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18/01/2021 :: Estado español

El SAD sigue exigiendo la municipalización mientras denuncia falta de seguridad en el trabajo

x Carla Benito
Los Servicio de Atención Domiciliaria de toda Catalunya se encuentran sin EPI y abandonados.

Además, el SAD en Barcelona acaba de ser asumido en parte por la gestión de Domus Vi, empresa que forma parte de un fondo de inversión y que acumula varios informes negativos por mala gestión durante la pandemia.

Las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria de pueblos y ciudades de Catalunya se organizaron a través del sindicato SAD para exigir la municipalización y detener una deriva externalizadora que encarece los precios y precariza las trabajadoras. Ahora, casi un año después del inicio de la pandemia del Covid-19, utilizan también la plataforma para denunciar las condiciones de inseguridad en las que trabajan. Sin los equipos de protección individuales adecuados y sin protocolos para los usuarios.

Pilar Nogués, presidenta del sindicato SAD, nos cuenta que «la falta de EPI es un problema muy importante y es general y estatal». Aunque reconoce que sí hay algunas empresas peor que otra. La explicación para el sindicato es que las empresas que se encuentran al frente de la gestión del Servicio de Atención Domiciliaria en los diferentes municipios responden a un «modelo depredador que va a buscar beneficio e intenta recortar lo máximo posible». Y, ahora, lo más fácil, dicen, es recortar en EPI.

Esta denuncia la han realizado por ejemplo las trabajadoras del servicio en Barcelona. Informan que les han enviado a los domicilios diferentes materiales de prevención sin tener en cuenta la talla de las trabajadoras, ni la sensibilidad o riesgo de las personas frente a la pandemia. Esto supone, explican, que estos materiales de prevención no son aptos para las trabajadoras. Es decir, como nos traslada Nogués, en Sant Feliu de Llobregat, el equipo de trabajadoras cuenta con 5 personas de alto riesgo a las que les deberían hacer llegar FPP2. Sin embargo, solo dos de ellas disponen del material adecuado. Aparte, otra queja al respecto es que reparten los EPI una vez a la semana durante dos horas: «La trabajadora a la que le coincide un servicio en ese momento, o se queda sin o debe pedir a alguna otra trabajadora que se lo coja… Tampoco es seguro tener el material en constante movimiento».

Nogués, así como también lo hace el sindicato, responsabiliza a la administración directamente, ya que apunta que es tarea de los ayuntamientos imponer ciertas medidas a las empresas que contrata. En este sentido, aportan que la constitución así lo contempla, que es competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Para ellas, no dotar de los materiales adecuados las trabajadoras es «escandaloso». «Si no nos dan materiales… Estamos contaminando porque no vamos protegidas a los domicilios, pero también nos podemos llevar el riesgo hacia casa porque muchos usuarios no llevan la mascarilla en su casa. Nadie les ha obligado a hacerlo», concluye Nogués. Y es que la preocupación es alta por las tareas que las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria realizan. Tienen cuidado de la higiene corporal, baño y alimentación de los usuarios, lo que implica salir a comprar, ir al mercado, estar por la calle y volver a casa del usuario con una mascarilla que solo dura 4 horas y deben reutilizar.

Caos en el relevo de empresas al frente del SAD Barcelona

En Barcelona, su portavoz, Lourdes Ligori, nos explica un poco lo mismo que Nogués respecto a los EPI pero con el agravante de haber vivido un cambio de empresa al frente de la gestión del servicio con el nuevo año. En la ciudad, el Servicio de Atención Domiciliaria es el segundo contrato público más importante del Ayuntamiento. Y es un contrato que, según anunció el consistorio, finalizaría con la municipalización del servicio.

Como explicábamos en este reportaje con motivo del nacimiento del sindicato, el Ajuntament de Barcelona anunció la municipalización del servicio en mayo del 2019 haciéndolo inicialmente a entre un 7% y un 10% de las 4000 trabajadoras que dan servicio a la ciudad. Sin embargo, en diciembre de 2019, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat emitió un informe desfavorable a la internalización del SAD y los servicios jurídicos municipales no encontraron ningún resquicio para hacerla efectiva. Desde el consistorio explicaban entonces también que el otro impedimento para municipalizar la totalidad de las trabajadoras es la llamada ley Montoro, que restringió la autonomía financiera. En este sentido, el pasado mes de septiembre,
la oposición en el Congreso logró frenar la propuesta del gobierno central de utilizar el superávit que las ciudades habían acumulado desde la aplicación de la ley Montoro, y que en caso de Barcelona corresponde a 480 millones.

El último movimiento lo llevaron a cabo hace tan solo una semana cuando Ajuntament y Diputació de Barcelona se reunieron con la Generalitat para reclamar una mejor financiación de los servicios sociales. Dentro de estas demandas denunciaron la infrafinanciación actual que existe en programas como el Servicio de Atención Domiciliaria. En este sentido pidieron un compromiso firme para incrementar esta financiación. Asimismo, explicaban que con la entrada en vigor del nuevo contrato del SAD se ha incorporado el aumento de sueldo para las trabajadoras del hogar que recoge el nuevo convenio colectivo catalán pero que, en cambio, no ha supuesto de momento ninguna actualización de las tarifas que paga la Generalitat a las diferentes administraciones locales para este servicio.

El Ajuntament de Barcelona estima así que, con respecto al SAD, habría que reconocer en el sistema de cálculo del módulo base de financiación los incrementos laborales del nuevo convenio colectivo de ámbito catalán del SAD 2019-2022, que supone para el Ayuntamiento de Barcelona un mínimo de 6 millones de euros anuales.

Ahora, como nos explicaba Ligori, el 1 de enero la licitación que tenía el Ajuntament de Barcelona cambió y pasó a manos de Servisar, una filial de Domus Vi, una empresa controlada a su vez por los fondos de inversión Intermediate Capital Group (ICG) y Sagesse retraite Santé (SRS). Además de tener su matriz en la isla de Jersey, un paraíso fiscal, también acumula expedientes por mala gestión en varias residencias durante la pandemia.

Así, del mismo modo que las trabajadoras han hecho saber su disconformidad, también fue la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) quien criticó esta decisión tomada a finales de octubre. La FAVB recordó que cinco de los centros que ha gestionado Servisar han sido intervenidos y 11 han tenido problemas graves. «Con estos antecedentes, resulta incomprensible que esta empresa haya podido ganar un concurso para cubrir un servicio tan esencial como el del cuidado a domicilio», continuaba la federación, que pide al Ajuntament que revisara el sistema de contratación que otorgó el 50% de la gestión del SAD a esta empresa.

La problemática de los EPI como ejemplo, una carencia más

Las trabajadoras de Barcelona, como nos cuenta su portavoz Lourdes Ligori, ante la falta de EPI en ir a pedir el material a la empresa, se han encontrado que las oficinas de Domus Vi están a medio montar y no disponen de timbre, y añaden que «con esto queda demostrada la inoperancia manifiesta de la misma».

En cuanto a los EPI, Ligori explica que han luchado para que les dieran una mascarilla por día, ya que se deben utilizar para 8 horas solo y que depende del día hay tallas de guantes y batas, pero depende el día no. Ligori dice que en denunciarlo y formar parte del SAD ella ha recibido una mascarilla para cada día de la semana, pero que a otras compañeras se les ha dado 5 mascarillas para todo el mes.

Otra queja que aportan es que ellas como cuidadoras a domicilio deberían disponer de un teléfono de empresa para poder contactar con su coordinadora y para poder reaccionar ante urgencias. Sin embargo, quince días después del cambio en la gestión todavía tienen que hacer estas llamadas desde los teléfonos particulares.

Aparte del material, a día 1, que era festivo, la nueva empresa no tenía nada montado y durante toda la primera quincena de enero las coordinadoras, como nos hace saber Lourdes Ligori, han estado pasando datos de un programa al otro sin llegar a todo y, por tanto, sin coger el teléfono. Esto ha afectado a las reclamaciones de las trabajadoras pero también con los usuarios. «Ha habido casos de usuarios que han estado llamando a la empresa antigua porque nadie les había avisado y se han encontrado que no les atendían y que, además, por dificultades en la coordinación no se les enviaba ninguna trabajadora», se queja Ligori. Y es que como dice, las coordinadoras llevan 200 usuarios. «Algunas llevan 300… Hay muchas de baja por estrés y eso no hay manera de cubrirlo».

Los argumentos que da la empresa ante ello son que han tenido problemas con el traspaso por culpa de la otra empresa que no les ha pasado bien los datos. Por eso les han pedido que les facilitaran ellas mismas toda la documentación, incluida la copia del contrato. Aun así, Ligori manifiesta que si esto fuera cierto ¿cómo es que a ella, aunque reconoce que puede ser por interés dado que es la portavoz del sindicato en Barcelona, sí que lo han localizado y la han estado llamando?

Finalmente, la empresa también les ha hecho saber que con la pandemia ha habido mucha baja de usuarios y los planes no están completos. Lourdes apunta que lo que harán es reducir horas de servicio y por lo tanto bajar horas de trabajo en la plantilla. Explica el caso de una compañera que tiene 26 horas de contrato y solo 14 horas de trabajo asignadas. Por otra parte hay trabajadoras que hacen más horas de las que les tocan. También por estar cubriendo bajas de compañeras, ya que como denuncia Lourdes son tantas que no se llega a coger gente externa. Ahora Domus Vi está rehaciendo todos los planes de trabajo para ver cómo lo cuadra.

Desde el SAD no entienden entonces que sabiendo desde hace meses que asumirían la gestión de este servicio, la empresa esté pasando ahora a mano los datos de las trabajadoras y haciendo el plan de trabajo para estas. «Las trabajadoras de la empresa dicen que lo tenemos que entender que están acostumbrados a gestiones más pequeñas como las que hacían en Badalona. Si no están preparados que no los cojan del Ajuntament». Y es aquí cuando vuelve de nuevo la demanda de la municipalización.

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