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Estado español :: 22/05/2009

Iniciativa Internacionalista afirma que la condena de la violencia es un planteamiento "simplista"

Gara
[Vídeo] Pasadas las 23.15 de ayer se conocía que el Tribunal Constitucional declara legal a la lista Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos.

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x El Mundo


Iniciativa Internacionalista ha pedido la dimisión del ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba al considerarle responsable de la campaña orquestada para impedir su participación en los comicios europeos. La formación ha anunciado que una de las líneas de trabajo de su campaña electoral será impulsar una solución "dialogada, política y democrática" al conflicto en Euskal Herria, que en su opinión no se va a resolver con "simplezas" como la condena o no de la violencia.

* Sentencia del Tribunal Constitucional

* Entrevista a Doris Benegas en Infozazpi Irratia

* "Respeto" del Gobierno español y la Fiscalía a la decisión del TC

MADRID-. El representante legal de Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), Luis Ocampo, ha expresado la "satisfacción evidente" de la formación por la decisión del Tribunal Constitucional de revocar la anulación de su candidatura por parte del Supremo, y ha exigido la dimisión del ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por haber generado un "esperpento" y un "espectáculo" para tratar de impedir su participación en las elecciones europeas.

"Rubalcaba ha presionado de forma intolerable a su partido y al Tribunal Supremo para conseguir nuestra ilegalización. Después del espectáculo que ha generado y de demostrar que no tiene ningún respeto por el ejercicio de los derechos y libertades, debería dimitir si tiene un poco de dignidad", ha subrayado en la comparecencia que ha ofrecido en Madrid junto a Alfonso Araque y a Carlo Frabetti.

Junto a ello, ha denunciado la "campaña de criminalización orquestada desde el Ministerio de Interior" contra su lista y anunciado que presentarán una querella contra el propio Rubalcaba y contra el titular de Justicia, Francisco Caamaño.

Solución al conflicto

Preguntado por si condenan la violencia de ETA, Ocampo ha señalado que la resolución de un conflicto político "que lleva décadas sin resolverse" no llegará con ese tipo de planteamientos, por lo que ha instado a hacer reflexiones "desde la observación".

"Esas cuestiones no se pueden resolver con un 'sí' o con un 'no', si realmente se quieren resolver de verdad; si se quieren resolver de verdad no se pueden responder con simplezas", ha respondido, a la vez que ha recalcado que su candidatura "practica únicamente métodos políticos para la obtención de sus objetivos".

Ayudar a un nuevo proceso de diálogo

Según ha explicado, la formación apuesta "por que este conflicto se reconduzca hacia caminos políticos de diálogo y democracia" y su pretensión es "ayudar a que se abra de nuevo un proceso de diálogo abierto para solucionar el conflicto por vías políticas y democráticas".

En ese sentido, el representante de la candidatura ha explicado que una de las líneas de trabajo de la campaña electoral de II-SP será impulsar una solución "dialogada, política y democrática al conflicto entre el Estado español y un sector muy significativo del pueblo vasco".

En la cárcel

Ocampo ha advertido de que "muchas de las personas que más voluntad política han demostrado para que este problema se resolviera están en este momento en la cárcel" y ha aludido expresamente a Joseba Álvarez.

El integrante de II-SP ha reiterado su apuesta por afrontar la solución al conflicto político en Euskal Herria "con seriedad y rigor" y a alejarse de planteamientos "simplistas", y se ha cuestionado por qué no se pregunta nunca al rey Juan Carlos Borbón por su "responsabilidad personal" en "los últimos crímenes franquistas".

En ese punto, el sindicalista Alfonso Araque también ha denunciado que a Iniciativa Internacionalista se le pide que condene la violencia de ETA mientras que "la violencia que se ejerce sobre los trabajadores no tiene el mismo eco".

"Repudiamos la violencia que condena al paro a cuatro millones de ciudadanos, esa violencia es la que repudiamos contundentemente", ha resaltado.

Persectivas electorales

Sobre sus perspectivas electorales, Ocampo ha dicho que está "dentro de lo probable" lograr un eurodiputado y por ello pedirán al CIS que introduzca a la candidatura en sus próximas encuestas sobre opción de voto.

En cuanto a la posibilidad de que la izquierda abertzale apoyara esta lista, ha manifestado que "estaríamos absolutamente satisfechos de que la gente que tradicionalmente vota a la izquierda abertzale consdierara que esta candidatura merece su confianza política".


El Tribunal Constitucional declara legal a la lista Iniciativa

Pasadas las 23.15 se conocía que el TC desautoriza al ministro Rubalcaba y al Supremo, que validó inicialmente el veto. Declara que no hay pruebas que unan con ETA a esta lista y añade que querer movilizar el voto de la izquierda abertzale no debe tildarse de ilegal.

Los vascos y el resto de ciudadanos del Estado español podrán votar legalmente a Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) pese al afán puesto por el Gobierno del PSOE, hasta la última fase del procedimiento, en que fuera vetada. La Fiscalía y la Abogacía del Estado insistieron en que debía ser proscrita hasta última hora, cuando ya en círculos políticos y mediáticos se admitía con nitidez que no había elementos objetivos para ello.

La decisión final se hizo pública cuando sólo quedaban tres cuartos de hora para que expirara el plazo legal y arrancara la campaña para las europeas, lo que apunta a que fue meditada hasta muy última hora.

En la sentencia, el Constitucional indica que ya advirtió en anteriores casos similares de que «tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la convicción judicial de su existencia deberá confirmarse a partir de la concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz». Tras analizar los documentos aportados, valora que «puede deducirse razonablemente que ETA y el partido político ilegalizado conceden cierta relevancia a estas elecciones», pero que «no puede alcanzarse la conclusión de que ello haya de ser mediante la instrumentalización de esta coalición».

«Una vez más, hemos de insistir en que la `izquierda abertzale' como expresión ideológica `no ha sido proscrita de nues- tro ordenamiento ni podría llegar a serlo'», añade el Constitucional parafraseando anteriores pronunciamientos.

La sentencia descalifica presuntas «pruebas», como las relaciones de candidatos con la izquierda abertzale o la ideología de los avalistas. «De las consideraciones vertidas sobre Alfonso Sastre, Doris Benegas y Ángeles Maestro sólo se desprende una orientación ideológica que no puede redundar en perjuicio de sus derechos de participación política», apunta.

Revés para Rubalcaba

El fallo supone un serio contratiempo y deja tocado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había puesto mucho interés en defender públicamente esta ilegalización, mientras compañeros de Gabinete como el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, preferían guardar un prudente silencio.

Rubalcaba echó las campanas al vuelo el pasado sábado. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo aceptando su tesis de que se cerrara el paso a II-SP, argumentó que había «pruebas suficientes» para ello y reiteró que la lista liderada por Sastre «lo que pretende es sencillamente permitir la presentación de Batasuna a las elecciones».

«Batasuna y sus acólitos y marcas satélites tienen que reconocer que en democracia o se está con los votos o se está con las bombas, pero no con ambas», remarcó Rubalcaba, que tiene el apoyo entusiasta del PP.

El ministro de Interior parecía contar con la seguridad de que el TC validaría la decisión del TS, pero obvió que en este órgano ya se produjo un amplio debate y que cinco de los magistrados -incluido el ponente de estos casos- se desmarcó del criterio mayoritario. A la luz de las alegaciones presentadas por II-SP, crecieron las voces que afirmaban que no había motivo alguno para impedir que ejerciera su derecho a concurrir. Varios medios recordaron que Europa lleva tiempo vigilando este tipo de aplicaciones «extensivas» de la Ley de Partidos.

Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía habían insistido en defender la ilegalización de esta candidatura hasta el último momento. En las alegaciones presentadas el miércoles, veían insuficientes las explicaciones de II-SP.

Así, la Fiscalía abundó en la afirmación de que la estrategia de II-SP constituía un mero «ardid de ETA» para tratar de llegar a Estrasburgo. Pese a que en la candidatura ni siquiera hay candidatos vascos salvo Alfonso Sastre, que está afincado en Hondarribia hace muchos años, el fiscal presentaba la candidatura como «sólo un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo: el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo».

Sobre los candidatos, además de la vinculación que se hace entre Sastre y la número dos, Doris Benegas, la Fiscalía añadió datos como que la candidata Ángeles Maestro colgara un artículo en la web kaosenlared.net que indica que Iniciativa Internacionalista «defiende planteamientos plenamente coheren- tes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale». Se da la circunstancia de que el Gobierno español ha argumentado en muchísimas ocasiones que la Ley de Partidos no persigue ideas, sino comportamientos delictivos.

«Lenguaje violento»

Resultaba llamativa también la afirmación de la Abogacía del Estado de que la condena del atentado contra el ex edil del PSE Isaías Carrasco hecha por el portavoz de II-SP Luis Ocampo «no es suficiente» dado que al mismo tiempo éste insistió en que «la represión no es la vía de solución en el País Vasco».

Sobre el manifiesto de la coalición, la Abogacía llegaba a decir que «está redactado en un lenguaje violento» al hablar de «los diversos pueblos oprimidos por el Estado español» y expresar su apoyo a «las luchas» de todos ellos. «Frente a un Estado que oprime naciones varias y es cárcel de pueblos y gentes, ¿qué puede significar apoyo de la `lucha' de cualquier pueblo `por su libertad y dignidad'?», preguntaba el Gobierno en su alegato.

«Han restituido nuestro derecho evidente y clarísimo a concurrir»

Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos valorará hoy en rueda de prensa la decisión del Tribunal Constitucional, pero anoche su representante legal, Luis Ocampo, ya saludó la noticia con «altísima satisfacción». Matizó, no obstante, que lo único que ha hecho el Constitucional es «restituir un derecho evidente y clarísimo» de estar en las urnas el 7-J.

A partir de hoy, II-TS trabajará para conseguir un número de votos que considera que será «significativo» con el conjunto del Estado, donde se calcula que harán falta cerca de 250.000 votos para lograr un eurodiputado.

Antes de que el caso llegara a su fin, por la mañana II-TS salió a la palestra para evidenciar que toda la persecución en su contra supone que en el Estado español no se cumplen los estándares mínimos de cualquier democracia. «En la época del segundo quinquenio de los 70 se hablaba de `búnker franquista' y ahora podemos hablar de `búnker constitucional'», afirmó en una nota de prensa.

Su valoración incide en que el Estado español no puede considerarse como democrático por motivos de raíz y de desarrollo. Entre los primeros, recuerda que el actual Rey «juró como sucesor en función de las Leyes Fundamentales del Movimiento, estructura jurídica básica del régimen franquista».

Añade que «en el Estado español la separación de poderes es inexistente y además notoria». Y cita, en paralelo, que tampoco se cumple el requisito de respeto a las libertades fundamentales, toda vez que se cierran medios, se ilegalizan organizaciones o se prohíben manifiestaciones.

Siguiendo con su repaso, II-SP cita que además en el ámbito del Estado existen presos políticos, que no se cumple el principio de seguridad jurídica («lo que ayer no era delito hoy lo es, incluso con carácter retroactivo»), que lo mismo ocurre con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por último, que las FSE mantienen un carácter «represivo».

«El régimen español recurre de una forma cada vez más intensa y extensa a la represión como forma de garantizar su continuidad -concluye el comunicado-. Esta vía tampoco le va a servir a medio plazo».

 

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