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Estado español :: 03/09/2009

Fuego amigo

Rafael Cid
Desde que irrumpió la crisis, siempre ninguneada por el régimen, la pócima empleada para sortearla ha sido un paradigma de grandes mentiras, obviedades y estadísticas

Buen rollito para los currantes, concretado en unas cuantas palmaditas de retórica peronista, el cheque bebé y los 420 euros para parados sin fecha de caducidad. Asuquita para las clases medias en caída libre, cifrada en la deducción fiscal para tributaciones positivas, la recuperación de los planes de pensiones a los parados y una piadosa moratoria para las hipotecas de ese sector mileurista que creyó que la banca y las inmobiliarias regalaban duros a pesetas. Todo eso para conseguir el efecto placebo que exigía poner en marcha la “operación rescate” y entregar, “gratis total”, miles de millones de euros a los auténticos protagonistas del “patriotismo constitucional”. Los que se ufanan de crear riqueza y, por eso, se creen el derecho de reclamar al gobierno que socialice las perdidas y “repatrié” los beneficios.

Pero ni por esas. El tiempo se acaba y la realidad es que los “brotes verdes” de algunos países europeos en España se traducen en el doble de paro de la media de la UE, deflación, recesión, déficit del 10 por ciento y la mayor deuda por cuenta corriente del mundo. Así que surge la gran pregunta: ¿qué hacer? Porque ya no sirve encandilar a la izquierda trágala con movidas igualitarias o tinglados abortivos, asignaturas pendientes que en realidad lo único que demuestran es la renuncia histórica de los gobierno socialistas a ir más allá del maquillaje político necesario para ganar elecciones o aferrarse al poder. De ahí los continuos globos-sonda sobre la subida de impuestos o la congelación salarial a los funcionarios de este ferragosto.

Sondeos que bien mirados no se salen un ápice de las demandas, públicas o mentidas, de transferencia de renta de los trabajadores al capital (aparte del saqueo oficial con la operación rescate) reclamada por la patronal en sus variadas modalidades: contrarreforma laboral, EREs, petición de rebaja de 5 puntos en las cotizaciones y bajada salarial. Eso y lo que lleva en la recámara es lo que ha puesto sobre la mesa el presidente de la CEOE Díaz Ferrán, el empresario que debe varios meses de salario a sus empleados de la compañía aérea Air Comet. El mismo que en su toma de posesión y delante de los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CCOO, José María Fidalgo, se permitió la machada de afirmar que “la mejor empresa pública es la que no existe”, y más tarde, al ver las orejas al lobo de la crisis, se produjo insinuando la posibilidad de utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social como colchón financiero.

El problema del gobierno y sus aliados mediáticos y sindicales, pues, es como vestir el adefesio de las medidas anticrisis ejecutadas sin que todo se les vaya al carajo. No sólo el paro se encamina en tromba hacia 20 por ciento (el 33 por ciento entre los jóvenes, el no va más de la OCDE), con un 63 por ciento de la población con rentas brutas promedio de 1.300 euros al mes, sino que están a punto de irrumpir otros frentes desestabilizadores institucionales y sociales, como la pandemia de la gripa A, que supondrá otro varapalo laboral para la numerosa pequeña empresa hostelera, y el choque de trenes anunciado por sus socios del PSC si el Tribunal Constitucional llegará a cuestionar el vigente Estatut. Por cierto, resulta curioso que los socialistas catalanes, tras cerrar con ventaja las partidas fiscales del Estado, amenacen con saltarse la ley a la torera y echarse a la calle en un tema que fue reprimido con todos los honores de ordenanza cuando el PNV promovió el “Plan Ibarretxe”. El régimen hace aguas, y para más inri la estrategia de la tensión inoculada sobre el corrompido Partido Popular, gracias a la acción combinada de la Brunete mediática y la judicatura, no posibilita a corto plazo reeditar nuevos Pactos de la Moncloa, para desazón del Rey que verá incumplida su recomendación navideña de “remar juntos” para capear la crisis.

Sin embargo, en este panorama no todo son cuestiones de Estado. Junto a las grandes operaciones para contener la hemorragia que se avecina, existen juegos de poder que, concitados por las urgencias del mercadeo político diario, muestran no sólo un encefalograma plano en la cumbre sino que, como decía Luisa Michel, hacen necesario que la verdad ascienda desde la calle porque desde las alturas sólo caen mentiras. Valgan como ejemplo unas pinceladas: de nuevo hay un militar al frente de los servicios secretos CNI; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el muy piadoso y vaticanista Carlos Divar bloquea un dictamen sobre el aborto por motivos de obediencia debida; el gobierno tripartito de izquierda de la Generalitat autoriza a los farmacéuticos de Catalunya a que “examinen” la idoneidad de los ciudadanos y ciudadanas que acudan a adquirir la píldora del día después; el Gobierno central y el de las Comunidades suministran subvenciones extraordinarias a multinacionales del automóvil duchas en reiterados EREs para espantar su deslocalización (240 millones de euros en el caso de la Seat, el presupuesto de Costas ); la Xunta de Galicia prepara una reforma de la Ley del Suelo para permitir construir en terreno rural reduciendo el límite mínimo de parcela de 600 a 300 metros y situando la distancia a otra vivienda en 50 metros; se conceden ayudas públicas generalizadas para renovar el parque automovilístico sin discriminar en la cuota de aportación entre quienes usan vehículo y quienes sólo son peatones; se abarata la Ley de Costas a favor de los derechos adquiridos de las construcciones ilegales en dominio público que en la etapa de la ministra Narbona iban a ser demolidas (el Algarrobico y el Papagayo son dos iconos de esa barbarie); el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) reconoce que la influencia ejercida por las empresas farmacéuticas sobre los facultativos, al financiarles cursos de formación, predispone a buena parte de su cuadro médico para no recetar genéricos, causando un agujero anual de 6.000 millones de euros a los contribuyentes; se siguen subvencionado a colegios concertados que practican la discriminación escolar en razón del sexo; se fulmina el principios de Justica Universal y…todo ello en el siglo XXI, después a los 31 años de aprobada la Constitución de la democracia del siglo XX.

Pero como en la casa del trabajador todo son duelos y quebrantos y no hay bien que por mal no venga, la solución que ha encontrado ZP para que todos los males tengan remedio se llama subida de impuestos. Un concepto que dicho así, sin leer la letra pequeña, suena bien, tiene pedigrí social y hasta progresista. Los impuestos, según la tradición social-demócrata que el PSOE abandonó hace ya bastante tiempo por el dictum social-liberal, es el mecanismo más eficaz para combatir las desigualdades y propiciar el Estado de Bienestar.

Fundamentalmente si se trata de impuestos sobre las grandes fortunas y gravámenes sobre beneficios empresariales. Pero visto lo visto, teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento de la recaudación de Hacienda procede del IRPF, el desmontaje acelerado del Estado de Bienestar en la teoría y en práctica, que el PSOE acaba de dejar exento el impuesto sobre el Patrimonio y que está “socorriendo” con dinero público a bancos, cajas de ahorro y negocios que tiene filiales en paraísos fiscales, la duda no ofende. ¿Quién pagará la factura de la crisis? ¿Los supermillonarios rescatados a manos llenas por el Estado benefactor, con sus patrimonios al abrigo de las SICAVs que sólo tributan al 1 por ciento, tienen un capital mínimo de 2.4 millones de euros y están exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados? Seguramente la respuesta, como en las matrioskas rusas, se oculte en otra pregunta. La que lanzó el escritor y matemático Lewis Carroll en “Alicia a través del espejo”: “la cuestión es saber quién manda aquí”.

Rafael Cid

 

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