Estado de alarma y personas migrantes

El actual Estado de Alarma ha traído consigo multitud de nuevas preocupaciones y problemáticas. Sin embargo, nos seguimos olvidando, como siempre, de un porcentaje muy alto de la población del Estado Español: las personas migrantes.

¿Cómo ha afectado el confinamiento, las nuevas normativas y el Estado de Alarma en general a este núcleo?

Nos encontramos con varios puntos problemáticos dentro de la situación de las personas migrantes. Para empezar, los trámites para regularizar sus situaciones han sido paralizados. Solicitantes de Protección Internacional se ven con la documentación caducada, a la espera de ser informadas de cómo se retomará el proceso. Mientras, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cesa en denegar la gran mayoría de solicitudes, incluso durante los meses de confinamiento.

Los y las migrantes se ven directamente afectadas en el ámbito laboral: durante estos meses han sido demandadas (incluso aquellas que carecen de permiso de trabajo) para acudir a empleos mayoritariamente en los campos, sin tener la seguridad en ningún momento de que estos trabajos ayudarían a la regularización de sus situaciones. Asimismo, el impacto económico de la pandemia en la población migrante será doble: la cualificación exigida a las personas racializadas es mucho mayor que la exigida a las blancas, por lo que conseguir un empleo digno en plena crisis económica será extremadamente difícil.

En el ámbito social, nos encontramos con CIEs y centros de acogida de personas migrantes que no respetan los derechos humanos de las personas residentes en los mismos. Bien es sabido el maltrato y los abusos de los que son víctimas las personas residentes en CIEs. Sumémosle, entonces, la situación sanitaria existente: cientos de personas hacinadas en espacios mínimos, sin opción a guardar la distancia de seguridad y sin ninguna medida de seguridad para no contagiarse, esperando en muchos casos a ser deportadas por el Gobierno, siendo atendidas por racistas a los que bien poco les importa su bienestar y dignidad y, por supuesto, sin poder pisar la calle ni para acudir a centros de salud.

Incluso en los propios domicilios donde residen personas migrantes sin papeles y con trabajos precarios la situación es compleja: familias enteras subsisten malamente por el trabajo de una o dos personas -y en ocasiones ni eso- que mantienen a familias numerosas o a varias unidades familiares alojadas en una misma vivienda de manera ilegal, pero sin opción a cambiar la situación por el colapso de las administraciones y organizaciones a las que correspondería garantizar unas condiciones de vida dignas.

Como hemos mencionado en textos anteriores, el actual Estado de Alarma no hace más que perpetrar un control social ilegítimo hacia la población. Las personas migrantes, eternamente perseguidas por instituciones como la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encuentran en una posición mucho más vulnerable en la situación actual. Las posibilidades de ser asaltadas en la calle por la Policía son mucho más elevadas para las personas extranjeras y de clase trabajadora, que de manera sistemática son víctimas de abusos policiales.

Por supuesto, dentro de la situación de las personas migrantes podemos encontrar, nuevamente, la cuestión de género. Son las mujeres migrantes y pobres las que realizan gran parte de las labores de limpieza y cuidado de personas mayores y menores, ya sea de manera regular o no. Mujeres que se arriesgan, en la gran mayoría de los casos, a ser contagiadas por no contar con equipos de protección, por supuesto sin poder contar con el recurso de la baja laboral por enfermedad o accidente por lo precario de estos empleos, y a ser multadas por no contar con justificantes de trabajo al ser éste irregular. Y cuando no lo es, hablamos de un sector con una regulación especial que no cuenta con ninguna garantía.

En definitiva, si la violencia a la que se ven expuestas las personas migrantes en circunstancias normales es enorme, en la actualidad la situación se ve doblemente aumentada por el control social al que son sometidas.

Por eso, exigimos instituciones libres de racismo, que apoyen la inclusión social y no la marginación, solidarias con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus países y familias por circunstancias ajenas a ellos y ellas.

Por una sociedad intercultural, sin clases y libre de prejuicios racistas. Por el fin del dominio imperialista y de saqueo que crea refugiados y migrantes de necesidad.