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Fiscalía no ve delito en el chat de militares que pedían fusilar a 26 millones de hijos de puta
La Fiscalía no ve delito de odio en el chat de militares que pedían "fusilar a 26 millones de hijos de puta".
El ministerio público archiva la investigación abierta tras destapar infoLibre que un grupo de WhatsApp de altos mandos retirados firmantes de una carta al rey dejaban ver la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo.
La Fiscalía madrileña remarca la amplitud de campo de la "libertad de expresión" y sostiene que los autores de esos mensajes no han infringido la ley porque se limitaban a exponer opiniones en privado, con libertad y "en la confianza de estar entre amigos".
No hay delito de odio. Ese es el argumento con que la Fiscalía Provincial de Madrid acaba de anunciar el archivo de las diligencias de investigación abiertas después de que infoLibre desvelase en diciembre un chat de WhatsApp donde altos mandos militares retirados animaban a "fusilar a 26 millones de hijos de puta" y alentaban la posibilidad de un golpe de Estado. Los mensajes del chat, formado por miembros de la XIX Promoción del Ejército del Aire, constababan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo. La investigación se abrió en diciembre tras un escrito enviado del Ministerio de Defensa donde daba cuenta de las informaciones publicadas por este medio. Entre los autores de los mensajes partidarios de ejecutar a la mitad de la población hay múltiples firmantes de una de las cartas dirigidas al rey como fórmula de ataque al Gobierno y de supuesta defensa de la Constitución.
Según la Fiscalía, mensajes como el enunciado sobre los fusilamientos aparecen en un chat “privado” y no constituyen por tanto un delito de discurso de odio. ¿En qué se basa esa conclusión? En que, según la nota emitida por el ministerio público, sus integrantes exponen opiniones a los demás participantes “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos” sin que exista voluntad alguna de publicitarlas fuera de ese ámbito. Así, concluye que “no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.
El comunidado revela que "la Brigada Provincial de Información comunicó que el denominado La XIX del Aire es un chat privado, razón por la cual no se ha podido tener acceso al contenido del mismo, aunque sí se han acreditado los que se han hecho públicos".
Según la Fiscalía, la libertad de expresión se enmarca en un campo de acción “más amplio” que el de la libertad de información, “que se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados”, de ahí que un criterio fundamental de enjuiciamiento de su legitimidad sea el de la veracidad. No ocurre lo mismo con la libertad de expresión que “alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada”.
El archivo de las diligencias se produce días después de que el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona con las letras de sus canciones haya reabierto el debate sobre la libertad de expresión en España y haya desencadenado una violenta oleada de disturbios con especial incidencia en Barcelona.
En el caso de los antiguos altos mandos de la XIX del Aire, la Fiscalía entiende que "no concurren elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo".
"Dado que no se han podido contextualizar los comentarios publicados" –prosigue el comunicado– la Fiscalía advierte de que “aisladamente” contemplados los mensajes “constituyen la exteriorización de una oposición a acciones indeterminadas y generales del Gobierno”. Es más, los entiende como una crítica “dura” enmarcada en el derecho a la libertad de expresión y de opinión, “constituidas como garantías institucionales para el debate público y que posibilita la formación de una opinión pública libre”.
El ministerio público se limita a remarcar que, en su opinión, “los términos utilizados podrán reputarse inapropiados, excesivos y desafortunados, pero no nacieron con voluntad de publicidad, por lo que la intencionalidad de los mismos no puede ser equiparada a actos materiales del mundo exterior y sino más bien a una forma de expresar un descontento con la situación política actual”.
Entre esos mensajes figuraban algunos como estos: "Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”, escribió uno de los miembros del chat en línea con el WhatsApp favorable a los fusilamientos masivos. El autor del texto sobre la necesidad de liquidar a 26 millones de españoles, el más descarnado de la serie, es el antiguo general Francisco Beca. Primero en la lista de firmantes de una de las cartas al rey, Beca es un partidario de Vox que temía la ilegalización de la ultraderecha. Su nombre figura en el manifiesto de defensa de Franco que en 2018 suscribieron más de 500 militares retirados.
