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Estado español, Nacionales E.Herria :: 07/11/2018

La sentencia del Tribunal Supremo: ¿Lapidando a Montesquieu?

Aday Quesada / Canarias Semanal
Pero… ¿ha existido realmente alguna vez en la Historia la llamada "separación de poderes" ?

Ilusiones aparte. Ha sucedido lo que previsiblemente tenía que suceder. Si no olvidáramos - o conociéramos -, el hecho constatable de que la Judicatura forma parte inseparable de lo que los marxistas llaman, de manera un tanto críptica, "la superestructura política" del Estado capitalista, posiblemente ni siquiera nos hubiera provocado un atracón el conocimiento de la indignante sentencia que sobre las hipotecas pronunció este martes el Tribunal Supremo de Justicia español.

 
En el curso del pasado siglo XVIII, el barón de Montesquieu, un ilustrado francés, sostenía con mucha convicción que la distribución de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Estado moderno limitaría el uso arbitrario del poder, salvaguardando así la libertad y los derechos de los ciudadanos.

 Se trataba, naturalmente, de una ilusión idealista que no tenía en cuenta que quien marca la pauta en cualquier tipo de sociedad es siempre la clase social que la domina. Con la Revolución Francesay el ascenso de la burguesía al poder, el principio de la separación de poderes se convirtió en uno de los pilares teóricos constitucionales delEstado capitalista.

 Pero del dicho al hecho hay un enorme trecho. Y aunque el principio de separación de poderes figurara en todas las Constituciones de lasdemocracias formales burguesas, a la hora de la verdad éste se convertía invariablemente en letra muerta. La cuestión es que en una formación social como la que nos ha tocado vivir, los jueces y todo el aparato judicial en su conjunto, no son, en absoluto, "independientes"del poder real, es decir, del Poder económico, que en última instancia es el que determina la configuración de una sociedad dada.

 Aunque en España la vinculación entre el aparato judicial y elPoder económico es extraordinariamente visible, incluso estridentemente escandalosa, pues se trata de una estructura heredada directamente de la dictadura de Franco, tales conexiones y dependencias existen igualmente -no hay que hacerse ilusiones- en los países capitalistas de nuestro más próximo entorno, como pueden serFrancia, Gran Bretaña o Alemania, habitualmente elevados al rango de arquetipo democrático por nuestros medios de comunicación.

 La sentencia emitida el pasado martes por el Tribunal Supremo español sobre a quién le corresponde pagar las tasas de las hipotecas bancarias no es, pues, más que un dato significativo que viene a corroborar con truculencia lo que ahora comentamos.

 
¡ GANA, UNA VEZ MÁS, LA BANCA !

Este martes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo revocaba una sentencia previa, por la que se atribuía a la poderosa Banca española la obligación de hacerse cargo de los impuestos sufragados por los hipotecados en los préstamos para la compra de viviendas.

 Según relatan los medios de comunicación, tras "una larga deliberación" la Sala del Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, dictó una sentencia según la cual, en contradicción con otra emitida con anterioridad, se ratificaba en que debía de ser el cliente quien pagara las tasas correspondientes al Registro de la propiedad.

Sin embargo, en tres sentencias dadas a conocer en el curso del pasado mes de octubre el Supremo se desdecía de sus criterios precedentes y sentenciaba que fueran los Bancos los que debían de hacerse cargo del citado impuesto, porque estimaban que el sujeto pasivo no era el prestatario, sino el prestamista.

 De haberse mantenido estas últimas sentencias, la Banca hubiera tenido que asumir la devolución de miles de millones de euros a los prestatarios. A lo largo de las últimas semanas las presiones ejercidas por las entidades financiera fueron de tal calibre que obligaron a los magistrados del Supremo a reunirse sumisamente de nuevo y proceder a reconsiderar, humildemente, una sentencia que les era adversa. 

 PRIMERAS REACCIONES

Conscientes de la impopularidad que la sentencia generará en millones de españoles que en los últimos años no sólo sufrieron los desahucios de viviendas a cargo de la banca, sino que, además, tuvieron que asumir las deudas contraídas por las entidades financieras, personajes políticos, partidos e instituciones han comenzado a pronunciarse a lo largo de las últimas horas.

 El propio Partido Popular, a través de diversos representantes institucionales, han querido mostrar su "distanciamiento" de la sentencia ahora conocida.

"Los españoles necesitan certidumbre y que quede claro que el consumidor no tiene por qué ser el que pague el impuesto AJD (actos jurídicos documentados)", manifestó, por ejemplo, el "popular" García Egea.

 Pero, simultáneamente, y para que nadie se llamara a engaño, el propio secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, precisó que:

"Nos gusten más, nos gusten menos, o no nos gusten, hay que acatar las decisiones judiciales porque estamos en un Estado de derecho y es nuestra obligación"

Por su parte, la prensa digital socialdemócrata - eldiario.es, Infolibre, Público...- que reparten sus querencias entre el PSOE y Podemos, ha tratado de enfatizar el relativo "equilibrio de fuerzas"existente en el seno del Tribunal Supremo. Con ello, parece que pretenden abrir una brecha de esperanza en el electorado afín, en el sentido de que si en las próximas elecciones ganara el PSOE, con los apoyos de Podemos, ese equilibrio podría inclinar la balanza a favor de los magistrados "progres" en el marco de esa institución. No obstante, la experencia de decenios de permanencia del PSOE en el Ejecutivo del Estado no confirma, sino todo lo contrario, esa perspectiva como posibilidad.

 Asimismo, Pablo Iglesias, el Secretario General de Podemos, ha dicho, como si de una novedad se tratara, que la "independencia" del Tribunal Supremo  ha quedado en "entredicho", llamando a una gran movilización "cívica" el próximo sábado, en MadridPodemos no se ha caracterizado, en los últimos años, precisamente, por sus convocatorias en la calle, sino por todo lo contrario. Nos queda la duda, no obstante, de si la movilización convocada va a ser realmente una expresión de protesta o, tan sólo, un acto preelectoral destinado a la recuperación de los apoyos sociales perdidos. Ello dependerá, obviamente, del sesgo que los asistentes deseen darle a la misma.

http://canarias-semanal.org/art/23864/la-sentencia-del-tribunal-supremo-lapidando-a-montesquieu

 

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