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Estado español :: 07/02/2006

El Defensor del Pueblo apoya al gobierno en la entrega de más de ciento cincuenta millones de euros a UGT

Agencias/inSurGente
El llamado defensor del Pueblo se posiciona en la línea oficial, en defensa de lo decidido por el gobierno de Zapatero, de conceder a UGT una cantidad similar a lo que ese sindicato afín al PSOE, debe por el fraude de la cooperativa de viviendas PSV. El aparato se movilizó, hay dinero, aquí no pasa nada

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha comunicado a Comisiones Obreras que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley que establece la devolución a UGT del patrimonio histórico que le fue incautado tras la guerra civil española y que está valorado en 151 millones de euros.

El pasado 21 de diciembre, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, solicitó a Enrique Múgica que recurriera ante el Alto Tribunal la devolución del patrimonio histórico a UGT, debido a que las centrales sindicales no están legitimadas para recurrir estas decisiones.

Ese día, Fidalgo entregó a Múgica un documento de más de cien páginas en el que CCOO explica que, entre otros motivos, la devolución del patrimonio a UGT es 'ilícita', 'inconstitucional’ y un hecho que 'vulnera el principio de libertad sindical’.

Fuentes de CCOO han avanzado que, finalmente, Enrique Múgica no recurrirá la devolución del patrimonio a UGT porque el Partido Popular ya ha presentado un recurso que obligará al Alto Tribunal a pronunciarse sobre esta cuestión, sin que el Defensor del Pueblo tenga que intervenir.

Dado que el PP ha presentado el recurso, el Defensor del Pueblo entiende que 'su actuación no es imprescindible', una decisión que las fuentes de CCOO consideraron 'bastante lógica'.

UGT tiene un crédito de 150 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, previa autorización de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ejecutivo, fue prorrogado el pasado 1 de diciembre hasta mayo de 2006.

La devolución del patrimonio permitirá a UGT cancelar ese crédito solicitado en 1993 para hacer frente a los gastos derivados del fraude de la cooperativa de viviendas PSV.

 

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