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30/09/2006 :: Estado español

El negocio del ladrillo, también llamado pelotazo a la española

x inSurGente
Se trata de recalificar terrenos, de comprar concejales, de usar terreno público para negocios privados, de modificar con abyectas intenciones Planes Generales de Urbanismo... El negocio del ladrillo da para llenar bolsillos de personas que deciden dónde y cómo se puede construir.

En apenas unos días, hemos detectado asuntos turbios en Mérida, Oviedo, Teruel, Arrasate-Mondragón, Barakaldo, Bormujos, Castellón... En fin, una lista enorme de pueblos y ciudades. Si vivien en algun otro lugar, donde la corrupción camina a sus anchas, añádala en comentarios. Se creen impunes.

Mérida

La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio ha dado el visto bueno a una variación puntual del PGOU emeritense referente al sector "Cahiz de Santiago"

Cabe señalar que, anteriormente, la administración regional se opuso a la construcción de este centro comercial pues se trataba de un centro aislado, al margen del planeamiento, sin ninguna conexión con la trama urbana, y que por tanto no respondía a ninguna demanda real, coincidiendo, además, no ningún planeamiento urbanístico global, sino más bien con el suelo propiedad del promotor.

Según la Junta, en estos momentos, las circunstancias han cambiado, fundamentalmente gracias a la construcción del PIR "La Calzada" y del PIR "Villa Emérita", así como a la urbanización "Monte Alto", y al PIR Municipal que se encuentra sobre el actual depósito de vehículos; pues, entre todas estas actuaciones, se llega a una previsión de crecimiento de casi 7.000 habitantes, lo que ha hecho desaparecer el principal impedimento para la construcción del centro.

Cervera del Río Alhama

El diputado regional Gustavo Gauthier ratificó ayer la denuncia que realizó hace unas fechas sobre un «pelotazo urbanístico» ocurrido en esa localidad. Por ello, reclamó la celebración de un pleno extraordinario para que el alcalde, José Luis Sanz, explique los hechos acaecidos en el municipio, ya que «puede tener responsabilidad penal y económica en este asunto».

Según indicó, se ha producido un «robo a mano armada» de unos 4 millones de euros, al venderse «fraudulentamente» un terreno para la construcción de una residencia de ancianos, que ha visto reducido su número de plazas, para la construcción de 167 chalets, en el polígono industrial de 'La Rate'.

Gauthier recordó que, en junio de 1999, se anunció la construcción de una residencia de ancianos con quinientas plazas en Cervera, «en un acto totalmente electoralista». En mayo de 2003, continuó, «no se había hecho aún nada» y se colocó una valla «anunciando la construcción».

El 13 de noviembre de 2003, explicó, se llega a un acuerdo en pleno para vender los terrenos, situados junto al polígono La Rate, a una empresa, 'Inmobiliaria Alta Torre', para la construcción de una residencia de ancianos. Una empresa que, dijo, se creó en mayo del 2003, una vez que Sanz ganó las elecciones municipales. Posteriormente, dijo Gauthier, el alcalde ya no habla de 500, sino de 250 plazas e incluso ahora ya son 220 para la residencia. Los terrenos, explicó, se tasaron a un precio de 6 euros el metro cuadrado, lo que reportó 204.000 euros al Ayuntamiento.

Oviedo

Dos concejales de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos y Celso Miranda, calificaron de «escándalo urbanístico» la operación de los palacios, por la que el Ayuntamiento cedió a la empresa Jovellanos XXI el suelo de las parcelas del antiguo Tartiere y de la vieja estación del Vasco, para construir los palacios de Congresos y de Artes. «Es la operación de los ex palacios, ahora sólo queda uno, el Palacio de Congresos, un señuelo que llegará a manos públicas dentro de 50 años, cuando ya carezca de valor. Y con este señuelo se justifica el regalo de suelo público a dos familias de reconocido apellido, para que hagan cientos de plazas de aparcamiento, centros comerciales, un hotel de cinco estrellas, viviendas, y oficinas», resumió Roberto Sánchez Ramos, que animó a la fiscalía a abrir una investigación de oficio sobre la operación urbanística. «Nos ponemos a su disposición para facilitar todos los datos que están en nuestro poder», anunció.

Celso Miranda, por su parte, comenzó refiriéndose a las declaraciones del alcalde, Gabino de Lorenzo, el día de San Mateo. «Parece que dice que los pelotazos están bien cuando los da él, y mal cuando los dan los demás. Está mal hablar con un chorizo en la boca -en relación al día del bollo-, pues algo de choriceo está habiendo», bromeó Miranda.

Según los cálculos del concejal, la parcela del Vasco ha costado en total a las arcas municipales unos mil millones de las antiguas pesetas, «más o menos lo mismo que se obtiene ahora por la venta de una tercera parte de la misma a Jovellanos XXI. El resto de la parcela, las dos terceras partes de esos 16.000 metros de suelo, se lo regalamos, para que hiciera viviendas, aparcamientos y pisos. Ahí está la mitad del pelotazo».

Se refirió después Miranda a la parcela de Buenavista, destacando que la empresa recibió el suelo municipal de forma gratuita «para hacer un hotel, aparcamientos, un Palacio de Congresos que será privado 50 años y oficinas que la empresa, sin que en el Ayuntamiento de Oviedo constara acuerdo alguno, ha vendido por su cuenta al Principado, actuando como un intermediario. Y este intermediario cuando vende, cobra el suelo público a 3.300 euros el metro cuadrado, más de medio millón de pesetas por metro. Pero cuando compra suelo público, lo paga más barato, a 2.650 euros por metro. Es una operación de intermediación en compra venta de suelo público, 32.000 metros cuadrados de las mejores parcelas municipales», resumió.

Teruel

El Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer en pleno dos convenios urbanísticos que supondrán la urbanización de 1.200 nuevas viviendas y que fueron calificados como «el mayor pelotazo urbanístico» de la ciudad por parte de la oposición.
Las críticas de PP y CHA se centraron en el acuerdo cerrado con la empresa Progea para construir 300 pisos en la zona de San Blas mediante la recalificación de 13 hectáreas de terreno, ya que su máximo responsable fue el ex edil del PSOE en Zaragoza Rafael Loriente.

En este sentido, la portavoz de los populares, Emma Buj, recordó que hasta ahora el Concejo se había posicionado en contra de todas las modificaciones del PGOU. Mientras, el responsable de Urbanismo, Pedro Joaquín Simón, rechazó estas acusaciones y aseguró que la operación se ha negociado durante año y medio.

Burriana (Castellón)

El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 metros cuadrados en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo rústico hasta seis meses antes de la recalificación de los terrenos. La operación urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al propio presidente provincial, Carlos Fabra.

El alcalde de Burriana, ciudad de 31.000 habitantes, no escondió su empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. La compra se prolongó también a una superficie ubicada junto a la depuradora, cuyo traslado anunció el alcalde poco después.

La sociedad inmobiliaria estuvo vinculada hace tiempo a Carlos Olazábal, portavoz del PP en las Juntas Generales de Vizcaya y miembro del comité ejecutivo del PP en el País Vasco. Este dirigente aseguró ayer que su relación con esta empresa acabó antes de que se iniciara la compra de terrenos y con anterioridad a la adjudicación del programa urbanístico. "Ninguno de los miembros de mi despacho ha comprado terreno alguno en la provincia de Castellón, ni para sí ni para ninguna sociedad, ni existe ningún tipo de interés inmobiliario, tanto mío como de ninguno de mis compañeros de despacho, en la citada provincia", explicó en un comunicado.

Barakaldo

Un total de 2.000 viviendas, 700 de ellas de protección oficial, y 80.000 metros cuadrados de espacios verdes ocuparán los terrenos de la antigua Fertiberia, en la localidad vizcaína de Barakaldo. Además, se construirán dos torres de uso residencial que sustituirán a las chimeneas de Sefanitro y se habilitarán 90.000 metros cuadrados de equipamientos, con una estimación de creación de más de 1.000 puestos de trabajo.

El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, ha presentado el proyecto de remodelación urbanística del barrio de Lutxana, y ha explicado que este plan urbanístico supondrá "la segunda gran transformación de Barakaldo" y permitirá "la desaparición del foco de contaminación ambiental más grave de Barakaldo". En este sentido, criticó a quienes "antes del verano han querido ganar en popularidad, aquellos que han utilizado malas artes contra el equipo de Gobierno y quienes hablaban de pelotazo urbanístico", por poner en duda las intenciones del Ayuntamiento respecto a estos terrenos.

Mondragón

Mondragón era conocido por ser la ciudad en la que nació el mayor grupo cooperativo del mundo, MCC. Pero ahora, además, también lo está empezando a ser por las jugosas recalificaciones urbanísticas de antiguos pabellones industriales. Entre los beneficiados por esta nueva "moda" figuran dos militantes del PNV, el partido que gobierna este municipio, y las familias Ucín y Guibert, tradicionalmente ligadas al acero y las bodegas.

El último caso denunciado afecta a Polmetasa, una empresa del grupo Thyssen, en la que figura como consejero José Alberto Pradera, ex diputado general de Vizcaya por el PNV.

Polmetasa tenía una fábrica de amortiguadores en una zona céntrica de la localidad y, a finales de 2004, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para trasladarse a las afueras, siempre que se recalificaran los 15.000 metros cuadrados de terreno industrial en los que estaba enclavada. Tras la firma del convenio, aparece otra empresa, San Andrés Berri, constituida 40 días antes de dicha firma por la familia Mazorriaga Elduayen y que se adjudica la promoción de 220 viviendas en los terrenos de Polmetasa. No se conoce cuánto ha pagado una compañía a otra por los terrenos.

Tras la recalificación, San Andrés Berri no tarda ni unos días en nombrar consejero a Karmelo Azkoitia, ex teniente alcalde de Aretxabaleta por el PNV, al mismo tiempo que amplía su capital en un millón de euros. Ahora, Izquierda Unida, que curiosamente gestiona la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco junto con los nacionalistas, acusa al Ayuntamiento de Mondragón de "beneficiar los negocios de determinados amigos y compañeros de partido". Azkoitia, por su parte, asegura que todo es legal y niega haber hecho uso de información privilegiada.

Pero esta no es la única recalificación polémica que se ha producido en esta localidad en los últimos tiempos. Antes del verano, una concejala del PNV, Inés Aldai, decidió pasarse al grupo mixto tras denunciar la existencia de irregularidades urbanísticas en la construcción de 418 viviendas en unos terrenos que pertenecían a la fundición Gelma, propiedad de las familias Guibert y Ucín.

Según Aldai, la recalificación suponía una plusvalía para esta compañía de casi 60 millones de euros, con una contraprestación de apenas dos millones de euros para el Ayuntamiento. En este caso, la promoción de las nuevas viviendas está siendo abordada por una promotora propiedad de los Guibert-Ucín, Obenerreka, que construye 293 viviendas libres y 125 de protección oficial. Al parecer, este clan familiar mantiene muy buenas relaciones con el PNV y especialmente con José María Loiti, ex alcalde de Mondragón y asesor de urbanismo del actual edil.

Bormujos

El Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla pretende ampliar su investigación del «caso Camas» indagando en la moción de censura que en enero de 2005 devolvió al independiente Baldomero Gaviño (Partido por el Desarrollo de Bormujos) a la Alcaldía. Y lo va a hacer a instancias de una denuncia de un ex empleado municipal y de dos concejales, por la que se acusa al regidor y a dos de sus ediles, Ana Hermoso (teniente de alcalde, PP) y José Sánchez (edil tránsfuga de la Agrupación Independiente de Bormujos) de ofrecer 800.000 euros antes de la moción de censura a varios los concejales denunciantes.

El juez investigará también el supuesto pago por parte del constructor Jesús Calvo Soria -ahora también denunciado- de más de una docena de habitaciones de hotel en las que los ediles habrían estado reunidos la noche de dicho cambio en el Gobierno local. También será llamado a declarar Eusebio Gaviño, primo del alcalde y también imputado en el «caso Camas».

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