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07/09/2019 :: Estado español

La democracia está secuestrada: rompamos el bloqueo

x Pedro Casas*. LQS
Fuera de España no entienden que ser antifascista aquí te convierta en persona sospechosa y por lo tanto perseguida por las fuerzas de seguridad

40 años después de aprobada la Constitución que oficializaba el paso en el Estado español de una dictadura a una democracia en forma de monarquía parlamentaria, hay que estar ciego para no percibir la cantidad de vestigios franquistas que no fueron depurados en la transición pactada, y que hoy afloran de una manera cada vez más evidente en grandes esferas de la vida política e institucional de nuestro país.

El franquismo no fue derrotado; fue sustituido por el actual régimen parlamentario, como consecuencia de grandes luchas populares que pusieron en evidencia, a la oligarquía de este país, que la dictadura debía ser superada por otro régimen homologable en el concierto mundial si querían mantener su dominación y explotación. La represión que ejerció el régimen para que la evolución del proceso no se les fuera de las manos, unida a la actitud de ciertos dirigentes y partidos de la izquierda (no es el objeto de este artículo profundizar en ello), desembocó en un modelo controlado de monarquía parlamentaria que hizo borrón y cuenta nueva del pasado franquista, sin ningún tipo de depuración ni condena.

El franquismo quedaba formal y socialmente superado, pero intocable al mismo tiempo. Los que reclamaban la obra y figura del dictador eran considerados nostálgicos, y los demás franquistas “reconvertidos” pasaron a ser considerados “demócratas de toda la vida”. Aunque el franquismo quedó denostado, sólo se cambiaron algunos nombres de calles importantes en grandes ciudades, permaneciendo en su sitio todos los símbolos de exaltación del sangriento golpe y la dictadura militar, y los responsables activos de aquella época, que, como mucho, cambiaron el nombre de sus cargos.

Cuando el sistema se ha visto en peligro por una profunda crisis, y cuando los nietos de la generación exterminada durante la guerra y la dictadura han reclamado verdad, justicia y reparación para sus antepasados, los franquistas incrustados en las raíces del régimen actual se han puesto a ejercer como muro de contención frente a cualquier avance de tipo social o democrático. Y han desarrollado leyes represivas que, en algunos aspectos, superan a las que había en la dictadura.

La sacrosanta “unidad indisoluble de la Patria” ha movilizado a todas las instituciones posibles, al grito de “A por ellos”, contra los que han querido ejercer su derecho a la autodeterminación.

Las resistencias desplegadas contra la exhumación de los restos de Franco del mausoleo que él mismo mandó construir con mano de obra esclava y presa, las encontramos también en la negativa a juzgar los crímenes cometidos en aquel período, por parte de personas que aún viven, o en las dificultades para cambiar un nombre de calles, o eliminar un símbolo fascista, o suprimir una medalla o paga a un torturador, o quitar un fajín de Franco a una virgen, y un largo etcétera. En el fondo lo del Valle de los Caídos es todo un símbolo, y es muy importante no quedarse sólo en él, sino luchar por acabar con todos los vestigios franquistas en forma de lápidas, escudos o cargos. Es un poco increíble que casi 45 años después de la muerte del dictador nos estemos planteando esto, pero es lo que hay; y será mejor hacerlo ahora que no dejar pasar otros cuantos años. Por si no queda claro, algunos hechos.

Debieron transcurrir casi 30 años para que se aprobara una ley de memoria histórica, que a pesar de su timidez apenas ha sido cumplida 12 años después de su promulgación, con innumerables vestigios de apología franquista por calles y plazas de toda la geografía. Nada se ha hecho para recuperar los más de 100.000 cadáveres enterrados indignamente en las cunetas tras ser asesinados vilmente.

El actual régimen se ha negado a condenar tanto el levantamiento militar del general Franco como la sangrienta dictadura que duró 40 años, quizás por miedo a que ello conllevase la restauración del régimen republicano destituido por las armas. El Estado, titular del Valle de los Caídos, se muestra incapaz de sacar los restos del dictador de su terreno, viéndose ¿obligado? a consensuar con unos monjes a los que tiene cedido el espacio. Resulta imposible que se juzgue en nuestro país a los responsables, que aún permanecen vivos, de algunas masacres o torturas cometidas.

¿Por qué este bloqueo sistemático a la verdad, la justicia y la reparación de estos crímenes y atropellos del franquismo? Lo que en la gran mayoría de países democráticos es normal, aquí resulta imposible. ¿Por qué “España sigue siendo diferente”?

Fuera de España no entienden que ser antifascista aquí te convierta en persona sospechosa y por lo tanto perseguida por las fuerzas de seguridad. Tampoco resulta fácil de entender cómo el PSOE, siendo uno de los partidos más afectados por la represión franquista en la guerra civil y años siguientes, no mueva un dedo por dignificar a sus militantes. Quizás sea el tributo a pagar para poder participar en este régimen atado y bien atado.

No sólo los partidos herederos del franquismo (PP fundado por Fraga), sino los que fueron responsables del alzamiento militar y de la criminal dictadura posterior, han seguido siendo legales en este país, manteniendo su mismo ideal. El ejército está dominado por los franquistas, que se permiten, en 2018, publicar un manifiesto en defensa de la figura de Franco firmado por altos mandos, que no sólo no sufrieron represalias, sino que consiguen que quienes sean depurados sean los que dieron la cara denunciando estos hechos y defendiendo la democracia.

La Guardia Civil mantiene sus chantajes a los gobiernos de turno, que se ven “obligados” a proteger los abusos que cometen sus agentes, no sólo en la práctica de torturas, sino en las provocaciones que producen incluso estando fuera de servicio, como ocurre en el llamado caso Altsasu.

El 50% de la educación sigue en manos de la Iglesia, y en la red pública ha introducido asignaturas de su ideología. Porque la Iglesia no ha cambiado ni un ápice sus convicciones políticas, o incluso se ha hecho más retrógrada, teniendo los sectores progresistas menos peso que en las postrimerías del franquismo.

En las instituciones representativas siempre han estado cargos del PP, herederos directos, en muchos casos de sangre, de los agentes y dirigentes del franquismo. Siempre se han negado (junto al PSOE) a condenar el franquismo, con la excusa de “no abrir heridas”, y ahora tenemos que soportar a los franquistas envalentonados de VOX.

El aparato judicial está contaminado de jueces franquistas. Si el caso más llamativo es la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público (TOP), los encontramos en todas las instancias: Desde juzgados de primera instancia que paralizan cambios de nombre de calles, o las obras de exhumación de Franco por “riesgo de accidente”, hasta el mismísimo Tribunal Supremo, que reconoce a Franco como Jefe del Estado en 1936, 3 años antes de la derrota del gobierno legítimo de la República.

El Tribunal Constitucional acaba de aprobar una sentencia que niega a los parlamentos la capacidad de hacer declaraciones políticas sin transcendencia jurídica, en concreto para defender y blindar la figura inviolable del rey, más de lo que la propia Constitución dice.

Si seguimos subiendo en la pirámide institucional, llegamos nada menos que a la jefatura del Estado, al Rey. ¿Qué vinculación tiene con el franquismo? Pues toda, porque fue designado por Franco como su sucesor, y la Constitución le otorga un papel muy relevante, no como figura arbitral del sistema que nos han querido hacer ver; basta leer los artículos 62 al 65 de la CE para comprobarlo. Y para que no se nos olviden sus vínculos con Franco, en julio pasado Felipe VI otorgaba el ducado de Franco a su nieta, un ducado que había creado Juan Carlos para Carmen Franco Polo en noviembre de 1975 por sus «excepcionales circunstancias y merecimientos».

Esta situación nos debería hacer reflexionar que sin una limpieza a fondo nos va a ser muy difícil, si no imposible, avanzar, tanto en temas de memoria histórica, como en derechos políticos, democráticos y sociales. Hay que acabar con el tapón que impide los avances que esta sociedad necesita y demanda, y para ello es preciso expulsar de la carrera judicial, del ejército, de la Guardia Civil, a estos elementos franquistas que imponen su ley antidemocrática y tienen dominadas y secuestradas a las instituciones más destacadas.

Y si hemos dicho que la cúspide del Estado está contaminada de franquismo, pues también hay que limpiarla; pero en este caso la única vía será la abolición de la propia institución monárquica impuesta por el franquismo, ya que toda la familia que hereda el cargo está contaminada, y a estas alturas no vamos a buscar otra dinastía.

Podrá considerarse que estos objetivos son inalcanzables, una quimera. Imposible no es (a no ser que renunciáramos a ello), aunque difícil sí, porque conocemos bien las resistencias que desarrolla el sistema cuando percibe que alguno de sus privilegios está en peligro. Con la dificultad que acarree, la necesidad es innegable y esquivarla es una forma estúpida de hacer el avestruz.

Si no hacemos la limpieza que la transición del 78 dejó intacta, pues nos vemos condenados a vagar por este reino de sombras convertidos en súbditos, no sólo de una corona franquista, sino de unos poderes económicos que precisamente con Franco labraron sus grandes fortunas a costa del trabajo esclavo y la falta de libertad. Si queremos avanzar en derechos sociales y políticos, si queremos tener una verdadera democracia, no vigilada, habremos de afrontar, más pronto que tarde, esta limpieza, abandonando la queja y pasando a la acción.

Acumulemos fuerzas en luchas sociales y políticas; pero al mismo tiempo vayamos concentrando el objetivo de lucha hacia una democracia plena que ahora no existe, y que en definitiva implica la superación de este régimen que tapona cualquier intento de avance en derechos. No nos engañemos y engañemos a otras personas. Sobre nuestra espalda recae ahora la responsabilidad de hacer lo que en el 78 no se realizó; y no debemos defraudar ni a la historia, ni a nosotros mismos y mucho menos a nuestros descendientes.

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