La memoria histórica en las 370 medidas del PSOE

He leído de corrido las 370 medidas elaboradas por el PSOE para sus negociaciones con PNV, U-P, PRC, Compromis y su posible programa electoral de noviembre. En especial, me he detenido en lo referente al tema que denominan “Memoria democrática”, por ser uno de los que más me interesaban. Mi decepción no ha podido ser mayor.

Son tres tan solo, entre 370, las medidas incluidas en este epígrafe. De todos modos, dos de ellas, tratan exclusivamente de la necesidad de intensificar la lucha contra el terrorismo, avanzar en la asistencia integral a sus víctimas y crear una Fundación para la Memoria de éstas. En resumen, tan solo existe un punto referido estrictamente a la memoria histórica. Se habla en él de declarar el 31 de octubre como día de recuerdo a las víctimas del franquismo, el 8 de mayo como día de reconocimiento a las personas exiliadas, la exhumación de Francisco Franco, la retirada de la simbología franquista y la anulación de las condecoraciones vinculadas a la dictadura. Y punto. Se acabó lo que se daba.

En mi opinión, mezclar estos dos temas, memoria histórica y víctimas del terrorismo, no es de recibo. Tal como señala Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III, en un artículo publicado en La Marea, esta mezcolanza es un “grave error conceptual”: “No toda política relativa a víctimas de graves violaciones de derechos humanos es una política de memoria […] La memoria es el ejercicio de sacar a la luz aquello que permaneció en el olvido. Aquellas historias (sufrimientos, injusticias y violaciones de derechos) que no pasaron a las páginas de los libros de Historia. Y este no es el caso de las víctimas del terrorismo en España, que con toda justicia cuentan con políticas públicas de reparación que, aunque mejorables, superan los estándares internacionales de protección a víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Pero sí es el caso de las víctimas del franquismo, necesitadas de políticas públicas de memoria, dado que todavía permanecen en el olvido institucional –y los victimarios y sus crímenes en la impunidad más absoluta-, sin ser reconocidas ni reparadas por el Estado español”. Más claro, agua.

Se mezcla así todo a fin de tapar bajo el manto de la reparación para con las víctimas, sobre todo de ETA, el propio genocidio franquista. Un genocidio que sigue impune protegido por una Ley de Amnistía que el PSOE se opone frontalmente a modificar y una Ley de Secretos Oficiales que protege a los victimarios frente a la búsqueda de la verdad. Unos crímenes contra la humanidad blindados por una Fiscalía General del Estado que ordena a todo el cuerpo judicial impedir que pueda ser abierto proceso alguno por los mismos. Una represión bendecida por un Tribunal Supremo que reconoce al genocida Franco –sentencia sobre su exhumación- el carácter de Jefe del Estado desde el inicio del golpe del 36, sin importarle que la única fuente de su legalidad fuera su designación para tal cargo por el resto del generalato golpista y cunetero.

Desde el minuto cero de la dictadura franquista, ésta fue pródiga en prebendas para con los suyos e inmisericorde para los demás. Así, mientras los primeros lograban puestos y cargos generalizados en el aparato del Estado (Administración, Policía, Movimiento Nacional, Sindicato Vertical..) y se repartían consejos de administración, estancos, gasolineras y todo el botín derivado del golpe (inmuebles, fincas y bienes expropiados), para los demás solo quedaban fosas, cárcel, trabajos forzados y exilio. Junto a ello, mientras los nombres de los primeros fueron grabados en miles de paredes de iglesias y monumentos, los de los segundos fueron condenados al silencio y el olvido.

Por eso, la memoria histórica es subversiva, porque trata de desvelar toda esta verdad oculta durante décadas. Y, sobre todo, porque no trata solo de hablar de las víctimas del franquismo, sino también a los victimarios, pues sin éstos no hubieran existido aquellos y porque, más allá de reconocimientos verbales, placas, ramos de flores y besos institucionales, reclama justicia para todos aquellos crímenes impunes y la necesaria reparación derivada de esta.

Rafael Escudero señala que las políticas de reparación existentes en el Estado español en relación a las víctimas del terrorismo superan los estándares internacionales al uso. El PSOE, sin embargo, no contento con ello, propone intensificar y mejorar esa atención. Por el contrario, para quienes reclaman verdad, justicia y reparación para los crímenes del franquismo, su política queda muy por debajo de las exigencias marcadas por los diferentes Acuerdos y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, las resoluciones de los distintos Comités y Relatores de la ONU (desapariciones, torturas, bebés robados…) y las sentencias dictadas por los tribunales europeos. El suspenso obtenido por su política referida a memoria histórica es generalizado y clamoroso.

Desde que el juez Garzón inauguró su doctrina referida a los “entornos“ de ETA, todo es poco para extender la calificación de terrorista a todo tipo de ámbitos. Sirva de muestra el próximo juicio que comenzará el 16 de septiembre contra 47 personas –abogados, psicólogos, familiares de presos y presas vascas,..- para quienes se piden 600 años de cárcel. Sin embargo, cuando informes oficiales realizados por el Gobierno Vasco hablan de 4.100 casos de torturas habidos en esa Comunidad entre 1960 y 2014, gobernantes, policías y fiscales miran para otro lado como si esto no fuera con ellos. Aplicar el máximo rigor penal en unos casos (endurecimiento del código penal, régimen de aislamiento, cumplimiento íntegro de penas, dispersión carcelaria….), va parejo así con la amnistía, los indultos y el guante de seda aplicados a los crímenes de Estado. Ya lo dijo Martín Villa, ministro del Interior cuando se dio la salvaje agresión policial perpetrada en los sanfermines de 1978: “Lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes”. Y de entonces hasta hoy, poco o nada ha cambiado.

Distintas asociaciones de memoria han criticado duramente la propuesta del PSOE. Que ésta no recoja nada referente a las fosas comunes y personas desaparecidas, bebés robados, anulación de los juicios y sentencias de los tribunales militares y de excepción franquistas, reforma de la ley de Amnistía… es algo que, para ellas, clama al cielo. Ocultar todo lo anterior lanzando humo antiterrorista y poniendo a las víctimas de excusa, resulta además marrullero.

CALPU