El lobby antiaborto y sus vínculos con el Partido Popular

“¿Saben que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen?”. Las palabras de la diputada del Partido Popular Beatriz Escudero, a principios de mayo en el Congreso, y la posterior reacción de algunas de sus compañeras de formación, como Soraya Sáenz de Santamaría y Celia Villalobos, dejaron en evidencia la incomodidad que sienten incluso los miembros moderados del PP ante la reforma de la Ley del Aborto anunciada por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La única frase del programa electoral de este partido que hacía referencia a la interrupción voluntaria delembarazo rezaba lo siguiente: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Tan difusa y amplia que podría incluir desde una mínima reforma hasta la consideración del aborto como delito penado con cárcel.

Los partidarios de esta última opción han adquirido especial fuerza en los últimos meses. Algunos políticos del PP que militan en asociaciones antiabortistas, autodefinidas como provida, se han situado en puestos de interés estratégico, como la vocal de este partido en la comisión de Justicia en el Parlamento, Lourdes Méndez Monesterio, y su homólogo en el Senado, Ángel Pintado. También es significativa la renovación del Comité de Bioética que deberá emitir un informe sobre la futura reforma de la ley, firmada el pasado diciembre por la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Entre los 12 expertos, al menos siete se han declarado antiabortistas. Pese a las polémicas que se han sucedido en los últimos meses, a finales de mayo, poco se sabía sobre el alcance que acabará teniendo la reforma. Apenas si ha trascendido algo más que la intención de Ruiz-Gallardón de eliminar el supuesto que permite interrumpir el embarazo en caso de malformación en el feto. Ésta responde, precisamente, a una de las principales demandas de los grupos provida.

Estos colectivos ejercen de lobby para conseguir que se promulgue una ley ajustada lo más posible a los postulados católicos extremistas. Asociaciones como la plataforma Derecho a Vivir, Hazte Oír o la Asociación Mundial de Parlamentarios por la Vida tienen como objetivo prioritario ejercer fuerza sobre los poderes públicos para que la legislación recoja los principios por los que se rige la Iglesia Católica. Se trata de grupos de presión que intentan que la ley y su moral religiosa sean sólo una. Además de acceder a los poderes públicos, algunos miembros destacados de estas organizaciones son a veces los que legislan, hasta el punto de que algunas de ellas están formadas casi exclusivamente por políticos con la finalidad de que incluyan la agenda provida en los gobiernos de los que forman parte.

Alusiones a la eugenesia

Es el caso de Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida, una organización internacional que en su declaración de intenciones incluye como objetivo primordial “rechazar todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, eutanásica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clonizante o que manipule la vida humana, cualesquiera sean los medios utilizados para ello u objetivos que pretendan justificarlos”.

Uno de los miembros del Partido Popular más implicados en la redacción de la nueva ley del aborto, Ángel Pintado, se convirtió en febrero de 2011 en el primer español n presidir la organización. El ahora vocal en la comisión de Justicia del Senado aseguraba a principios de mayo, en declaraciones a La Razón, que la argumentación de la nueva ley ya estaba redactada y el anteproyecto de Ley ya había sido enviado a La Moncloa. Además de Pintado, los únicos miembros españoles de esta asociación son José Eugenio Azpiroz, diputado del PP en el Congreso por Guipúzcoa, y Rafael López Diéguez, presidente de Alternativa Española y casado con la hija de Blas Piñar, antiguo líder de Fuerza Nueva.

El caso más evidente del vínculo entre políticos conservadores y asociaciones que defienden que la moral católica debe integrarse en la legislación es Familia y Dignidad Humana, la rama en España de Acción Mundial de Parlamentarios por la Vida. Compuesta por destacados diputados, senadores y otros cargos del Partido Popular y Convergència i Unió, fue fundada en 2008. Ese año fue vocal de la entidad uno de sus miembros más ilustres, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ya ha mostrado públicamente el apoyo a los postulados de la reforma anunciada por Ruiz-Gallardón.

Familia y Dignidad cuenta en la actualidad con varios representantes en el arco parlamentario, entre los que destacan Lourdes Méndez Monesterio, vocal de la comisión de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Madrazo, Antonio Gutiérrez Molina y el actual vicepresidente de la asociación, Eugenio Nasarre. También es significativa la proporción de miembros de Familia y Dignidad que tienen o han tenido puestos de responsabilidad en materia de educación en gobiernos de la formación conservadora. Entre ellos, el senador Luis Peral, que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. Por su parte, Julio Iglesias de Ussel, que llegó a ser presidente de esta asociación, fue secretario de Estado de Educación con José María Aznar, en 2004.

La presión de estas asociaciones es constante y ni siquiera necesitan tener a ningún miembro declarado en puestos de poder para influir en las decisiones del ministro de Justicia. Es el caso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que se reunió con Ruiz-Gallardón en agosto de 2012 para exigirle que la reforma de la ley del aborto suprima lo que consideran conceptos discriminatorios, entre los que se incluiría el supuesto de malformación del feto.

Entre las organizaciones que exigen al Gobierno la eliminación de este supuesto se encuentra la asociación “Trisomía 13, Trisomía 18 y otras malformaciones genéticas graves”, formada por familias que sufrieron en algún momento el diagnóstico de estas malformaciones congénitas de una gravedad extrema. Esta asociación, miembro del Foro de la Familia, difunde los testimonios de casos particulares que no se sometieron a una interrupción del embarazo al conocer el pronóstico de estas anomalías congénitas que conducen a la muerte prematura del recién nacido.

Los relatos aluden en todo momento a la voluntad de Dios y al derecho del nacido a vivir, aunque sólo sea unas horas. Uno de ellos explica la historia de Juan Miguel del siguiente modo: “Los médicos tuvieron que reanimarle nada más nacer. A partir de ahí, vivió apenas 2 meses. Lamentablemente no pudimos llevarle a casa con nosotros. Sin embargo, podíamos estar con él en el hospital, donde estuvo magníficamente cuidado con toda clase de mimos y atenciones. Pudimos cogerle y abrazar su cuerpo diminuto. Dejarnos llevar por su paz, por su humanidad frágil y emotiva, por su enseñanza de lucha. Juan Miguel se fue apagando como una velita hasta que nos dejó aquí en la tierra. Han pasado 5 años y podemos decir con toda certeza que no estamos traumatizados por el acontecimiento, ni lamentamos la decisión que tomamos. Es duro enterrar a un hijo, pero consolador saber que está en el cielo velando por todos nosotros”.

Campaña agresiva

Una de las asociaciones más beligerantes para conseguir la derogación de la ley del aborto es Hazte oír. Su plataforma Derecho a Vivir está realizando una agresiva campaña de publicidad para conseguir que el ministro de Justicia asuma sus postulados católicos más integristas. Esta plataforma tiene en su comité asesor a Pablo Nuevo, quien ocupa en el PP de Cataluña un puesto en el Área de Estudios y Programas. La influencia de este colectivo sobre el actual ministro de Justicia es más que patente.

En enero de 2003, el vocal del comité asesor de Derecho a Vivir, Nicolás Jouvé, fue nombrado miembro del Comité de Bioética de España. El Gobierno también designó como integrante de dicho comité a María Teresa López, ex vicepresidenta de la asociación Acción Familiar, que incluye entre sus vocales a María de los Ángeles Becerril y Bustamante, condesa de Cedillo y hermana de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Ahora, la mayoría antiabortista está asegurada. Siete de sus doce miembros declaran su oposición a la actual ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

Otro de los representantes de esta plataforma inculado al PP es Jesús Pedroche Nieto, miembro del consejo de Bankia en la época en la que se firmó la compra por la que Miguel Blesa ha pisado la cárcel. Pedroche fue cargo del PP desde 1987 hasta 2003, cuando renunció a su acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba improcedente el despido a su secretaria por estar embarazada cuando éste era consejero de Presidencia de Gallardón en la Comunidad de Madrid. Por último, también destaca José Luis Requero, miembro del Consejo General del Poder Judicial hasta 2008 a propuesta del PP. Requero hace doblete, ya que también es miembro de la asociación Familia y Dignidad humana.

La vinculación entre estas asociaciones y el poder no se circunscribe al ámbito político. Son varias las empresas que apoyan la inclusión de la moral católica en la legislación y que además tienen lazos con distintos miembros del Partido Popular. Un ejemplo de estas conexiones se produjo en mayo de 2012, durante el Congreso Mundial de Familias, organizado por Hazte Oír, en Madrid. Entre los patrocinadores de este encuentro estaba el Grupo Eulen, el consorcio de empresas dirigido por David Álvarez, premiado por Hazte Oír por su compromiso ético.

En este grupo han ocupado diversos cargos de responsabilidad tanto el exministro del Interior con José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, como su hermano José Mayor Oreja, que adquirió notoriedad no hace mucho por su aparición como donante en los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.