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Andalucía, Andalucía :: 04/08/2019

En Almería y Huelva hay fincas donde viven hacinadas 18 mujeres con un solo baño

Gloria López
Empresas bio, con sellos de calidad, que no cumplen los convenios laborales

Y multinacionales que no dan de alta a sus trabajadoras, se lucran con las personas que están dando de comer a un continente entero

Son las personas –muchas mujeres- que están dando de comer a un continente entero, Europa. Pero trabajan en condiciones infrahumanas. Nadia Azougagh, de Caravana Abriendo Fronteras, aporta algunas claves para comprender una situación crónica que comenzó a salir a la luz pública el año pasado, tras la denuncia de abusos sexuales por parte de 10 temporeras en Huelva, y que iniciativas como la Caravana ayudan a visibilizar y transformar.

“Se incumplen los convenios, no se respetan las condiciones laborales estipuladas –salario, protección-, hay fincas perdidas en las que viven hacinadas más de 18 mujeres con un solo cuarto de baño, cuando el convenio dice que tienen que protegerlas y darles una vivienda en el tiempo que estén aquí”, explica Nadia Azougagh.

Solo en Nijar viven más de 4000 personas trabajando en el campo y hay más de 62 asentamientos. En Almería se exportan 200.000 millones de euros al año. Al menos cumplir con la ley “estaría bien”. Además de una cuestión de justicia social, también supone un fraude para Hacienda, son millones que se llevan las multinacionales –dueñas del 80 por ciento de los cultivos- por no tener contratada a la gente.

La activista hizo recientemente un vídeo con testimonios de mujeres que habían trabajado en los campos de Huelva.

“¿Os trataron bien?, les preguntaba.

Muy bien.

¿Os pagaban 46 euros al día (lo estipulado en el convenio)?

No. Nosotras nos pagamos el transporte y gas.”

“Es solo un ejemplo. Estaban contentas porque no abusaban sexualmente de ellas”, explica la activista. Privarlas de su pasaporte y salario hasta poco antes de finalizar la temporada de recolecta, es una medida enfocada a controlar su libertad de movimiento hasta que queden liberadas de su carga contractual. Alargar la jornada sin abonar las horas extraordinarias, y otras muchas vulneraciones del derecho laboral, violan las premisas de un convenio colectivo de por sí poco garantista de la dignidad del trabajo agrícola. El convenio en Huelva no está actualizado con la subida del salario mínimo. En Almería está caducado desde 2015.

El seguimiento y control del cumplimiento de la legalidad está en manos de 7 inspectores en el caso de Almería. Insuficiente. “No hay ningún interés en que esta gente regularice su situación. Es mucho más fácil tenerlos así y que cada mañana tengan que buscarse la vida. Así van a tragar más. Y las mujeres, sufren el triple”. “La situación de las mujeres jornaleras, sobre todo de origen marroquí, es un claro ejemplo de cómo opera el sistema capitalista heteropatriarcal y racista”.

El proceso, el cruel proceso comienza con la contratación en el origen, una situación que ha empezado a conocerse gracias a la participación de organizaciones marroquíes en la Caravana. Los criterios de selección: mujeres de mediana edad, con hijos pequeños, que vivan en zonas rurales, que no sepan leer ni escribir. “Condiciones de vulnerabilidad para que tengan que volver”.

“Hay que ponerse en los zapatos de estas mujeres. Para poder acceder a estos contratos tienen que registrarse en unas oficinas que están en las capitales, lejos de donde viven, y por ello tienen que vender pequeñas propiedades, se endeudan con la familia, cada una como puede. Y resulta que después de ese proceso tortuoso, llegas y cuando pasan 5 días te dicen que te vuelvas. ¿Me vuelvo, hipotecada, sin nada?”, relata Nadia.

Testimonios

Fátima, una mujer con dos criaturas, lleva 8 años viviendo en asentamientos, ha conseguido papeles, pero ¿de qué vale? No tiene trabajo, vive sin agua y sin luz... Rebeca dejó a sus hijos pequeños allí, en Marruecos, con su madre enferma, porque su marido murió… Hassan acaba de tener un bebé.
Lleva aquí 4 años. Trabaja todos los días pero no hay nadie que le haga un contrato…

Las lechugas de McDonald

Nadia Azougagh forma parte de Vía Campesina, una iniciativa que está llevando a cabo una campaña dirigida hacia las denominadas “empresas bio”, muchísimas en la región. “Son empresas que tienen sellos de calidad, que garantizan que cumplen determinados derechos y condiciones sociales, sello ecológico y que, sin embargo, no cumplen las condiciones laborales, no pagan las horas extra, no dejan a las trabajadoras ni comer un bocadillo, las mujeres no pueden ir al baño a cambiar la compresa cuando tienen la regla”. Desde Vía Campesina llaman a las empresas que compran estos productos y les advierten: si no resuelven la situación en un plazo de tiempo, lo sacan en los medios de comunicación. Algunas por moral otras por otros intereses, pero hay varias que han exigido el cumplimiento de los convenios y las condiciones laborales. Un ejemplo de empresa que cambió sus condiciones de producción: McDonald, que compra las lechugas en los campos andaluces.

Esta lucha tiene riesgos. “Los intereses agrícolas dan de comer a mucha gente y significarse tiene consecuencias”. “Con la Caravana, algunas personas que viven en el territorio, quedan un poco marcadas y hay que cuidarlas, pero también es verdad que la Caravana tiene una repercusión muy positiva”: apariciones en prensa, contacto con parlamentarios andaluces para presentar una iniciativa con las contrataciones en origen para el próximo año, organización de nuevas acciones y proyectos. “Se han planteado acciones, como una mesa redonda en la universidad de Almería, entre diversos colectivos, seguida de una jornada dirigida al activismo”, explica la “militante” con entusiasmo.

“Hay que dar una respuesta europea, global internacional”, dice Nadia. La Caravana insiste: “la situación en los campos de Huelva no es un caso aislado”. El sector agrícola italiano y español son lugares donde este sistema de “trabajo esclavo” campa a sus anchas en Europa. Como ejemplos, el caso de las 59 personas inmigrantes en los campos de ajo de Cuenca, la reciente lucha sindical en Huerta de Peralta en Navarra, las temporeras del tomate en Sicilia y en la Apulia en Italia…

Abusos sexuales

“Cuando hace un año salieron a la luz los abusos sexuales que sufrían las temporeras de la fresa, no se hicieron bien las cosas. Tal vez no por mala intención, pero no se gestionó bien. Y eso hizo perder la confianza a estas mujeres, que se sintieron expuestas, abandonadas. Lo más grave fue que saliera a la luz pública antes de poner la denuncia jurídica. Lo primero es proteger a las personas”. Así resume Nadia lo sucedido en el verano de 2018. “También hay que tener en cuenta la vergüenza que le supone que se conozca esta situación en el país de origen. He estado con mujeres que han sido abusadas y no se lo han contado absolutamente a nadie. Saben que si lo cuentan son cuestionadas, culpabilizadas y hasta repudiadas”.

La Caravana 2019 organizó una jornada donde hubo un grupo de discusión acerca de abuso y acoso sexual y también discriminación por razón de sexo, “algo tipificado en la ley como delito pero que se consiente y nadie toca”.

La activista recuerda que la reivindicación requiere de un equilibrio. Hay que proteger a las mujeres, pero contando con ellas y recordando que ellas y sus familias viven de este trabajo. “Hay que tener cuidado y que nuestras reivindicaciones no se conviertan en una excusa para otros”. Como el caso de las porteadoras de Huelva: “trabajan en condiciones infrahumanas, pero viven de ello”.

Auge del racismo

Nadia está “preocupada” por el auge de la extrema-derecha y de la intolerancia. “Aunque nos hacen perder energía, hay que esforzarse en desmontar bulos”. “Muchos de los comentarios racistas provienen de nuestros vecinos, del panadero donde compramos el pan y eso es duro”. En su reflexión, recuerda que la situación viene arrastrándose desde hace años, pero “se ha perdido la vergüenza”. El año que viene se cumplen 20 años de los sucesos de Elegido. Tras esos dramáticos hechos, se adoptaron ciertos acuerdos, para apaciguar el racismo y la xenofobia, provocados también por un alcalde que fue condenado 10 años más tarde por corrupción. “Pues bien, no se ha cumplido ningún acuerdo. Nos exponemos a reproducir la situación”.

amecopress.net

 

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