Escuela, castigo y represión

Con la excusa de atender las nuevas demandas sociales que acontecen en la vida escolar, nos “sorprende” con un “Decreto de convivencia”, basado en la autoridad y las medidas punitivas.

En teoría, la existencia de estos documentos obligatorios en los centros educativos, pretenden crear un clima de respeto, igualdad y terminar con las conductas disruptivas. Pero la autonomía que existe para su redacción, provoca múltiples interpretaciones; aunque mayoritariamente, se centran en regular los castigos que deben imponerse al alumnado cuando se comete una “falta”.
Para no extenderme demasiado, comentaré alguno de los aspectos del decreto que más han llamado mi atención:

Desde el principio, el texto deja claras sus intenciones. Estas normas persiguen que el alumnado respete las normas de la escuela, al profesorado, y al resto del alumnado. Rápidamente aparece una pregunta en mi cabeza: ¿Por qué no recoge el decreto el respeto al alumnado, por parte del profesorado y las instituciones escolares? El escrito detalla las faltas leves, graves… que cometa el alumnado (recogiendo cosas curiosas como prohibir las actividades extraescolares, ante “conductas antisociales”; intervenciones realmente educativas), ¿qué ocurre ante el profesorado que humilla, insulta o excluye al alumnado?, ¿qué ocurre ante la existencia de barracones donde se imparten clases?, ¿no es ese otro tipo de violencia? ¿no se trata de violencia estructural, con una marcada intención de denigrar la escuela pública?

El decreto es claramente jerárquico, ya que no deja espacio a las asambleas, a la participación de las familias, al personal no docente… y mucho menos al alumnado. Resaltar que la participación en la elaboración de estos documentos, en igualdad de poder de decisión, por parte del alumnado, originaría un verdadero clima de democracia participativa; donde toda la comunidad asumiese como propios los acuerdos colectivos alcanzados.

El Decreto está redactado con un lenguaje sexista, ya que utiliza exclusivamente el género masculino como genérico: “padre”, “tutor”…

Apenas aparece en un párrafo de todo el texto, referencia hacia las circunstancias personales que pudieran haber llevado a la persona a “saltarse” las normas, a tener actitudes disruptivas, violentas… y en ninguna parte, aparece ninguna alusión hacia las medidas que deben tomarse para intentar mejorar esas circunstancias personales (remarcar que muchas de esas actuaciones violentas, antisociales… surgen como reflejo de los valores reinantes en la sociedad).

Otro detalle interesante es que existen tres “circunstancias atenuantes” ante las faltas, en cambio hay 5 agravantes.

“La Consejería de Educación habilitará el crédito necesario, para compensar económicamente a los profesores que realicen actuaciones fuera de la jornada laboral, dirigida a la mejora de la convivencia en las aulas; entre ellas, la vigilancia de las actividades impuestas como sanción cuando estas deban realizarse fuera del horario lectivo y las instrucciones de expedientes disciplinarios”. Únicamente medidas punitivas, castigo, castigo y castigo. Se invierte dinero para que el profesorado haga de policía; pero no para que ejerza como educadora o educador. No se realizan inversiones para que ese profesorado, dedique ese tiempo a crear planes de prevención, a elaborar trabajos cooperativos, a programar actividades que favorezcan un clima escolar de respeto y libertad, que favorezcan la autonomía del alumnado…

Ante la desEsperanza, unión, reflexión crítica y colectiva, imaginación, acción y difusión.