactivo, no aplica para el millón de despedidos que según los sindicatos ya hubo en el mes de marzo. Y, finalmente, el decreto no impide los despidos por cualquier otro motivo, algo que facilmente las empresas pueden alegar para descar trabajadores, como lo han hecho siempre.

Se calcula que desde que empezó esta crisis ya se han solicitado 1,5 millones de ERTEs de trabajadores. La cantidad de despidos no está clara, pero fuentes sindicales señalaban que, entre despidos directos y cese de contratos, podían llegar a sumar otro millón. Es decir, que estamos hablando de 2,5 millones que se encuentran en paro o en un paro temporal, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ese empleo una vez que termine oficialmente la crisis del coronavirus.

La prohibición temporal de los despidos por motivo de coronavirus era un reclamo que habían puesto sobre la mesa los grandes sindicatos como CCOO y UGT en la negociación con el gobierno. Sindicatos que ante el despido de más de un millón de trabajadores lo único que ofrecen como salida es “el mal menor” de negociar suspensiones temporales con pérdida salarial (ERTEs), pero que son incapaces de plantear la necesidad de una respuesta obrera mediante huelgas y acciones, para impedir que otra vez la clase trabajadora sea la que termine pagando esta crisis.

El decreto del gobierno establece la prohibición de despidos a partir de que éste sea aprobado, pero ¿qué pasará con ese millón de despidos que ya se produjeron en las últimas semanas? ¿Y qué pasará el día después de que se de por superada la crisis sanitaria? Ya es un hecho que la actividad económica mundial ha entrado en recesión, y las patronales intentarán descargar esa crisis sobre la clase obrera, transformando muchos de esos ERTEs en EREs, aduciendo que la crisis no les deja otra opción más que reducir plantillas.

Las burocracias sindicales promueven la aceptación del “mal menor”; ahora dicen que hay que aceptar ERTEs, para que no haya despidos, después dirán que hay que aceptar EREs masivos, para que no cierre la empresa. Y así, tal como hicieron en 2008, pero en una nueva magnitud, intentarán que sean los trabajadores los únicos que se recortan y ajustan, mientras ellos siguen recibiendo ayudas y rescates del Estado.

Ante esta disyuntiva, de nada sirven las medidas cosméticas que está tomando el gobierno, es necesario oponer un programa de salida obrera a la crisis que cuestione las ganancias de los capitalistas.

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