La reserva para inversiones en Canarias: un negocio redondo

El pasado 17 de septiembre, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, se reunía con los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios para exponerles las principales características de la emisión de deuda pública 2012 autorizada por el Estado a esta Corporación por importe de 45.228.000 euros y apta para la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

El objeto de la reunión, a la que asistieron el secretario general y el presidente de la CCE, José Cristóbal García y Sebastián Grisaleña, no era otro más que convencer a la patronal de la isla de las "interesantes ventajas" que obtendría si se decide a dedicar los fondos de esta Reserva para financiar al Cabildo. Por supuesto, con el correspondiente interés. Para comprender hasta qué punto resulta ventajosa para los empresarios grancanarios la operación impulsada por el grupo de Gobierno de Bravo de Laguna, sin embargo, resulta imprescindible conocer primero qué es exactamente la RIC.

EL CHOLLO NEOLIBERAL IDEADO POR UN ECONOMISTA SOCIALDEMÓCRATA

La Reserva de Inversiones de Canarias es un instrumento fiscal que otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar impuestos por la mayor parte de sus beneficios. La RIC permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Desde su aprobación en los años 90 la patronal isleña ha dejado de tributar a las arcas públicas miles de millones de euros. Concretamente entre 1998 y 2007 los impuestos que el empresariado se "ahorró" gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias nunca bajaron de los 1.300 millones de euros anuales. Es decir, que en este periodo el Estado dejó de ingresar un mínimo de 11.700 millones de euros. Casi cinco veces el presupuesto dedicada por la Comunidad Autónoma Canaria a Sanidad – incluidos los conciertos con los centros privados – en 2012.

La justificación ideológica para la imposición y mantenimiento de la RIC presenta este chollo fiscal para los grandes capitales como una herramienta ideal "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”. Según puede leerse en la web oficial del Gobierno de Canarias, se trataría del “incentivo más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, con el que, supuestamente, se deberían compensar los perjuicios de la “ultraperificidad” del Archipiélago.

La Reserva de Inversiones constituye, por tanto, un ejemplo concreto de las llamadas "políticas de oferta” características del pensamiento económico neoliberal. Medidas que potencian la desregulación laboral, las privatizaciones, las subvenciones y desgravaciones fiscales a las grandes empresas, bajo el supuesto de que este estímulo a la inversión privada es el único camino posible para mejorar el bienestar general.

No deja de resultar significativo, por ello mismo, que el autor intelectual de semejante artificio fuera, junto con José Carlos Mauricio, el economista socialdemócrata - y antiguo consejero del Gobierno autónomo de CC - Antonio González Viéitez.

Hoy, cuando los acontecimientos han demostrado hasta qué punto resulta falaz la promesa de que favoreciendo la acumulación de unos pocos la riqueza acaba por llegar a los de abajo, Vieítez se aventura a realizar algunas críticas a la "aplicación" de la RIC. En unas declaraciones efectuadas a Onda Cero en 2007, el economista iba incluso más allá, calificándola como un "auténtico desaguisado" y aseguraba que "habría que discutir mucho su sentido, su carácter y su función en la sociedad canaria". Sin embargo, en una posterior intervención en la FMI de Las Palmas de G.C., en 2011, defendía que "lo realista" es "dar la paliza" para conseguir que esos fondos se inviertan "en función de determinadas necesidades que hay" en las islas. El ex consejero del Gobierno consideraba, en cambio, que reclamar la derogación de la regresiva exención fiscal suponía “hacer discursos que no llevan a ningún sitio”.

PRESTANDO CON INTERESES A LA ADMINISTRACIÓN EL DINERO QUE DEBIERON TRIBUTAR

La posibilidad que el presidente del Cabildo de Gran Canaria vuelve a ofrecer en estos días a la patronal isleña para invertir los fondos de la RIC resulta, en cualquier caso, especialmente perversa. La operación permitirá a estos empresarios prestar a la Administración una parte del capital que han dejado de pagar a la Hacienda pública, gracias a este instrumento fiscal, para recuperarlo luego con intereses.

Una escandalosa circunstancia que no es la primera vez que se produce. En el año 2007, por ejemplo, el entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, impulsaba una emisión de Deuda Pública, por valor de 200 millones de euros, también apta para la Reserva para Inversiones en Canarias.

En aquel momento, como en la nueva emisión anunciada por José Manuel Bravo de Laguna, el fantástico negocio incluía otro lucrativo corolario. La adjudicación de las obras o infraestructuras públicas efectuadas por el Cabildo con estos fondos recaerá también, con toda probabilidad, en algunos de los socios de la Confederación Canaria de Empresarios.

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