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Estado español :: 13/03/2006

¿Quién vigila al vigilante Marlaska?

Jesús Prieto
Fernando Grande Marlaska, el juez que ocupa el lugar de Baltasar Garzón al frente del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional (que, a su vez, sustituye al Tribunal De Orden Público de la dictadura), aquel tímido muchacho, más o menos progresista, criado en el barrio obrero de San Ignacio y que frecuentaba los locales de ambiente de Bilbao, se ha convertido con los años y, sobre todo, con el poder que ostenta, en un soberbio prepotente, digno sucesor del justiciero de Jaén.

Ahora vuelve a arremeter contra Arnaldo Otegi contando, eso sí, con la inestimable colaboración del fiscal Juan Morán, otro sustituto, éste del inefable Fungairiño.

El fiscal de la Audiencia Nacional pedirá prisión para Otegi

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado hoy que el fiscal de la Audiencia Nacional, Juan Morán, adscrito a la causa contra Batasuna, pedirá el próximo lunes prisión incondicional para Arnaldo Otegi, por la jornada de paro y movilización llevada a cabo ayer.

Conde-Pumpido ha señalado que la Fiscalía ya solicitó la pena de cárcel incondicional para el "mahaikide" (miembro de la Mesa Nacional) de Batasuna y el juez Fernando Grande Marlaska [antes no usaba el guión entre sus apellidos] acordó decretar prisión bajo fianza en mayo pasado. El citado juez dejó a Otegi en libertad bajo fianza de 400.000 euros, pero el fiscal había solicitado su ingreso en prisión por un delito de "integración" en organización armada.

Conde-Pumpido ha dichohoy que la Fiscalía actúa "con independencia" del juez y ha destacado que "en este sumario en el que está suspendida Batasuna, el fiscal pidió prisión incondicional y el juez acordó prisión bajo fianza".

"La petición de la Fiscalía sigue subsistente. Se pagó la fianza, y él salió en libertad y ha incumplido las condiciones de la libertad provisional y, por tanto, la Fiscalía reproducirá la misma petición de prisión incondicional el próximo lunes", ha afirmado.

Marlaska cita a Otegi el lunes en la Audiencia Nacional

La jornada de huelga en el País Vasco, convocada por la izquierda aberzale en protesta por la muerte de dos presos políticos de ETA, tuvo ayer un preámbulo y un epílogo no esperados. Si a primera hora de la mañana era ETA la que se convertía en protagonista anunciando que había colocado cuatro bombas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska acusaba por la tarde al líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y a otros dirigentes aberzales de tener responsabilidades en los incidentes que se produjeron ayer en la jornada de protesta.

Grande Marlaska imputó a Otegi y a los dirigentes abertzales Pernando Barrena, Juan María Olano y Juan José Petrikorena, al secretario del sindicato LAB, Rafael Díez de Usabiaga, y a la letrada Arantza Zulueta por ser los inductores de las movilizaciones. Además, el juez anunció que va a revisar si Arnaldo Otegi debe seguir en libertad bajo fianza o ir a prisión por reiteración delictiva.

La jornada de paro y movilización no había sido avalada, según el juez, "por un partido legalmente constituido y como tal residente de un interés social constitucionalmente reconocido". También indicó que el lema de la convocatoria, auspiciado por LAB, Dispersión asesina , "no encaja con los principios" que marcan la actividad de un sindicato.


Rafa Díez considera "una provocación" la citación del juez

Gara.- El secretario general de LAB, Rafa Díez, ha calificado de "provocadora" la citación de Grande-Marlaska porque va contra las esperanzas de lograr un escenario de diálogo y negociación. También ha señalado que declaraciones como las de Miren Azkarate contra la huelga han servido para "alimentar" determinadas tesis judiciales, "copiadas" por el juez Grande Marlaska.

Para Rafa Díez, la decisión judicial del magistrado, que también le cita a él, junto a otros miembros de la izquierda abertzale, tiene "un neto impulso político" y no es entendida por la sociedad. Según ha dicho, "se podrá estar de acuerdo o no con el contenido de una convocatoria, pero el ejercicio de un derecho de huelga o de manifestación es un derecho democrático elemental".

En ese sentido, ha afirmado que "pretender imputar a personas determinado tipo de hechos, cuando su única responsabilidad es hacer un llamamiento al ejercicio de un derecho democrático, no tiene ningún tipo de argumentación ni en términos jurídicos, ni mucho menos en términos de lógica política y democrática".

Díez Usabiaga ha denunciado que es "la enésima vez que desde el ámbito del Poder Judicial se adoptan decisiones con un claro tinte político, que pretenden condicionar el contexto político que vive este país". En su opinión, decisiones como la de Grande Marlaska son "provocadoras, pretenden implantar un grado de tensión política y van directamente en contra de las esperanzas y expectativas que existen en la sociedad vasca para poder abrir un escenario de diálogo y negociación".

El dirigente de LAB ha afirmado que, en este momento, el presidente del Gobierno español , José Luis Rodríguez Zapatero, y el PSOE "tiene que tener muy claro que tanto la política carcelaria, como determinadas decisiones y actuaciones judiciales, están suponiendo un enorme lastre y condicionamiento a lo que puede ser y debe ser la apertura de un proceso de diálogo y negociación que nos lleve a un escenario de paz y soluciones políticas".

inSurGente

 

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