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Estado español :: 30/06/2006

El camelo del "Principado"

Carlos X. Blanco
Proponemos unos cuantos apuntes y pinceladas para revisar críticamente el fenómeno creciente del nacionalismo español.

Como asturiano, me interesa especialmente la maniobra ideológica según la cual éste se sirve de la Corona para legitimarse históricamente, incluso "apropiándose" simbólicamente de un territorio anexionado por Castilla a fines de la edad media, y que en el marco constitucional vigente se da en llamar "Principado", para humillación del pasado revolucionario, republicano o foral de Asturias, según se mire. Si los ciudadanos del estado español son súbditos de una monarquía puesta por Franco, los ciudadanos del Principado están forzados a serlo por partida doble, pues así, monárquica y subalternamente, le han otorgado desde Madrid unas instituciones autonómicas que, sin venir a cuento ni enraizar con la voluntad de los asturianos, refuerza el punto de vista monárquico.

Desde una óptica marxista, nos parece que este fenómeno obedece a una nueva ofensiva -que todavía no ha desplegado todo su arsenal potencial- de cara a reasegurar las condiciones con que el Capital puede seguir explotando al trabajador dentro del vigente marco político-jurídico, el Estado Español. En la medida en que ese marco se conserve y, en el límite, se fosilice, buena parte de los agentes al servicio del Capital cuentan con la "tranquilidad’ suficiente para mantener sus inversiones y sus estrategias básicas de explotación de trabajadores. El vigente marco, el de un Estado monárquico centralizado, se exhibe con demasiada frecuencia como si fuera el "medio ambiente ideal" para la supervivencia de las inversiones, y por ende, de los puestos de trabajo, del bienestar alcanzado, etc. Esa amenaza de la patronal y de las multinacionales concertadas con el nacionalismo español puede recibir un nombre: terrorismo económico. Esto se resume en una consigna: "no mováis ficha en el orden territorial, y entonces seguiréis `disfrutando' de nuestra presencia como explotadores". Tal es el mensaje que se ha podido escuchar durante los recientes procesos de re-definición territorial, como el Plan Ibarretxe o el nuevo Estatut.

El poder establecido es un artificio creado por el Capital. Se trata generalmente de una solución de compromiso entre las necesidades perentorias de (re)producción de éste, y la trayectoria histórica de aquella formación social sobre la que opera. En modo alguno este vínculo entre superestructura política (Estado) y base económica de una formación social es un nexo mecánico y rígido, como aquel que permite que el tejado de una casa se sostenga gracias a los cimientos. El vínculo es dinámico, y constituye un caso concreto de la dialéctica entre la estructura -sincrónica- y la historia -diacrónica. El poder establecido es una estructura para cuya legitimación exige siempre una mitología sobre los orígenes, un relato diacrónico de cómo a llegado a encaramarse allí. Pero luego, la historia real, y no el discurso narrado con afán ideológico-legitimador- es la que debe permanecer a la sombra, pues al poder no le interesa rescatar el continuo de luchas de pueblos y de clases que han deparado hoy su victoria a un poder establecido concreto. Tan solo se difunden unos cuantos episodios, arbitrariamente entresacados de ese continuo, y con una suficiente carga teleológica que se les inyecta, con el fin de remarcar que todos aquellos hilos y hechos "conducían hasta el momento de hoy".

El nacionalismo español no duda en recurrir al terrorismo económico, amenazando con deslocalizar las empresas presentes o las inversiones previstas para el futuro, con abandonar los territorios díscolos a una "deriva" presupuestaria, animando a los patronos a la emigración y a la desinversión, desprestigiando a las instituciones autónomas para generar un clima de desconfianza y miedo. Además, la ofensiva se combina con un retoque en la historiografía, en la que se perfecciona- "constitucionalmente"- el mito de una España milenaria, plagada de héroes y mitos, empezando por Don Pelayo, hasta llegar a la última "heroicidad’, quizá la proclamación de la Carta Magna de 1978 como superadora del franquismo, o también la supuesta "victoria" de la Casa Regia sobre los golpistas del 23-F de 1981.

Que la historiografía españolista falseada, ideológica y legitimadora, viene siendo una práctica necesaria para la consolidación y perpetuación del actual régimen, lo vienen probando determinados hechos de gran relevancia institucional. Todos estos hechos van encaminados a demostrar que el estado español es una realidad social e histórica. El estado también cuenta con su imagen especular de cuento de hadas, falsa e ideológica, pero muy efectiva en cuanto a legitimación buscada, el Reino de España. De esa manera, un estado que en cuanto a legitimidad preparada desde las Cortes franquistas habría de comenzar en 1978, se hace remontar mitológicamente a los orígenes mismos de la Corona. Y no ya a la Corona de Castilla, anexionadora de todos los demás territorios y reinos peninsulares, y la primera independentista frente a la astur-leonesa, esta ultima pionera de entre las coronas cristianas. Sino, al más rancio estilo de los libros de texto franquistas, la Corona actual remonta muchas veces su linaje legitimador a Don Pelayo. Si bien estas maniobras simbólicas y mitológicas han perdido mucha de su repercusión en la mayor parte de los ámbitos de la sociedad, en Asturias se padece, y mucho, este tipo de chaparrón que viene incluso estampado en la denominación misma de la comunidad autónoma: "Principado". El Principado de Asturias no es, como podría pensar un extranjero muy desinformado, un pequeño territorio independiente o de soberanía destacable, si no total, al estilo de Andorra, Mónaco, Liechtenstein, etc. Hoy por hoy el Principado es la sucesión directa de la vieja Diputación de Oviedo de la época franquista, con nuevas competencias asumidas por la ordenación autonómica del estado, y enmarcada dentro del grupo de autonomías españolas de mala calidad y velocidad lenta en la adquisición de competencias. La única diferencia frente a muchas de las restantes autonomías, puramente nominal y sin efectos prácticos ni jurídicos, es su carácter de "comunidad histórica", tal y como reza el vigente estatuto. Claro está que el Reino asturiano es de "lo más histórico" que hubo. Muchos asturianos se han creído el cuento de que ese reino fue el germen de España. Y la Corona sabe explotar dicha historieta sentimental en sus visitas al país. Ignoro si por ahí iban los tiros de los redactores estatutarios, es decir, la satisfacción de un cierto sentimentalismo historicista abundante entre algunos sectores del país astur, y que se conoce como "covadonguismo". Para desgracia de los asturianos que sienten nostalgia (señaldá) de tiempos pasados más gloriosos, ahora el Principado no es un reino independiente, como lo fue en la edad media. Los únicos tres territorios reconocidos como "históricos" por la Constitución son Galicia, Euskadi y Cataluña, y a ellos se les dio vía preferente en su carácter de nacionalidades "históricas". La historia de estos tres se remonta estrictamente a la II República. En cambio la "historia" de la comunidad asturiana se remonta al medievo, si no antes. La denominación, en sí misma tan monárquica, de "Principado" ofende hoy en día a la memoria de los miles de trabajadores asturianos que murieron o sufrieron en 1934, en 1936 y después, y que no fueron precisamente "monárquicos", sino revolucionarios. E incluso hay que aañdir más: ofende incluso a los ciudadanos asturianos que sienten una inclinación más historicista y de más largo alcance, pero que no son necesariamente tiralevitas de la Casa Real. Para casi todos, esa denominación oficial de "Principado" guarda estrictamente un sabor amargo y humillante. Porque la creación de este título y vinculación con la corona castellana en el s. XIV, y el uso efectivo de la misma por parte de la casa real castellana a partir del XV, conllevaba la directa vinculación a Castilla, la anexión de Asturias a Castilla, y la potestad personal de éstos reyes sobre el país, si bien compensada por una Junta General del Principado que operaba como una suerte de parlamento autónomo o foral, salvando las distancias (suprimido éste bien entrado el s. XIX).

Así pues, seguir hablando de un Principado, e incluso la maniobra simbólica de llamar al parlamento autónomo asturiano "Junta General del Principado", supone un efectivo y recalcitrante encadenamiento a una determinada Casa Real que, en sus viajes y liturgias en el país (p.e. la entrega en Oviedo de los célebres Premios Príncipe de Asturias), supone un "enganche" del territorio con una institución que trata al país como suyo. Todo el montaje mediático en torno al origen asturiano de la Princesa Letizia, así como los vínculos de la dirección de la Casa Real con Asturias, o la sede y actividad asturiana de la Fundación de los Premios, etc. , sirven para amordazar a una nueva generación más de asturianos al camelo inveterado del covadonguismo, esto es, del orgullo no ya por méritos presentes sino por leyendas de la historia más remota y, sobre todo, encadenar a una opinión pública asturiana que, siendo en el fondo muy poco española, se ve obligada a "casarse" con una familia regia que les dice muy poco y que en realidad representa el carácter forzado de aquella anexión que algún día habrá que replantear. Si en Asturias, a un centenar de periodistas, catedráticos, politicos, empresarios, etc., todos ellos especialmente aduladores de la casa Real, se les invitara amablemente a marchar de sus puestos de poder y perdieran el acceso a las tribunas de propaganda institucional, esta casa real tendría tantos vínculos sociales con el país asturiano como con Camerún o Suazilandia.

Fuente: La Haine

 

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