El presidente de la Junta de Andalucía "apoya" a los Astilleros de Cádiz pero defiende el monopolio de la violencia del Estado

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), consideró ayer, en un claro acto de propaganda electoral, que "la SEPI debería de reunirse al más alto nivel con los dirigentes sindicales y buscar una solución al problema planteado en los Astilleros de Cádiz".

Se refería así a los durísimos enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado martes entre astilleros (en lucha contra los contínuos retrocesos de sus derechos laborales) y antidisturbios que, según la prensa, dejaron un saldo de más de 40 policías y tres manifestantes heridos.

El presidente pretendió mostrar un supuesto apoyo a las reivindicaciones de los sindicatos y de los trabajadores por ser "justas y legítimas", aunque se cuidó mucho de apoyar "los métodos que se han utilizado hasta ahora", los cuales parecen poco apropiados en el estado español ya que, según él, "el derecho de huelga, de reunión y de manifestación están perfectamente garantizados en nuestra legislación".

El presidente insistió varias veces en rechazar los métodos de protesta utilizados por los trabajadores, argumentando que los espléndidos derechos recogidos en la legislación, "en la Constitución y en el Estatuto", son "cauces suficientes para encauzar las reivindicaciones"(1).

La represión policial a los astilleros de Cádiz demuestra una vez más que la violencia forma parte indisoluble del Estado. Podríamos afirmar que es su base fundamental; el monopolio de la violencia. Por ella muchos de los ciudadanos acatan las leyes. Sobre quien no las cumple pesa la amenaza de pasar largos días de su vida en la cárcel. De esta forma, la violencia es usada de forma política en cada momento de la vida del Estado.

Los políticos, Chaves entre ellos, son conscientes de todo esto. Por eso no permiten que la ciudadanía pase a tener el monopolio de la violencia. Junto a los medios corporativos se exaltan de manera extrema cuando aparecen sectores sociales, desde sindicatos combativos hasta grupos armados, que con sus acciones cuestionan el poder político vigente y su violenta columna vertebral. Es algo que no controlan, y es una amenaza para ellos. Por eso se dotan de medidas excepcionales como leyes antiterroristas o delitos de apología del terrorismo. Ellos defienden el Estado, el monopolio de violencia; ellos quieren decidir cómo y cuando deben hacerse las cosas.(2)

NOTAS:
1. Europa Press. 5 de febrero 2004.
2. Sobre la violencia y el estado. Joan García, Cartas a Rebelión.